El Banco Interamericano de Desarrollo anunció hoy la aprobación de 153,6 millones de dólares en financiamiento para Uruguay para apoyar un programa integral de modernización de la administración pública.
Los recursos aprobados por el BID consisten en un préstamo sectorial de rápido desembolso por 150 millones de dólares y un préstamo de cooperación técnica por 3,6 millones de dólares. Ambos financiamientos fueron otorgados a 20 años de plazo, con cinco de gracia, y a una tasa de interés variable, que en la actualidad es de 7,1 por ciento anual.
Los recursos apoyarán los esfuerzos de Uruguay por aumentar la productividad de su administración central y la calidad de sus servicios, a fin de reducir sus costos para el sector privado y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
El programa, que será llevado adelante por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, apuntará a incrementar los ingresos estatales optimizando sus mecanismos de recaudación y estableciendo incentivos apropiados. Mejorará la eficiencia y la calidad del gasto público, reducirá el costo de la intervención del estado para el sector privado y los particulares y sentará las bases para la modernización de la gestión de recursos humanos de la administración central.
Otro objetivo clave del programa de reformas es aumentar la transparencia de las acciones de la administración central ante la ciudadanía y el sector privado.
Unos de los cuatro componentes del programa fue concebido para mejorar la gestión de los recursos públicos mediante la modernización de la administración de los ingresos estatales, el aumento de la eficiencia del gasto público, la reducción de los costos y una mayor transparencia en las adquisiciones estatales y una mejor gestión de los bienes inmuebles estatales.
Otro componente del programa apunta a aumentar la competitividad uruguaya mediante una simplificación de los trámites burocráticos y la racionalización de las regulaciones, precios y tasas fijados por la administración central.
Un tercer componente incluirá acciones para mejorar la calidad de los servicios provistos por la administración central a los ciudadanos y la transparencia de los actos del estado. Por último, otro componente alentará la modernización del marco jurídico para la gestión de recursos humanos de la administración central, reformas a la Oficina del Servicio Civil Nacional y la implementación de nuevos sistemas de información.