La situación en las prisiones de América Latina está evolucionando rápidamente. Los derechos y la salud de más de 1,2 millones de personas privadas de libertad en la región están en juego, y deben convertirse en una prioridad. Algunos países han tomado medidas como indultos generales para personas condenadas por delitos no violentos, restringir la prisión preventiva o modificar los derechos de visita. Sin embargo, la mayoría de los países aún no han tomado medidas concretas. Mientras unos argumentan que la liberación de reclusos supondrá una amenaza para la ciudadanía. Otros creen que, si se hace correctamente, los expresidiarios llegarán a ser miembros productivos de la sociedad. El debate está dividido entre quienes desean mantener la seguridad pública y los que abogan por respetar los derechos de las personas encarceladas. Para ilustrar este tema, hagamos un análisis más detenido de ejemplos específicos de liberación de convictos en la literatura sobre la economía del crimen. Como ya se indicó en la primera parte de esta serie de blogs, varios países latinoamericanos están tomando medidas concretas para limitar la propagación de la COVID-19 en las cárceles. Solo esta última semana, Brasil autorizó la liberación de 30.000 reclusos, luego de la muerte de cuatro de ellos y de que 104 resultaran infectados. De igual modo, Ecuador liberó a 577 personas que reunían las condiciones para la prelibertad. No obstante, la decisión de implementar este tipo de programas no resulta nada fácil, ya que se deben tener en cuenta varios ámbitos sociales. Por ejemplo, en Chile, más de 100 presos decidieron permanecer en la cárcel a pesar de que podían optar por cumplir el resto de sus condenas en casa. Algunos de ellos citaron como razón el no tener un lugar a dónde ir o el temor a perder sus empleos en la cárcel.
Población carcelaria y seguridad pública
A la hora de considerar cualquier medida de alivio para los prisioneros, es crucial tener en cuenta que la población carcelaria no es homogénea. En la práctica, el nivel de riesgo al que se ven expuestos los ciudadanos depende del grupo de reclusos que se beneficiaría de dichas medidas. Ejemplos recientes de Italia y California proporcionan consideraciones fundamentales sobre este tema. En 2006, Italia aprobó un indulto colectivo que autorizó la inmediata liberación de un tercio de su población carcelaria. El indulto fue concedido con la condición de que los prisioneros que reincidieran tendrían que cumplir en forma adicional el resto de su condena que habría quedado pendiente. Por otra parte, las personas condenadas por delitos graves, como delincuencia organizada, terrorismo, secuestro y algunos delitos sexuales, no podían beneficiarse del indulto. No obstante, se liberó a un gran número de individuos en un corto período de tiempo. Como resultado, la delincuencia aumentó drásticamente y, tras solo 20 meses, la población carcelaria en Italia volvió al mismo nivel de hacinamiento que tenía antes del indulto. Entre 2011 y 2014 California aprobó una serie de reformas que produjeron resultados muy diferentes a los de Italia. Su propósito era descongestionar las prisiones estatales y las cárceles de los condados, especialmente relajando las penas por delitos de drogas y otros delitos no violentos. Estas medidas, en conjunto, lograron reducir en más de una cuarta parte la población carcelaria en California. A diferencia de Italia, California fue particularmente selectiva en la identificación de beneficiarios y en la definición gradual de nuevos regímenes de condena. Como resultado, y según se ha demostrado en una serie de estudios, no hubo ningún efecto en delitos violentos y apenas un pequeño aumento en algunos delitos específicos contra la propiedad. En la práctica, esto permitió una reducción permanente de la población carcelaria que produjo ahorros públicos que, según estimaciones bastante conservadoras, superaron los posibles costos sociales en términos de seguridad pública. Si bien los casos de Italia y California proporcionan pistas importantes, el actual encierro y las estrictas políticas de distanciamiento social crean un contexto muy singular que hace difícil predecir cómo será el comportamiento de los reclusos al ser liberados. Sin embargo, la evidencia que conecta la reincidencia con las condiciones del mercado laboral son un buen punto para empezar. Reincidencia y condiciones del mercado laboral local
