Carmelo Mesa-Lago, consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), trató de responder a esa interrogante en su nuevo estudio titulado “Las reformas de salud en América Latina y el Caribe: su impacto en los principios de la seguridad social”. En fecha reciente, visitó la sede del BID en Washington, DC con el fin de presentar su trabajo de investigación a los especialistas en salud de esta institución, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de otras organizaciones internacionales.
“Las metas de las reformas de salud eran bastante claras”, señaló Mesa-Lago. “Mantener la solvencia del sistema de salud frente a los crecientes costos operativos, conseguir una mayor participación del sector privado en el ámbito de los servicios de salud y seguridad social creando mercados competitivos de seguro de enfermedad y de servicios de salud, ofreciendo mayores opciones para seleccionar proveedores y creando un servicio más eficaz así como una cobertura más equitativa, entre otros factores”.
Sin embargo, los sistemas de salud que nacieron de estas reformas difieren considerablemente de un país a otro. El estado no sólo controla todos los aspectos de la atención de salud sino que también presta todos los servicios de salud a un público con cobertura universal en Cuba. Pero, en Colombia, sólo la mitad de la población, aproximadamente, tiene cobertura directa; y la responsabilidad del sistema de salud se halla repartida entre cuatro autoridades distintas que supervisan las finanzas, el seguro y la prestación de servicios, con la participación de los sectores público y privado.
Independientemente de la clase de sistema en vigor, resulta difícil definir la porción de la población con verdadera cobertura por la sencilla razón de que en muchos países escasean o no existen buenos datos estadísticos sobre cobertura. Si bien los datos estadísticos de algunos países como México y Panamá muestran que su población goza prácticamente de cobertura universal, en 13 países de la región, entre 24% y 43% de la población carece de cobertura efectiva e incluso de acceso a atención de salud.
“Las organizaciones internacionales y regionales tales como el BID y la OPS, la Organización Internacional del Trabajo y otras necesitan desplegar esfuerzos coordinados a fin de producir datos estadísticos fiables y normalizados que sirvan de base para diseñar políticas sólidas, estimar costos y definir prioridades en el sector”, afirmó Mesa-Lago. “Igualmente importante es crear un sistema de tarjetas de identidad que permita inscribirse para cobertura, en especial en el sistema del sector público, similar al que posee el sistema privado de seguridad social”.
Queda mucho por mejorar en la esfera de la igualdad de cobertura para grupos marginados, entre ellos, minorías étnicas, mujeres, ancianos y personas con enfermedades crónicas, indicó Mesa-Lago.
"Los grupos indígenas cuentan con peor cobertura que otros segmentos de la población, por ejemplo, y, al mismo tiempo, registran una mayor incidencia de enfermedades”, señaló. "Asimismo, puesto que la mano de obra femenina tiende a recibir menor remuneración que la masculina por igual trabajo realizado, las mujeres también tienen menos cobertura que los hombres”.
Los servicios con cobertura también varían considerablemente entre los distintos países. Si bien 15 de los 20 países estudiados ofrecen lo que Mesa-Lago califica de “paquete” completo o parcial de servicios básicos y dos países más (Haití y Ecuador) están creando dicho paquete como parte de su cobertura; tres países (Honduras, Venezuela y El Salvador) todavía no ofrecen ese paquete.
Está asimismo pendiente la definición exacta de los requisitos necesarios para recibir esos paquetes. En algunos países, tales como México, algunos estados los ofrecen, pero otros no”, dijo la especialista en salud de la OPS María Cecilia Acuña; en otros, tales como Chile, se ofrecen beneficios de cobertura específicos, pero con mucha inflexibilidad, lo cual representa un gran desafío técnico. Aun así, 125 millones de latinoamericanos todavía carecen de acceso a servicios de salud”.
El especialista en salud de alto nivel del BID André Medici coincidió en que “los gobiernos tienen que definir sus prioridades de salud basándose en pruebas epidemiológicas a fin de fijar las metas de la reforma y garantizar la prestación de servicios eficaces de salud a los pobres y excluidos. Necesitan mejorar la eficiencia y calidad de los sistemas de salud adoptando buenos sistemas de gestión y seguimiento y de evaluación que permitan lograr mejores mecanismos de control y equilibrio de las políticas nacionales de salud. Pero también tienen que trabajar en estrecha colaboración con los grupos afectados de la población al emprender las reformas del sistema de salud si desean llegar a un consenso y evitar la resistencia de grupos de intereses, tales como las asociaciones de médicos”
A pesar de sus deficiencias, las reformas han permitido avanzar hacia la consecución de algunas Metas de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas fijadas para la región en el ámbito de la salud. Se han logrado, en su conjunto, progresos considerables en reducir los índices de mortalidad infantil, de desnutrición en los niños menores de 5 años y de mortalidad causada por enfermedades transmisibles. Entre 1990 y 2005, por ejemplo, los índices de mortalidad infantil disminuyeron en 53% en países que han aplicado reformas estructurales de salud, pero sólo en 31% en países que no han iniciado ninguna reforma o que han puesto en práctica reformas parciales del sistema de salud.