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Seminario BID sobre transparencia y desarrollo identifica estrategias exitosas para combatir la corrupción

El acceso electrónico a la información sobre las actividades gubernamentales, tales como adquisiciones, finanzas públicas y proceso legislativo, puede reducir efectivamente el riesgo de corrupción en el sector público, según los participantes de la Conferencia sobre Transparencia y Desarrollo en América Latina y el Caribe.

La conferencia de tres días, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, reunió esta semana a expertos de toda la región para analizar estudios de casos nacionales y regionales de estrategias legales, institucionales y tecnológicas para incrementar la transparencia y la eficiencia en la administración pública. Entre los participantes se contaron funcionarios de gobierno de los países miembros del Banco en la región, representantes de la sociedad civil, incluyendo organizaciones no-gubernamentales, fundaciones y académicos, y funcionarios del sector privado.

"El BID está preocupado por la corrupción porque vemos que socava la confianza de la población en las instituciones públicas y en la democracia en su conjunto", dijo el presidente del BID Enrique V. Iglesias durante la apertura del encuentro.

"Los esfuerzos del Banco para evitar este problema cortan de manera horizontal a través de una gama cada vez más amplia de campos de trabajo", agregó Iglesias. Además de actualizar continuamente sus propias reglamentaciones éticas internas y exigir prácticas contables transparentes en los proyectos que financia, el BID está respaldando una amplia gama de proyectos de reforma en las áreas de justicia, administración impositiva, aduanas e instituciones legislativas, entre otras. Iglesias destacó que la corrupción involucra no solamente a los gobiernos sino también a los ciudadanos y al sector privado, y enfatizó la necesidad de colaboración entre estos grupos para elaborar posibles soluciones.

Iglesias elogió también el papel de la Organización de Estados Americanos en el diseño y promoción de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Durante la conferencia, el secretario general de la OEA, César Gaviria, dijo que su organización, conjuntamente con el Banco, está trabajando con 12 países de la región para actualizar su legislación como un paso hacia la implementación de la convención, que convierte a la corrupción en delito y prevé la cooperación internacional para dar cumplimiento a las leyes pertinentes. "La lucha contra la corrupción es una lucha por la justicia social, porque los pobres continúan siendo las mayores víctimas de la corrupción", afirmó.

Además de examinar el estado de implementación de la Convención, los paneles en la conferencia focalizaron su acción en el estudio de casos nacionales y regionales en las áreas de adquisiciones, proceso legislativo, lavado de dinero, administración financiera y los denominados "pactos de integridad". Estos últimos consisten en acuerdos escritos entre las instituciones gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y las compañías privadas de abstenerse de sobornos y adoptar medidas específicas de transparencia durante el curso de un proyecto o contrato individual del sector público.

Rosa Inés Ospina, secretaria ejecutiva de Transparencia Internacional Colombia, una organización no-gubernamental, describió como su organización ayudó a concretar 51 de estos pactos en su país. Aunque esta medida no garantiza la ausencia de corrupción, Ospina dijo que los acuerdos crean un poderoso incentivo para la probidad entre los participantes y contribuyen a que los aspectos financieros de las adquisiciones públicas sean más accesibles al público en general.

En otro panel, representantes de México, Chile y Canadá describieron como sus gobiernos están utilizando el Internet para incrementar la transparencia en el área de las adquisiciones públicas.

Antonio Schleske, jefe de políticas de adquisiciones del gobierno federal de México, explicó la forma en que más de 3,5 millones de personas han usado el servicio Compranet en línea para obtener los pliegos de las licitaciones, seguir el proceso de las adquisiciones, verificar la adjudicación de contratos y comparar precios, para mencionar apenas unos pocos de los recursos disponibles electrónicamente. Representantes de Chile y Canadá indicaron como sus gobiernos optaron por la contratación externa de sus sitios web sobre adquisiciones con empresas privadas que proveen como intermediarias servicios en base al cobro de una tarifa y sin costo alguno para el gobierno.

Los tres países señalaron que el Internet estaba incrementando la visibilidad de los procesos de compra que anteriormente eran difíciles de seguir, especialmente para las compañías más pequeñas con recursos limitados. Gastón Concha, coordinador del programa federal de adquisiciones de Chile, dijo que este mayor acceso condujo a un marcado incremento en el número de empresas que se presentan a las licitaciones por contratos gubernamentales, con la consiguiente caída de los precios promedio.

Internet ha también surgido como una forma costo-efectiva de incrementar el acceso de los ciudadanos al proceso legislativo. Regina Celia Peres Borges, jefa de administración de información del Senado brasileño, explicó como INTERLEGIS, un sistema de información en línea financiado parcialmente por un préstamo del BID de US$25 millones, puso fin al anterior aislamiento de las legislaturas federal, provincial y municipal. Además de incrementar la cooperación entre los legisladores, el sistema ha tornado más fácil para los ciudadanos comunes contactar a sus representantes e intervenir en el proceso de elaboración de las leyes.

Varios panelistas advirtieron que la tecnología en sí misma no incrementa la transparencia ni promueve una mayor confianza pública en el gobierno. Las reformas en muchos frentes, incluyendo reglas claras en cuanto al conflicto de intereses, cuerpos de auditoría más fuertes y autónomos, y legislación actualizada en las áreas de adquisiciones y finanzas públicas, deben ir mano a mano con un mayor acceso a la información.

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