El aceite de palma se ha convertido en punto de partida para el crecimiento social y económico de San Alberto, una región golpeada por la guerrilla en Colombia —primer exportador latinoamericano de aceite de palma y el cuarto en el mundo. La creciente industria de aceite de palma ha trasformado a los campesinos en productores tecnificados que abastecen el primer eslabón de su cadena productiva.
Detrás de esta historia se encuentra un modelo de negocio para generar riqueza que puede ser fácilmente replicable en otros tipos de cultivo y otras zonas violentas en Colombia.
Este modelo de negocio fue presentado recientemente en la sede del BID por Luis Lizarralde, abogado experto en temas de regulación comercial y negociaciones corporativas. Se trata de un modelo ejecutado por la empresa colombiana Indupalma, dedicada a la extracción y comercialización de aceite de palma desde 1961.
El modelo es una alternativa de mediano plazo al “asistencialismo” y ha logrado reducir la pobreza y la violencia en la zona de influencia a través de la creación de cooperativas de trabajo para la producción y comercialización del cultivo de palma. Todo esto involucra al gobierno, el sector privado, las cooperativas de trabajo asociado, las asociaciones de campesinos y el sector financiero.
Las cooperativas de trabajo se crean con el propósito de generar empleos directos a los campesinos, quienes aportan su trabajo y el fruto de cultivo de palma, convirtiéndose en proveedores para la empresa. Los campesinos adquieren las tierras de cultivo de palma y maquinaria con el apoyo técnico logístico de la misma empresa y el financiamiento del sector privado y el Estado a través de Finagro, el fondo para el financiamiento del sector agropecuario.
Finagro, con líneas de fomento para el campo, dispone los recursos para que los bancos otorguen los préstamos y las fiduciarias que administran los recursos de los proyectos de cultivo y tienen la tierra como garantía. Por su parte, la empresa negocia el crédito y amortiza el mismo por pago del fruto con el sector financiero, además de pagar a los campesinos como contratistas del proyecto.
La empresa, como operador del proyecto, también garantiza la compra del cultivo, brinda capacitación a sus proveedores, realiza el estudio de evolución del mercado nacional e internacional del aceite y vende las plántulas.
Hoy en día las cooperativas prestan el 78% del trabajo agrícola que requiere Indupalma, la cual se encarga de los trabajos administrativos y operacionales que se requieren en el cultivo. Para los campesinos, la creación de sus cooperativas ha significado una fuente de trabajo asegurada por los contratos de la empresa, una expectativa de propiedad, una mayor participación y toma de decisiones en los proyectos locales, la eliminación del analfabetismo, mejores condiciones de seguridad y una manera de poner a la guerrilla al margen, según Lizarralde.
Este modelo sacó a Indupalma de una profunda crisis financiera y laboral que sufrió a mediados de la década pasada, tras la inestabilidad de la región durante varios años de asedio de la guerrilla. La entonces escasa productividad de los trabajadores en un entorno violento se transformó en deseo de superación, independencia y aptitud empresarial para convertirse en propietarios de tierras y de cultivos de palma, dirigir sus cooperativas y aumentar su productividad.
Actualmente, los proyectos benefician alrededor de 8.310 personas, creando un polo de desarrollo económico en la región con necesidades de vivienda, educación, salud y servicios públicos, según Lizarralde. Su desarrollo involucró la contratación de servicios agrarios de las cooperativas manejadas por los campesinos; la capitalización de las cooperativas a través de la adquisición de capital fijo, maquinaria y contrataos de arrendamiento con opción de compra de tierra para los empleados; y la transferencia de la propiedad de las tierras y de los cultivos de palma. Para lograr este modelo de negocios, Indupalma entró a dedicarse también a la prestación de servicios de banca de inversión para estructurar, diseñar y promover el establecimiento de negocios agroindustriales alrededor del cultivo de palma de aceite y de cultivos afines.
“Este modelo demuestra que es posible adelantar proyectos que beneficien a todos los sectores de la sociedad a través de alianzas entre el sector público y el sector privado, además de permitir el acceso a la propiedad a quienes carecen de recursos económicos para adquirirla,” dijo Lizarralde.
Además, el modelo ha llevado al mejoramiento de las condiciones de vida y de paz, y la construcción de capital social.
Lizarralde agregó la necesidad de interesarse por aumentar la producción de aceite crudo de palma en relación con la demanda de producción de biocombustibles, cuya producción se basa en aceite vegetal o animal.
La promoción de la actividad palmicultora con el modelo de Indupalma se hace más apremiante con el interés nacional de producir biocombustible, comentó Lizarralde. Subrayó que la actual producción nacional de aceite crudo de palma abastece en su mayoría a las industrias de jabones, detergentes y cosméticos. El año pasado, la producción anual fue de 700.000 toneladas, unas 500.000 destinadas a éstas industrias y unas 200.000 para la exportación.
Indupalma recibió un préstamo del BID por US$1.230.000 en 1964 para la siembra de cultivo de palma.