Muchos de los delegados del IV Foro Mundial del Agua que se celebra desde ayer en Ciudad de México cuestionan si el sector privado puede ayudar a solucionar los alarmantes problemas de agua y saneamiento de los países en desarrollo.
En América Latina esto se ha debatido desde comienzos de los años 90. Quienes se oponen a la participación privada citan los problemas de las concesiones de agua en algunas ciudades sudamericanas como evidencia de que éstas están condenadas al fracaso. También sostienen que la reciente retirada de las compañías multinacionales de agua de algunos países de la región, demuestra que los inversionistas no están dispuestos a asumir los costos y riesgos de mejorar los servicios para los pobres.
Estos argumentos no reconocen la variedad y el dinamismo de la reciente participación privada en el sector de agua – y los beneficios que ha generado para comunidades pobres y gobiernos con presupuestos limitados. Es cierto que algunas concesiones no han funcionado bien. Los gobiernos, los reguladores, y los inversionistas aún están aprendiendo cómo conciliar las obligaciones sociales con la necesidad de recuperar costos. Normas ambiguas sobre tarifas, subsidios mal diseñados, interferencias políticas, y las crisis de las tasas de cambio, han perjudicado contratos que de otra manera serían viables. Algunas compañías extranjeras no se han adaptado a las realidades locales, y en ciertos casos, la falta de transparencia y participación de la comunidad ha alimentado la resistencia a los operadores privados.
Pero por cada fracaso, América Latina ofrece varios ejemplos de participación privada que responde a las necesidades de la gente. En Brasil, 63 concesiones privadas sirven a siete millones de personas en municipalidades medianas y pequeñas. Grandes ciudades en Honduras, Ecuador, Perú, y Argentina son abastecidas de agua por operadores privados. En Colombia, más de 150 de pequeñas empresas proveen servicios de agua y saneamiento mediante contratos con gobiernos municipales, principalmente en zonas rurales. Paraguay y Bolivia cuentan con decenas de emprendedores de agua que instalan redes en comunidades no alcanzadas por las empresas públicas.
Contrario a la creencia popular, los operadores privados no se niegan a servir zonas pobres. En Guayaquil, Ecuador, una compañía privada ha instalado nuevas conexiones de agua en 39,000 hogares de bajos ingresos. El contrato de concesión estipuló que la expansión del servicio debería empezar en Isla Trinitaria, un asentamiento habitado por 100,000 de los ciudadanos más pobres de la ciudad. Familias que antes pagaban hasta US$3.50 por metro cúbico por el agua vendida por camiones “tanqueros”, ahora gastan unos 35 centavos de dólar por metro cúbico para recibir agua las 24 horas del día.
Hace diez años Cartagena y Barranquilla, las principales ciudades de la costa atlántica de Colombia, enfrentaban una crisis sanitaria. Cerca de un millón de personas no tenían servicio de agua, y muchos más sólo recibían agua algunas horas al día. Hoy, el 98 % de la población en ambas ciudades tiene agua potable y cerca del 90 % tiene acceso al alcantarillado, gracias a innovadoras empresas de “capital mixto” formadas por los gobiernos municipales. En este modelo, la gobierno controla las acciones del operador y obtiene fondos de inversión para proyectos de infraestructura. Una empresa privada recibe un porcentaje minoritario de las acciones y un contrato para operar el servicio condicionado al cumplimiento de rigurosas metas de calidad y expansión de la cobertura.
Este modelo permitió que Cartagena y Barranquilla consiguieran gerentes y tecnología de primer nivel para sus servicios de agua y saneamiento. Ambos operadores han perfeccionado servicios adaptados a las necesidades de los consumidores de bajos ingresos que superan el 80% de la población local. Aguas de Cartagena, por ejemplo, utiliza una oficina ambulante para llegar a barrios que no cuentan con transporte público. Los representantes de la compañía aceptan dinero en efectivo y utilizan software especial para administrar miles de “convenios de pago” con consumidores que no tienen ingresos regulares. Gracias a estas prácticas, el operador recauda el 92% de lo que cobra (en contraste con el 45 % que recaudaba el operador municipal en 1995), generando los recursos para financiar los 235 millones de dólares que la municipalidad ha invertido en mejoras de agua y saneamiento durante la última década.
Este tipo de innovación también beneficia al sector público. En años recientes empresas públicas de agua en ciudades como Managua, Santo Domingo, y Bogotá han contratado a operadores privados para mejorar su eficiencia en mantenimiento, micromedición, y gestión de cobro. Entre los líderes de esta modalidad está SABESP, una empresa controlada por el Estado de Sao Paulo que sirve a 25 millones de consumidores, paga dividendos a sus accionistas, y cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos ofreciendo préstamos y asistencia técnica para ayudar a que las empresas públicas se aprovechen de estas oportunidades.
La inversión privada no es la solución mágica para los problemas de saneamiento en América Latina. Más del 90% de la población de la región depende de operadores públicos, y los inversionistas no van a aportar los miles de millones de dólares que se requieren para cerrar la brecha sanitaria entre ricos y pobres. Pero en vez de prolongar un debate obsoleto que opone lo público a lo privado, es hora de encontrar nuevas maneras de asegurar que ambos sectores trabajen juntos para satisfacer la sed de nuestros pueblos.
Luis Alberto Moreno es el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.