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Semana de Desarrollo Social: Contrato Social y Desarrollo: Hacia Sociedades Más Equitativas y Cohesionadas

Es un honor para mí inaugurar la Segunda Semana de Desarrollo Social, un espacio de reflexión e intercambio de lecciones aprendidas e ideas innovadoras en un campo crítico para el desarrollo de nuestra región. Agradezco la presencia de todos ustedes, y en especial la de quienes vinieron desde la región a compartir sus experiencias en el terreno; incluyendo a nuestros colegas de las representaciones del Banco. Estoy seguro que las discusiones de estos días serán fundamentales para fortalecer la capacidad de nuestra región y el Banco para responder mejor a los desafíos de la exclusión y la inequidad, que atentan contra la gobernabilidad y cohesión de los países de América Latina y el Caribe.

Crecimiento económico, pero con equidad.

En sus casi cinco décadas de funcionamiento, el BID ha acompañado el progreso político, económico y social de América Latina y el Caribe. En este período la región realizó avances importantes en la consolidación de la democracia y en la implementación de reformas económicas, institucionales y sociales críticas para garantizar la estabilidad económica y el desarrollo sostenible.

Pero no hay desarrollo sostenible sin justicia social y equidad. La región ingresa al siglo XXI con casi un tercera parte de su población –180 millones de personas—viviendo con menos de dos dólares diarios y sus niveles de renta promedio esconden profundas disparidades en capital humano, calidad de vida y condición social. A finales de los años noventa, por ejemplo, el 20% más rico de la población recibía 60% del ingreso, mientras que el 20% más pobre recibía solamente un 3%; y hay desigualdad en varias dimensiones—entre regiones de un mismo país; entre hombres y mujeres; entre diferentes grupos étnicos; entre la población urbana y la rural, entre otras.

Detrás de la desigualdad del ingreso existe una gran desigualdad en la distribución de activos y oportunidades, incluyendo educación, salud, tierra y crédito. Por ejemplo, el promedio de escolaridad del 20% más pobre de la población es de cuatro años, mientras que el del 20% más rico asciende a 10 años. Y esto cuando en un entorno globalizado la educación es cada vez más un factor determinante del ingreso en la región y el mercado premia a los individuos con educación superior.

Al desafío de la desigualdad se suma la exclusión social, que es causa y consecuencia de las disparidades mencionadas. Las poblaciones excluidas socialmente debido a su género, raza, origen étnico, discapacidad, VIH/SIDA, situación migratoria, entre otros aspectos, sufren de múltiples desventajas (normalmente son los más pobres dentro de los pobres), estigmas y discriminación; y con frecuencia se ubican en los últimos lugares en materia de avance hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La inclusión de estos grupos es fundamental para el aumento de la equidad y la generación de consensos sociales básicos, claves para la gobernabilidad.

Esta situación de desigualdad y exclusión crónica, combinada con las secuelas sociales que dejó la crisis económica de finales de siglo, desembocaron en profundo deterioro del tejido social. La informalidad aumentó en los años noventa en la mayoría de los países de la región, y en algunos superó el 50%; y, de acuerdo a estimaciones de la CEPAL, la tasa de desempleo promedio en la región alcanzó el nivel más alto de su historia –10,7%– en 2003. Hoy, a pesar de tres años de buen crecimiento con baja inflación, aún existe un largo trecho por recorrer para resarcir la deuda que tenemos con los habitantes más pobres y excluidos de nuestra región.

Crisis social y gobernabilidad

Es evidente que existe una estrecha conexión entre gobernabilidad y bienestar social. Las reformas económicas, el desarrollo social y la modernización del Estado son procesos que se refuerzan recíprocamente y son necesarios para el buen funcionamiento del mercado. La democracia se fundamenta en derechos civiles, políticos y sociales, y si bien la región presenta comprobados avances en los aspectos político-institucionales, el déficit democrático, traducido en ocasiones en clientelismo, populismo y en la captura de las instituciones y políticas públicas por parte de intereses particulares, propicia la fragilidad institucional y genera un entorno que no es conducente a la inversión y la generación de empleo.

Una deficiente relación entre el Estado y los ciudadanos, por un lado, y el Estado y el mercado, por el otro, erosiona las posibilidades de que se produzca un desarrollo sostenible y equitativo. Sin buenas instituciones, ni buenas políticas, no existe un entorno económico favorable, y sin ello no hay crecimiento sostenido ni beneficios que repartir y justicia social que asegurar.

Los desafíos

Por este motivo, para enfrentar eficazmente los desafíos sociales se requiere un enfoque integral basado, entre otros, en los siguientes elementos: (i) una recuperación económica sostenida, acompañada de un gasto público eficiente, sostenible, focalizado y progresivo; (ii) el aumento de la inversión y el acceso a oportunidades y crédito; (iii) el fortalecimiento de la integración entre países, y entre regiones de un mismo país, para enfrentar los desafíos de la globalización, mitigando el impacto del cambio sobre los más pobres y vulnerables; (iv) la mejora del funcionamiento del mercado laboral; (v) la implantación de mecanismos institucionales para reducir la vulnerabilidad de los más pobres a los vaivenes del ciclo económico; y (vi) el involucramiento activo de otros actores como el sector privado y la sociedad civil que puedan contribuir sinergias al desarrollo social.

