El valor de las viviendas, propiedades rurales y empresas en el sector informal o “extralegal” en 12 países latinoamericanos asciende a más de 1,2 billones de dólares, según un estudio sobre el sector informal presentado hoy en una conferencia organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo.
El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, dijo que el estudio sobre informalidad en América Latina y el Caribe, sumado a otras investigaciones realizadas o auspiciadas por el Banco servirán para guiar una nueva iniciativa de desarrollo, Oportunidades para la Mayoría.
En su discurso de apertura en la conferencia, Moreno dijo que unas 360 millones de personas, o 70 por ciento de la población de la región, viven con ingresos con poderes adquisitivos inferiores a 300 dólares mensuales.
“Aunque no todos están dentro de los tradicionales parámetros de la pobreza, se trata de una población que carece de acceso adecuado a oportunidades económicas y a servicios básicos como vivienda y agua, para no hablar de productos de ahorro y crédito”, dijo Moreno.
Las personas de bajos ingresos además pagan una “multa a la pobreza”, agregó Moreno, un impuesto perverso que se mide en mayores costos para conseguir agua potable, tiempo gastado en sistemas de transporte deficientes y días laborales perdidos por enfermedades prevenibles.
“Pero estas personas conforman la columna vertebral de nuestras sociedades y deben ser el foco de nuestros esfuerzos”, agregó el nuevo presidente del BID. “Nuestro reto es brindar oportunidades e instrumentos a estas personas para que puedan aprovechar verdaderamente sus activos y mejorar su calidad de vida”.
Bajo la iniciativa Oportunidades para la Mayoría, el BID trabajará con el sector privado y la sociedad civil para apoyar soluciones innovadoras y prácticas a persistentes problemas como el acceso a la vivienda, infraestructura básica, servicios financieros formales, oportunidades de empleo y empresa, y tecnologías modernas.
La iniciativa también requerirá una estrecha coordinación con gobiernos de diversos niveles para crear reglas adecuadas para el funcionamiento correcto de los mercados y para eliminar barreras burocráticas que impiden a los pobres ejercer plenamente sus derechos económicos.
Forzados a la informalidad
Estos obstáculos al progreso de la mayoría fueron señalados por Hernando de Soto, cuyo Instituto Libertad y Democracia (ILD) realizó la investigación sobre el sector informal en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Perú y República Dominicana.
De Soto comentó los resultados preliminares del trabajo, que eventualmente abarcará a los 26 países miembros del BID en América Latina y el Caribe, brindando una hoja de ruta para reformas en la región.
En cada país ILD analizó las características del sector informal o “extralegal”, el acceso a los derechos de propiedad y la formalización de empresas y la magnitud del llamado “capital muerto”, activos que no pueden utilizarse en transacciones económicas formales, tales como garantías de crédito, porque no están reconocidos o no cumplen con todos los requisitos legales.
“Muchas de las herramientas necesarias para construir la maquinaria del crecimiento no están presentes en América Latina y el Caribe”, aseguró De Soto. “Y esta ciertamente es una de las vías fundamentales para llegar a la mayoría”.
Según ILD, casi 92 por ciento de las empresas, 76 por ciento de las propiedades rurales y 65 por ciento de las viviendas en los 12 países analizados están en el sector informal. Sus estimaciones incluyen viviendas y parcelas sin título o registro válido, con irregularidades legales o con restricciones para su transferencia. Las empresas no están registradas u operan sin cumplir todos los requisitos legales o sin responsabilidad limitada.
En cuanto a las barreras para formalizar la propiedad, el estudio halló que el proceso para comprar, registrar, titular y obtener permiso de construcción para un terreno toma 101 días y cuesta 1.040 dólares en El Salvador, donde funciona uno de los mercados de lotes urbanos más dinámicos de la región.
En contraste, en Guatemala el mismo proceso puede tardar 4.307 días (casi 12 años), con un costo de 9.312 dólares. El ingreso per cápita es 4.880 dólares en El Salvador y 4.229 dólares en Guatemala (medidos por paridad de poder adquisitivo).
De los países estudiados, Colombia tiene el proceso más rápido y menos costoso para registrar formalmente un negocio (16 días y 555 dólares). En Haití, el país más pobre de la región, se demora 117 días y cuesta 2.902 dólares, según datos de ILD. El ingreso per cápita es 6.904 dólares en Colombia y 1.166 dólares en Haití (medidos por paridad de poder adquisitivo).