Existen varios factores que influyen en la probabilidad de que los exreclusos regresen a la cárcel. Un hallazgo robusto en la literatura es que los exreclusos enfrentan enormes barreras para encontrar empleo. Estudios más recientes han demostrado que los efectos perjudiciales para el mercado laboral pueden atribuirse directamente a la detención preventiva en países como Estados Unidos y Chile. Estos hallazgos pueden ser especialmente preocupantes en el contexto actual creado por la pandemia. Las tasas de desempleo en todo el mundo han aumentado drásticamente. Solo en Estados Unidos en las últimas cinco semanas un total de 30 millones de personas han presentado peticiones de subsidio de desempleo. Esto es un récord histórico. Estas cifras sugieren que las condiciones laborales locales en EE.UU. están empeorando rápidamente, y los países latinoamericanos no son inmunes a este fenómeno. El público en general asume que lo único que desean los reclusos es recuperar su libertad. Sin embargo, los recientes acontecimientos en Chile alertan sobre el alcance de esta suposición, ya que más de 100 reclusos optaron por no aceptar una liberación anticipada, citando como razón la seguridad de sus empleos al interior de la cárcel. Esto refuerza aún más numerosas investigaciones que han demostrado que la reinserción de exreclusos y personas en libertad condicional al mercado laboral depende, en gran medida, de las condiciones del mercado laboral al momento de la liberación. Un estudio de 1,7 millones de delincuentes en California llegó a la conclusión de que el aumento de oportunidades laborales en los sectores de la construcción y la manufactura, al momento de la liberación, está vinculado con una reducción significativa en reincidencia. Estos resultados concuerdan con un estudio realizado en 43 estados de EE.UU. que reveló que aquellos prisioneros que son liberados en condados con una mayor oferta de empleo manual o poco cualificado con salarios medios más altos, son significativamente menos propensos a volver a cometer un delito. Estas conclusiones proporcionan ideas valiosas sobre la medida en que las condiciones actuales del mercado laboral en sectores específicos afectan la probabilidad de reincidencia. En Colombia, dos estudios relacionados han demostrado un fuerte vínculo entre desempleo y las probabilidades de arresto. El primero explota las variaciones de las oportunidades de recontratación y muestra un estrecho vínculo entre desempleo y la subsecuente probabilidad de tener un arresto, pero que el aumento de arrestos tras la pérdida del empleo es menor entre los sectores con más oportunidades. El segundo estudio revela que una política que condujo a la gente a la informalidad tuvo consecuencias negativas no deseadas en la delincuencia. Esta serie de conclusiones son sumamente pertinentes, particularmente para América Latina. La informalidad es una característica de los mercados laborales en la región, y el acceso a oportunidades para los exconvictos tiende a restringirse a los sectores informales y al trabajo manual y poco cualificado. En vista de que actualmente varios países están evaluando leyes que pondrían en libertad a un gran número de personas, los gobiernos deben asegurarse de que existan limitaciones en las restricciones laborales, así como mecanismos e incentivos para facilitar su reinserción social. Perspectivas de un experimento en Uruguay
Una cuestión importante en el contexto actual de alto nivel de desempleo tiene que ver con el acceso a beneficios sociales. Muchos países proporcionan recursos financieros a prisioneros el día de su liberación como una forma de facilitar su regreso a la sociedad. En Uruguay, el gobierno decidió aumentar este monto de UR$30 a UR$100 en 2010. Esta sencilla intervención de bajo costo, basada en una política existente, logró reducir la reincidencia en el primer día de 0,587 delitos por liberación a cero delitos por liberación. Un equipo de investigadores que evaluó esta intervención en Uruguay llegó a la conclusión de que esta reducción se debió a que los exconvictos tuvieron menos restricciones de efectivo en su primer día fuera de la cárcel. La realidad es que las oportunidades para generar ingresos de las personas al momento de salir de prisión son limitadas. Sin embargo, esta sencilla pero efectiva intervención les proporcionó recursos adicionales para evitar recaer durante su primer día de libertad. Pese a ser un programa a pequeña escala, constituye un buen ejemplo de una política alternativa que respeta los derechos de los personas, favorece su reinserción social y garantiza la seguridad pública. Aunque la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 no tiene precedentes, no debemos pasar por alto ciertas ideas importantes que están bien documentadas en la literatura. Las decisiones y medidas que tomen los gobiernos durante las próximas semanas van a determinar la política criminal en América Latina para los próximos años. Esperamos que ello pueda ser para mejor.
