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El 80% de los ciudadanos de América Latina y el Caribe reciben servicios a través de los gobiernos municipales, por lo que es esencial mejorar la capacidad de atención de los gobiernos locales.
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86 millones de hogares -el 25% de la población urbana de la región- residen en barrios urbanos informales, los cuales carecen de servicios básicos y tenencia regular de la propiedad.
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55 millones de hogares viven en unidades de vivienda que sufren algún tipo de déficit, 70% de estos hogares están en áreas urbanas.
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Existen más de 80 sitios históricos y culturales de la UNESCO en ciudades de América Latina, pero solo la mitad de ellos tienen planes de gestión para preservar su valor.
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Las ciudades latinoamericanas son extremadamente vulnerables a eventos climáticos extremos, sequías e inundaciones; tres cuartas partes de los latinoamericanos viven en áreas costeras bajas.
MARCO SECTORIAL
Las ciudades de América Latina y el Caribe poseen un enorme potencial para promover el crecimiento económico, reducir los niveles de pobreza y afrontar los retos del cambio climático.
Sin embargo, la migración y expansión urbana acelerada, sumadas al incremento del consumo de recursos naturales y la falta de inclusión social, agudizan los desafíos urbanos y dificultan las tareas de mitigación. En este contexto, el “Documento de Marco Sectorial de Vivienda y Desarrollo Urbano” recomienda políticas y programas para apoyar a que las ciudades de la región puedan:
1. Superar la exclusión social estructural mediante la mejora de barrios subatendidos e informales, la promoción del acceso a vivienda adecuada y el aumento de la provisión de espacios públicos seguros para todos;
2. Frenar la degradación ambiental y potenciar la capacidad de mitigación mediante la reducción de la contaminación atmosférica, hídrica, acústica y de suelos, y la promoción de la resiliencia ante los desastres y el cambio climático;
3. Incrementar la productividad urbana mediante el apoyo a infraestructuras urbanas integrales, la racionalización de regulaciones urbanas y la promoción de la innovación; y
4. Promover una adecuada gobernanza urbana mediante el refuerzo de la capacidad fiscal y de coordinación entre unidades territoriales, la gestión de datos, y el fomento de la participación ciudadana.
A fin de aprovechar cabalmente la magnitud de la urbanización, es necesario coordinar acciones entre los distintos niveles de gobierno, las comunidades locales y el sector privado para implementar políticas integrales que permitan preservar la cohesión social, elevar la productividad económica, y desarrollar ciudades más justas, resilientes y sostenibles.