Jacobo Vicente Méndez, un campesino de 54 años, escuchó por los altoparlantes de un vehículo el anuncio de que una enfermera realizará la visita mensuale a su comunidad de 1.700 habitantes que subsisten cultivando alimentos básicos, tales como frijoles y maíz a 2.100 metros sobre el nivel del mar.
Sabiendo que el tétano era un peligro latente por los accidentes que sufren con frecuencia los agricultores, Méndez se encaminó al Centro de Convergencia, una pequeña clínica instalada en un edificio donde también funciona el tribunal del pueblo. Preguntó a la enfermera visitante si podía darle la vacuna contra el tétano y allí mismo se la pusieron, sin necesidad de pagar.
No se necesitan citas previas para ser atendidos en los centros de salud.
Una tarde, una mujer que pasaba con su bebé en brazos vió la clínica abierta y entró para que revisaran y pesaran al niño. La enfermera prestó el servicio de inmediato.
Los servicios de vacunación y cuidado infantil son parte de un prolongado esfuerzo gubernamental para llevar cuidados de salud adonde más se necesiten, a los más pobres, quienes por lo general viven en comunidades indígenas rurales, especialmente en el escarpado altiplano del país.
Alrededor de tres millones de personas, la cuarta parte de la población guatemalteca, califican para recibir asistencia bajo el plan debido a sus pocos ingresos. El programa llamado Sistema Integral de Atención en Salud fue lanzado en 1987 y sus fuentes de financiamiento han sido irregulares. Aún depende en buena medida de la ayuda internacional. El plan recibió nuevo ímpetu y recursos adicionales, tanto nacionales como internacionales, después del Acuerdo de Paz de 1996 que puso fin al conflicto armado en el Guatemala.
“Un aspecto singular de este programa es que lleva los servicios de salud a las comunidades, ahorrándoles a las personas el costo de transportar a cuatro o cinco hijos por familia hasta un centro de salud que queda a muchos kilómetros de distancia de sus hogares”, dice la doctora Manuela Hernández, coordinadora de servicios de extensión en salud para el departamento de Quetzaltenango, una de las áreas más pobres del país. “El antiguo sistema consistía en esperar a que las personas llegaran hasta el centro de salud”.
Según la Dra. Manuela Hernández uno de los aspectos importantes del programa es que lleva los servicios de salud a las comunidades ahorrándoles así el costo de ir hasta la clínica más cercana.
Las ONG y los “Vigilantes de Salud”. La Unión es un ejemplo de las dificultades que enfrentan los habitantes del campo para acceder a los servicios de salud. San Juan Ostuncalco, la ciudad más cercana a este pueblo, se encuentra a ocho kilómetros (por un montañoso camino de tierra) y ésta, a su vez, a 15 kilómetros por carretera del hospital equipado más cercano, situado en Quetzaltenango, la capital departamental.
Para llevar los servicios de salud a las áreas rurales aisladas, el Ministerio de Salud consiguió el apoyo de organizaciones no gubernamentales. Dividió las áreas rurales pobres en distritos de salud con 10.000 habitantes cada uno y contrató los servicios de algunas ONG para dar servicios de salud a los distritos.
A cada distrito se le asigna un médico o una enfermera adiestrada cuando no hay suficientes médicos. Ellos reciben asistencia de una red de asistentes de salud con diferentes niveles de capacitación, incluyendo a los “vigilantes de salud”, quienes proporcionan primeros auxilios, cuidado infantil y prenatal y enseñan a los pobladores medidas de higiene básica como la purificación del agua. Los vigilantes a su vez reciben apoyo de los habitantes de la comunidad con mayor nivel de capacitación, llamados “facilitadores comunitarios”. Las comadronas forman la tercera categoría de aprendices en el programa.
Lo ideal es que un distrito rural de salud de 10.000 personas cuente con 70 vigilantes de salud capacitados, 10 facilitadores comunitarios y 10 comadronas, apoyados por cinco Centros de Convergencia (pequeñas clínicas) y por un centro de salud comunitario más grande, generalmente ubicado en la ciudad más cercana. Sin embargo, en la práctica, tanto el personal como las instalaciones son menores que lo establecido en el lineamiento formal.
Una vigilante de salud del Centro Comunitario en La Unión, San Juan Ostuncalco.
Hernández dice que la meta eventual es consolidar los tres niveles de cuidado —primario, secundario y avanzado (nivel hospitalario)— en un sistema institucionalizado sostenible con resultados que se puedan medir y fuentes confiables de financiamiento. Como parte del programa, el gobierno ha tomado un censo de la población rural para ayudar en la evaluación de los servicios de salud. La reciente adquisición de sistemas computarizados de monitoreo y evaluación está fortaleciendo el programa, que mejora constantemente en base a las lecciones aprendidas de sus experiencias.
Como parte de su apoyo general a las reformas de salud en Guatemala, el BID apoyó el programa con tres préstamos, dos por un total de 38,6 millones de dólares aprobado en 1995 y otro por 55,4 millones de dólares aprobado en 1999. Además de financiar los servicios para los más necesitados en áreas rurales, los recursos también han apoyado al Ministerio de Salud, modernizado la administración del Seguro Social y mejorando la calidad de los servicios hospitalarios.
Una serie de evaluaciones sobre el sistema de salud de Guatemala comisionado recientemente por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) -importante contribuyente a los programas de reforma de salud del país- informaron que los indicadores de salud habían mejorado dramáticamente en las dos últimas décadas. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil se redujo de 75 por cada 1.000 nacidos vivos en 1987 a 53 por 1.000 nacimientos vivos en 2002. Sin embargo, las evaluaciones también indicaron que estadísticamente Guatemala es uno de los países con mayores deficiencias en salud y en nutrición en la región, especialmente entre grupos indígenas y rurales, y recomiendan tomar medidas correctivas profundas y continuas.
Además del BID y de USAID, otros donantes que apoyan activamente las reformas de salud en Guatemala han sido Alemania, la Unión Europea y UNICEF.
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