Ante un panorama con más de un millón de personas infectadas y decenas de miles de muertos en todo el mundo, los gobiernos están tomando medidas extremas pero necesarias para contener la COVID-19, dando prioridad en casi todos los casos a alguna forma de aislamiento o distanciamiento social. Los costos económicos, sin embargo, no son los mismos para todo el mundo. La enfermedad deja al descubierto las desigualdades de las sociedades, infligiendo mayores costos económicos a los menos favorecidos desde el punto de vista económico. Esto es particularmente cierto en América Latina y el Caribe, donde trabajar en casa es un lujo que muchos pobres no se pueden permitir, y en donde los altos niveles de informalidad laboral hacen que grandes sectores de la población queden excluidos de las redes de seguro social. América Latina y el Caribe no se ha quedado atrás con respecto a otras regiones en cuanto a tomar en serio la necesidad de poner en práctica el distanciamiento social. A principios de marzo, la mayoría de los países habían decidido cerrar sus escuelas o limitar severamente sus operaciones, y en varios de ellos se cancelaron eventos que podían atraer a grandes multitudes. En la tercera semana de marzo, muchos países, como Argentina y El Salvador, emitieron la orden de quedarse en casa y otros, como Uruguay y Colombia, impusieron cuarentena para los adultos mayores. Para finales de marzo, la mayoría de los países de la región habían declarado la cuarentena obligatoria para la mayor parte de sus habitantes. Solo se permitía mantener abiertos los negocios esenciales como tiendas de comestibles y farmacias, y se esperaba que la mayoría de las personas, excepto los trabajadores esenciales, se quedaran en casa. Estas medidas tuvieron un efecto inmediato en reducir la mobilidad de las personas. Con algunas excepciones, la gente parece haber cumplido las órdenes de quedarse en casa, como lo demuestra la gran disminución en el uso del transporte público y privado en la región. La Figura 1 describe los tipos de medidas de distanciamiento social en diferentes países al 31 de marzo.
Figura 1: El distanciamiento social en América Latina y el Caribe
Fuente: Las clasificaciones de los autores se basan en noticias de varios medios. Nota: Leve: Se dio instrucciones de no salir de casa y se cancelaron grandes eventos. Moderado: toques de queda a ciertas horas del día, cierre de algunos negocios no esenciales, cuarentena obligatoria para los adultos mayores, y recomendaciones de quedarse en casa en la medida de lo posible para el resto de la población. Obligatorio: órdenes de quedarse en casa (con sanciones). La buena noticia es que este distanciamiento social parece funcionar. Ya existe evidencia preliminar de Wuhan de que esas medidas han sido eficaces para contener y retrasar la pandemia. La mala noticia es que no está claro si estas medidas pueden sostenerse a lo largo del tiempo. Además, ya se están revelando los enormes costos económicos a los que se enfrentan las personas, y cómo éstos difieren entre altos y bajos ingresos. Hay dos mecanismos en juego. No todo el mundo puede trabajar desde su casa
En primer lugar, las políticas de distanciamiento social exigen a las personas trabajar desde su casa (cuando sea posible) o dejar de trabajar por completo (cuando no lo sea). Un estudio reciente clasifica las ocupaciones dependiendo de si se pueden realizar desde casa o no y de si requieren una gran proximidad personal. El estudio examina luego quiénes realizan esas diferentes ocupaciones. Encuentra que los trabajadores de las ocupaciones que tienen más probabilidades de verse afectadas por las medidas de distanciamiento social, aquellas que tienen una puntuación baja en el índice de teletrabajo o las que tienen una puntuación alta en la escala de proximidad personal (como el comercio minorista, la construcción y los restaurantes), tienen más probabilidades de ser realizadas por trabajadores económicamente vulnerables: trabajadores con menos años de educación, con una acceso limitado a seguros de salud, y con salarios que se sitúan en la parte inferior de la distribución de ingresos. Además, incluso cuando se trabaja en un sector o empresa que fomenta el teletrabajo, los trabajadores de bajos ingresos pueden ser mucho menos capaces de hacerlo. Esto se debe a las condiciones de vivienda y a la infraestructura de la que disponen. Por ejemplo, es posible que muchos trabajadores de bajos ingresos no tengan computadoras personales. También es probable que vivan en condiciones de mayor hacinamiento. En América Latina, en los hogares de bajos ingresos (los del primer quintil de ingresos) cerca de 2,5 personas comparten una habitación individual, en comparación con la media de 1,3 personas en los hogares del quintil superior. Eso, para empezar, hace que las condiciones sean más peligrosas para los pobres que para los ricos.La informalidad dificulta el distanciamiento social