En cuanto al proceso para verificar garantías reales y obtener crédito, en Bolivia (ingreso per cápita 2.553 dólares) tarda 251 días y cuesta 981 dólares. En Ecuador (ingreso per cápita 3.758 dólares) puede demorar 1.454 días (casi 4 años) y costar 2.195 dólares.
Debido a estas barreras, la mayoría de la población de América Latina y el Caribe se ve obligada a vivir en el sector informal. Como no pueden proteger legalmente sus activos o usarlos para obtener crédito, las personas de bajos ingresos invierten menos en sus propiedades y negocios y no acumulan patrimonio.
La recomendación de ILD para sortear estos obstáculos es tomar una serie de “atajos legales” que permitan incorporar los activos “extralegales” a registros confiables, organizar las empresas eficientemente para aumentar la productividad y ampliar mercados mediante la identificación de personas, empresas y documentos que faciliten la trazabilidad de las transacciones. De esta manera, las personas y empresas que hoy operan en la informalidad podrán celebrar contratos, reclamar amparo legal, obtener crédito formal y ampliar la escala de sus operaciones.
Dimensión moral, casos concretos
La conferencia incluyó una serie de presentaciones de destacados oradores, entre ellos el arzobispo de Tegucigalpa, cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, quien subrayó el imperativo moral de atender las necesidades de los pobres.
El empresario mexicano Carlos Slim, presidente de Telmex, argumentó que la mejor manera de crear oportunidades para la mayoría sería generar crecimiento económico sostenido. Pero para alcanzar tasas más altas, agregó, América Latina deberá invertir más en infraestructura y educación.
Dado que los gobiernos enfrentan restricciones fiscales para aumentar el gasto público, Slim propuso crear más alianzas público-privadas para desarrollar proyectos de infraestructura, donde el capital privado proporcionaría los recursos financieros. México, señaló, necesita invertir unos 65.000 millones de dólares al año en infraestructura (alrededor de 8 por ciento de su producto bruto interno) pero necesitaría unos 30.000 millones de dólares para llegar a ese nivel.
Slim también abogó por mayor apoyo a la pequeña y microempresa y la eliminación de obstáculos burocráticos a la creación de empresas. “Así como se ha reducido la mortalidad infantil, tenemos que reducir la tasa de mortalidad de empresas”, dijo.
En un mensaje a los participantes de la conferencia, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, alentó al BID a seguir trabajando para el desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe.
Los paneles de la conferencia cubren los diversos sectores que abordará la iniciativa Oportunidades para la Mayoría. Los expositores analizarán los problemas de cada sector y presentarán casos concretos de empresas y organizaciones de la sociedad civil que están atendiendo exitosamente a personas de bajos ingresos en América Latina y el Caribe.
El panel sobre democracia financiera explorará la falta de acceso a servicios financieros formales para las grandes mayorías de la región. Aunque el microcrédito ha demostrado que los pobres pueden ser buenos sujetos de crédito, sólo una minoría de las microempresas consigue préstamos.
Nicholas Negroponte, catedrático del Massachussets Institute of Technology y presidente de la fundación One Laptop per Child, precederá a un panel sobre acceso a tecnologías de información y comunicación. Negroponte recientemente propuso la distribución de computadoras “laptop” con un costo de 100 dólares a estudiantes en todo el mundo.
El último panel del primer día abordará el problema de la baja productividad en las empresas informales en América Latina y el Caribe, señalado como el principal factor que limita la generación de nuevas fuentes de empleo.
La conferencia reanudará el martes con un discurso de Bill Clinton (9 a.m. hora de Washington), quien ha alentado a líderes empresariales a involucrarse personal y financieramente en programas para atacar problemas globales como la pobreza y el VIH/SIDA.
Luego del ex mandatario estadounidense, el presidente del World Resources Institute, Jonathan Lash, presentará los resultados de un estudio sobre el poder adquisitivo de la población de bajos ingresos en América Latina y el Caribe. WRI, centro de estudios independiente con sede en Washington, también ha estudiado el problema de la “multa a la pobreza”, los costos adicionales que enfrentan los pobres en la vida diaria.
Los paneles del segundo y último día cubrirán:
- el fenómeno de las personas indocumentadas, la población “invisible” de América Latina y el Caribe, y posibles soluciones a este problema que condena a millones a la marginalidad;
- el acceso a la vivienda, sector clave tanto para el patrimonio de las familias de bajos ingresos como para generar empleo e impulsar las economías locales;
- el acceso a infraestructura básica y servicios públicos (agua corriente, saneamiento, transporte urbano, caminos rurales), inversiones esenciales para facilitar una mayor productividad y mejorar la calidad de vida de la población de bajos ingresos.