El crecimiento económico no será posible sin un aumento en la capacidad productiva. Pero para ello, la agenda pública debe cumplir con el requisito básico de sostenibilidad fiscal. A través de la implementación de sistemas justos y eficientes de recaudación y el aumento de la efectividad en el uso de los recursos existentes se puede hacer más con menos. Una gestión efectiva, transparente y democrática, aumenta la confianza de las sociedades en sus gobiernos. Esta crea un ambiente propicio al incremento de la responsabilidad social—y por consiguiente, al cumplimiento con las obligaciones impositivas necesarias para la implementación de políticas sostenibles.

Al mismo tiempo, es indispensable aumentar la eficiencia y progresividad del gasto social para llegar a los más necesitados, invertir en las etapas más críticas del ciclo de vida y disminuir la inequidad. Ello implica perfeccionar los sistemas y mecanismos de focalización—como los mapas de pobreza—, y realizar esfuerzos adicionales en áreas específicas—como el sistema de pensiones—para mejorar sus impactos distributivos. Los programas sociales deben ir más allá de lograr acceso universal a servicios para incluir objetivos de equidad y calidad. 

El aumento de la inversión requerido para generar empleo y riqueza, se fundamenta en mejorar la confianza y el clima de negocios. Para ello es necesario fortalecer el estado de derecho mediante la reforma de los sistemas judiciales, el control de la corrupción, y la modernización de la administración pública.  Un estado transparente, eficiente y accesible provee el entorno necesario para la toma de riesgos, la inversión de largo plazo y el aumento en la productividad. 

Además, para que los ciudadanos más pobres y excluidos se puedan convertir en motor de desarrollo, es necesario también ampliar substancialmente el acceso al crédito, para que tengan la posibilidad de convertirse en pequeños empresarios y propietarios de vivienda. Esto requiere un fortalecimiento de los marcos jurídicos e institucionales, para asegurar el respeto a los derechos de la propiedad y de los acreedores.

Los avances en el proceso de integración regional también generan oportunidades para la inversión productiva y el empleo, abriendo nuevos mercados, impulsando la eficiencia y fomentando nuevos proyectos. En este contexto, la actualización de las infraestructuras nacionales y transnacionales es crítica para mejorar la integración entre países y entre las diversas regiones de cada país. Al mismo tiempo, hay que trabajar para distribuir de manera más igualitaria los beneficios de la liberación comercial. Para ello es indispensable complementar las políticas de inversión y comercio con una mejor capacidad de desarrollo económico de los gobiernos locales, y diseñar estrategias de desarrollo regional hechas “a la medida” que beneficien a las regiones más atrasadas a partir del fortalecimiento de las actividades donde tengan ventaja comparativa.

Un mejor funcionamiento del mercado laboral también debe ser un objetivo central de una política socio-económica sostenible e inclusiva.  Ello requiere mejorar en forma urgente la capacitación, los sistemas de intermediación y las prácticas de registro laboral, buscando incrementar la inserción productiva de los grupos excluidos y combatir la discriminación. Mientras se lucha por aumentar la formalidad—con los beneficios sociales que la misma conlleva—es necesaria la intervención del estado para garantizar los beneficios asistenciales y la protección social de la que carecen los trabajadores informales.

Promover la inclusión social requiere partir por reducir las vulnerabilidades asociadas a la pobreza. Las crisis económicas de fines de siglo, por ejemplo, revirtieron gran parte de los avances de años anteriores al dejar sin empleo y sin capacidad de acumular e invertir en capital humano a un porcentaje significativo de la población. La volatilidad intrínseca de los mercados financieros y el ciclo económico resaltan la necesidad de mecanismos de protección social. La región debe redoblar esfuerzos para establecer los mecanismos institucionales que permitan aminorar los impactos negativos de crisis de diversas índoles sobre los habitantes pobres y excluidos. Además de mejorar la equidad, la protección social puede fomentar  el crecimiento si permite a los pobres involucrarse en actividades productivas y mercados laborales de mayor riesgo, pero también de mayor oportunidad.

Las políticas inclusivas implican no sólo re-direccionar los recursos actuales sino buscar nuevos fuentes de generación de recursos para aumentar los dividendos sociales. Tanto fuentes públicas como privadas deben utilizarse para financiar el gasto social. El sector privado puede y debe jugar un papel fundamental en la generación de recursos para la inversión social, no por caridad, sino porque tiene incentivos reales para hacerlo. La estabilidad social es, sin duda, un gran negocio. Un negocio para todos.