En segundo lugar, en los países en desarrollo, independientemente del tipo de ocupación, la modalidad del trabajo informal hace más difícil que los pobres se refugien en sus casas. Muchos trabajadores no tienen acceso a licencias por enfermedad o a beneficios de desempleo, tienen un acceso precario a beneficios de salud, y sus ahorros son inexistentes o extremadamente limitados. La gran mayoría de los trabajadores informales viven con lo justo. Por ejemplo, menos del 15% de los hogares en la parte inferior de la distribución de ingresos en América Latina tienen ahorros para cubrir los gastos de emergencia, y la mayoría de los miembros de estos hogares se dedican a alguna forma de actividad informal. A falta de políticas sólidas de mantenimiento de ingresos, para muchos de estos trabajadores quedarse en casa no es una opción viable. Este problema ya ha sido reconocido en varios comentarios (por ejemplo, aquí y aquí) pero, ¿cuánta informalidad hay realmente en las calles?Figura 2: La informalidad y el trabajo autónomo en América Latina
Fuente: Cálculos del personal del BID basados en "Encuestas de hogares armonizadas de América Latina y el Caribe" del BID. Los datos son para 2018 para todos los países, salvo para Bahamas (2014), Chile (2017), Guyana (2017), Surinam (2017) y Nicaragua (2014). Analicemos dos indicadores de la informalidad del trabajo. El primero considera trabajadores informales a aquellos empleados que no tienen acceso a los beneficios de salud o de pensión a través de sus trabajos. La informalidad no es sinónimo de ilegalidad (esto dependerá de la legislación de cada país), pero es un indicador que describe una condición precaria en la que un trabajador no tiene acceso a los servicios básicos o a la estabilidad laboral. Un segundo indicador de la informalidad es la proporción de trabajadores autónomos con un nivel de educación inferior a la terciaria. De acuerdo con estas medidas, casi la mitad de los trabajadores de América Latina y el Caribe son informales (Figura 2); alrededor de una cuarta parte de ellos son empleados sin acceso a un seguro de salud o a una pensión, y alrededor del 24% son trabajadores autónomos sin un título terciario. Obviamente existe una enorme variación entre los países. En Bahamas, Chile, Costa Rica y Uruguay, menos de un tercio de los trabajadores son informales. En Bolivia, Nicaragua, Perú y Paraguay, más de dos tercios lo son. Ninguno de estos trabajadores está bien preparado para resistir un encierro prolongado. La mitad de los hogares Latinoamericanos son completamente informales
La gravedad del problema es aún mayor si se considera que en América Latina, como en la mayoría de los demás lugares del mundo, existe el emparejamiento selectivo. Este es el nombre que los economistas le dan al fenómeno por el cual las personas eligen casarse con personas similares a ellas, en términos de nivel educativo, origen étnico y otras características, incluida la propensión a ser informales. Si la primera fuente de ingresos en un hogar fuera formal y la segunda o la tercera fuera informal, el hogar contaría con estabilizadores automáticos durante un encierro temporal. También sería más probable que contara con cobertura de seguro médico, a través de la cobertura del trabajador formal. Desafortunadamente, este no es el caso típico. La Figura 3 muestra que la proporción de hogares en los que ningún miembro trabaja en el sector formal casi imita la proporción de trabajadores informales: el 46%. En los países más pobres, como Bolivia, El Salvador, Honduras y Nicaragua, esta cuota sobrepasa el 60%. Pero incluso en países de ingresos medios altos como Paraguay y Perú dos tercios de los hogares son informales. Estas cifras son abrumadoras.Figura 3: Porcentaje de hogares sin trabajadores formales
Fuente: Cálculos del personal del BID basados en "Encuestas de hogares armonizadas de América Latina y el Caribe" del BID. Los datos son para 2018 para todos los países, salvo para Bahamas (2014), Chile (2017), Guyana (2017), Surinam (2017) y Nicaragua (2014). La informalidad es un ejemplo clásico de cómo las políticas de distanciamiento social afectan de manera diferente a los hogares de altos y de bajos ingresos. La proporción de hogares sin ningún trabajador formal suele ser dos o incluso tres veces mayor en el quintil de ingresos inferior que en el superior (Figura 3). En muchos países, más del 95% del primer quintil está compuesto por hogares en los que todos los miembros trabajan de manera informal o no están trabajando. Seguramente algunos de estos hogares de bajos ingresos son beneficiarios de algunos de los programas existentes, por ejemplo, las transferencias monetarias condicionadas, pero sabemos que estas tienen grandes problemas de cobertura y que no están particularmente bien diseñadas para lidiar con shocks severos, pero (con suerte) temporales, como esta pandemia. Muchos gobiernos de la región ya han reconocido la necesidad de ayudar a estas familias a través de mayores transferencias, y están poniendo en marcha programas de emergencia. No hay dudas de que la epidemia del coronavirus ya está revelando cómo las profundas desigualdades y la persistencia de la informalidad hacen que América Latina y el Caribe sea más débil en su capacidad de responder a los shocks extremos, incluidos los relacionados con enfermedades. En una próxima nota, analizaremos las medidas que está adoptando la región para proteger los ingresos de los trabajadores del sector informal, y evaluaremos su idoneidad para prevenir una crisis humanitaria a gran escala en la región.