News banner image

Noticias

Vivienda pública de alquiler

Para la población de escasos recursos, el sistema de vivienda pública de alquiler o lo que se conoce mejor como viviendas del estado alquiladas a precios subsidiados se han convertido en una solución de vivienda en varios países, especialmente en el Caribe, según un reciente estudio del BID que compara distintos casos y ofrece alternativas para mejorar las situaciones existentes.

El tiempo ha demostrado que por lo general el Estado es ineficiente para administrar y mantener sus propiedades de alquiler. El problema radica en gran medida en las restricciones fiscales y la capacidad administrativa limitada, plantea la autora del estudio, Nelliana Villoria Siegert. Esto se traduce en condiciones de vida en deterioro en el sistema de vivienda pública de alquiler.

La mayoría de los países enfrentan el dilema de mantener los beneficios de este sistema y al mismo tiempo reducir sus impactos negativos. Teniendo en cuenta que cada país tiene sus propios contextos político, económico, social, demográfico, cultural y territorial, es difícil dar con una solución general para los desafíos que enfrenta el Estado con este tipo de vivienda de alquiler.

El Estado tiene un abanico de opciones, que van desde transferir una parte de la propiedad y/o las responsabilidades hasta transferirlas por completo. Algunos gobiernos han implementado eficientemente la vivienda pública de alquiler, hallando fórmulas que reducen los efectos desfavorables sin eliminar el sistema del todo. La mayoría, sin embargo, comparte con terceros las responsabilidades de administración de la vivienda pública de alquiler o transfiere la responsabilidad total al sector privado.

Chile, por ejemplo, contaba con vivienda pública de alquiler administrada por gobiernos locales durante los años 70, pero los problemas de mantenimiento hicieron que se traspasara la administración a los propios arrendatarios. En Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, se han creado organizaciones de administración y mantenimiento para este tipo de viviendas, también a cargo de los arrendatarios. En Uruguay y varios países europeos, el Estado contrata a empresas privadas –con o sin fines de lucro-- para abastecer dichos servicios.

Según el estudio del BID, tanto en países industriales como en países en desarrollo, el Estado no debe ser el único proveedor y administrador de vivienda social. En la mayoría de los casos, la vivienda pública de alquiler es muy costosa, no sólo en términos económicos y financieros sino también sociales. Por lo tanto, la tendencia más adoptada en los países industriales es la de hallar alternativas para que el Estado deje de ser proveedor directo y propietario, y se convierta en una entidad financiera y reguladora, contando con el sector privado y la sociedad civil para hacer el resto. Cualquiera que sea el caso, recomienda Villoria, la decisión sobre el destino de las viviendas públicas de alquiler no debe ser tomada únicamente por el Estado. “La decisión debe involucrar a la comunidad afectada en un proceso de participación, que no sea solamente de ‘consulta', para asegura el éxito y la viabilidad política de la alternativa que se elija”.