Las iniciativas mencionadas no lograrán su objetivo si no vienen impulsadas por gobiernos transparentes, con capacidad de rendición de cuentas, que tengan la promoción de la equidad y la inclusión en el centro y prioridad de sus agendas. El reto es trabajar en el fomento de una nueva cultura política, de una sociedad cohesionada, regida por un contrato social explícito entre ciudadanos con derechos y deberes, y un estado efectivo, transparente, justo y solidario

La estrategia institucional.

El Banco busca responder a éstos, y otros desafíos, mediante sus estrategias institucionales e instrumentos financieros y no-financieros. La Estrategia de Desarrollo Social, que nos interesa particularmente en este contexto, hace énfasis, entre otros, en orientar la aplicación de las reformas sociales a las necesidades de cada país; en la eficiencia del gasto social, en sectores como vivienda, educación y salud; en promover la inclusión social y el ejercicio de derechos y ciudadanía; y en proveer servicios integrales con enfoque territorial. La Estrategia reconoce que el desarrollo social puede ser fortalecido con la articulación entre diferentes niveles de gobierno, con la descentralización y la gestión local, con la creación de sistemas de información y con procesos adecuados de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

A las estrategias institucionales del Banco se suman los instrumentos desarrollados para su implementación. Bajo el mandato del nuevo marco de financiamiento el conjunto de instrumentos y recursos  del Banco está al servicio del enfoque país para apoyar la programación, el diseño y la ejecución de los productos financieros y no financieros del Banco.

El monitoreo de la efectividad de los instrumentos y programas diseñados para promover el desarrollo es fundamental y requiere de información estadística confiable, oportuna y accesible que debe ser generada de manera continua por las instancias correspondientes. Para ello es necesario invertir en la recolección de datos sobre las condiciones de vida y apoyar el fortalecimiento de la capacidad técnica, la financiación y la independencia política de las instituciones encargadas de la generación de información estadística en nuestros países. Los Objetivos del Milenio ofrecen un marco analítico y de resultados importante para guiar e informar los esfuerzos de monitoreo y evaluación

La 2ª. Semana de Desarrollo Social, bajo el tema Contrato Social y Desarrollo: hacia Sociedades más Equitativas y Cohesionadas, busca promover la reflexión sobre  la necesidad de visualizar para América Latina y el Caribe un proceso de desarrollo integral e incluyente que, gestionado de forma efectiva y transparente, pueda contribuir a la construcción de sociedades más equitativas, cohesionadas y  responsables.

A lo largo de estos últimos años América Latina y el Caribe ha innovado y  encontrado soluciones creativas para actuar sobre la pobreza y aumentar el acceso de los necesitados a los servicios sociales. Los programas de transferencias condicionadas de ingresos, por ejemplo, han logrado establecer vínculos directos con políticas de desarrollo humano y han empezado a romper los mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza.

El Banco es un actor importante en este proceso. Mas del 50% del monto de la cartera aprobada cumulativamente desde 1999 corresponde al sector social, superándose la meta correspondiente de la Octava Reposición. Tan solo con los préstamos a dos programas, Oportunidades en México y Bolsa Familia en Brasil, el Banco contribuye al bienestar del 15% de la población de la Región, a la cual se suman muchas personas más con otras iniciativas.

Tenemos esta mañana el honor de firmar el contrato de préstamo que apoyará la expansión del Programa Bolsa Familia en Brasil. Quiero dar una muy especial bienvenida al Ministro de Desarrollo Social de ese país, Sr. Patrus Ananías, quien nos honra con su presencia esta mañana. El Ministro Ananías ha sido un abanderado del programa Bolsa Familia y de otras estrategias innovadoras del gobierno del Presidente Lula para mejorar la calidad de vida y oportunidades de todos los Brasileños.

Este programa fue creado a fines del 2003, mediante la unificación de varios programas de subsidios,  Bolsa Escola, Bolsa Alimentaçao, Cartaõ Alimentar y Auxilio Gas. Al unificar estos programas, aparte de una reducción importante de los gastos administrativos, se logró que la política de protección social adquiriera una visión integrada de las necesidades de las familias pobres. Bolsa Familia ya cubre a casi 8 millones de familias y la meta es de 11,2 millones (llegando así a casi un tercio de la población brasilera). Bolsa Familia está presente en todos los municipios brasileños y, en los municipios más pobres  del Nordeste, más de 40% de la población total recibe el beneficio, generando impactos económicos importantes a nivel local.

Este tipo de estrategia de visión integral y de largo plazo, que articula los esfuerzos de agencias locales y nacionales, que cuenta con la cooperación y respaldo de instituciones internacionales, que se preocupa de la medición continua y eficaz de los resultados y que recoge experiencias positivas tanto brasileñas como de otros países, constituye un modelo para nuestro accionar conjunto en el área crucial del desarrollo social.

Antes de pasar a la firma de este importante programa de apoyo al desarrollo social de Brasil, les quiero desear el mayor de los éxitos en esta Segunda Semana de Desarrollo Social. El gran desafío del desarrollo integral e incluyente está en nuestras manos. Estoy seguro que sabremos enfrentarlo para el beneficio de nuestra región.

Muchas gracias!