Helping informal workers

Un bono de supervivencia para los trabajadores informales de Guatemala

Es un típico sábado por la mañana para María de Jesús Santos, de 36 años. Se ha levantado a las cinco de la mañana para preparar el desayuno antes de dirigirse al mercado artesanal de El Carmen, en Antigua, Guatemala. Prepara su puesto antes de que den las nueve, acomodando sus textiles tejidos a mano, sus collares, aretes y llaveros. "Cuando va bien el negocio, vendo alrededor de cuatro piezas por día, que es suficiente dinero para el resto de la semana", dice.

Originaria de San Antonio Aguas Calientes, una ciudad en la región suroeste de Guatemala conocida por sus tejedoras, María de Jesús ha mantenido con orgullo la tradición de su familia desde hace catorce años. Sus diseños textiles los produce "de memoria, como mis padres me enseñaron", explica. “Es como una cadena, los diseños textiles van de una generación a otra". María de Jesús teje alrededor de ocho horas diarias durante los días de semana y vende su obra cada fin de semana en El Carmen.

Esta constante actividad es la única forma en que puede llegar a fin de mes. De los poco más de 17 millones de habitantes de Guatemala, el 59,4% vive en condiciones de pobreza y el 23,4% vive en pobreza extrema, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Trabajo hasta sudar, para alimentar a mi familia", dice María de Jesús. "Soy madre y también les enseño a mis hijos a tejer, para que mañana no se conviertan en delincuentes". Como madre soltera con tres hijos -el mayor tiene diecinueve años y el menor solo seis- ha tenido que involucrarlos en el negocio familiar desde muy temprana edad.

María de Jesús es parte del sector informal de empleo del país, que constituye el 69.5% de la población, según el INE. Este amplio grupo de la sociedad es más vulnerable durante la actual pandemia de COVID-19, sin ahorros y con la necesidad de tener que trabajar todos los días, a pesar de las restricciones sanitarias.

Tejedora


María López, de 45 años, tiene una historia similar. Cada dos semanas, María viaja en una camioneta durante tres horas para vender textiles en el mercado artesanal. "Me levanto los fines de semana a las seis de la mañana y termino mi día tarde en la noche ... a veces sin suficiente dinero para pagar el alquiler". Alquila una habitación que cuesta 500 quetzales por mes (cerca de 65 dólares), una suma elevada para ella que solo gana alrededor 30 dólares cuando tiene permiso para vender en El Carmen.

De lunes a viernes, María camina por las calles empedradas de Antigua para buscar turistas interesados en comprar sus artesanías, pero los comparadores han escaseado por meses. "Los turistas no se sienten seguros comprando artesanías de personas en las calles".

"Simplemente no es justo ... ¡No tengo marido, soy viuda!", dice.

María, como muchas otras mujeres en Guatemala, carga con la expectativa de ser la principal cuidadora y, en su caso, la única fuente de ingresos en el hogar. "Después de trabajar todo el día, regreso a casa para hacer los quehaceres de mis hijos ... es triste que a veces la madre lucha sola", dice.

Estas historias no son infrecuentes: el 50.1% de la población gana menos que el salario mínimo mensual de 2,742 quetzales (alrededor de 356 dólares). En promedio, las mujeres que trabajan en el sector informal ganan solo 1,409 quetzales por mes (unos 183 dólares), según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de 2019 del INE.

Durante esta pandemia, mujeres como éstas no solo corren un mayor riesgo de contraer el virus en trabajos que las obligan a estar en contacto constante con otras personas, sino que también tienen que soportar la carga de trabajar turnos más largos que antes, por menos dinero. Su clientela ha desaparecido con las medidas de confinamiento, dificultando su supervivencia financiera.

¿Cómo apoyar al sector informal?

A medida que la pandemia del COVID-19 se extiende por América Latina y el Caribe, sus consecuencias sociales y económicas requieren acciones rápidas y apropiadas para mitigarlas. Entre las prioridades se encuentra la implementación de políticas sociales focalizadas en los trabajadores más vulnerables.

Las respuestas exitosas a la recesión económica "requerirán la coordinación tanto del sector público como del privado para trabajar en estrecha colaboración y desarrollar soluciones a corto y mediano plazo para los trabajadores informales", según David Rosas, especialista en mercados laborales del BID y uno de los autores de “Mercados Laborales de América Latina y el Caribe ante el impacto de COVID-19”. Según Rosas: “a medida que los países comienzan a levantar sus restricciones de confinamiento, la crisis de salud podría prolongarse. Para mitigar sus efectos, las aperturas deben ser graduales y las políticas sociales deben ser adecuadas”.

A corto plazo, la introducción de políticas como las transferencias de efectivo no condicionadas a trabajadores informales - aquellos privados de ingresos y sin protección social - es una buena manera de proporcionar un apoyo inmediato durante el período de confinamiento. "Esto permite que las personas puedan quedarse en casa para evitar el contagio y tener los recursos que necesitan para tener al menos un nivel de vida mínimo", dice Rosas. “Es la forma más adecuada de ayudar a las personas que viven día a día".

 

 

La respuesta de Guatemala


El "Bono Familia" es un programa social temporal creado en abril por el gobierno guatemalteco para ayudar a las familias afectadas económicamente por la crisis de salud. El Ministerio de Desarrollo Social del país anunció que unos 6 mil millones de quetzales (más de 700 millones de dólares) fueron autorizados para esta iniciativa y que cada familia recibiría 130 dólares por un período de tres meses, previa aprobación.

"El gran desafío es identificar a los trabajadores en las situaciones más vulnerables, que no estaban previamente registrados en los programas sociales existentes, como los mecanismos de transferencias monetarias condicionadas", dice Rosas.

Para identificar a las personas que no están documentadas en los registros oficiales pero que son altamente vulnerables, se han implementado estrategias innovadoras como el uso de plataformas digitales que han permitido a estas personas aplicar al programa, y el uso de datos de diferentes registros administrativos para verificar si los solicitantes cumplen con las reglas de elegibilidad del programa. Otras estrategias incluyen un análisis de las facturas públicas (p. ej. facturas de electricidad, agua o teléfono) y mensajes de texto masivos que permiten que los trabajadores informales también se beneficien del programa.

Las personas que, debido a sus condiciones financieras, no tienen servicio de energía en sus hogares, pueden beneficiarse del "Bono Familia" completando la Hoja de Evaluación de Condiciones Socioeconómicas, que será revisada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y otras instituciones. Una vez que su información se procese y verifique, se incorporará a la plataforma de beneficiarios del programa.

Las soluciones a mediano plazo para los trabajadores informales
 

Mirando hacia el futuro, y a medida que los gobiernos comienzan a levantar las restricciones, las transferencias de efectivo condicionadas a inscribirse en programas de capacitación y en empleo público temporal ofrecen soluciones durante el período de recuperación.

"En la fase inicial, el desafío es encontrar oportunidades para las personas que han perdido su trabajo y, al mismo tiempo, capacitarlos para que puedan mejorar sus habilidades y tener más oportunidades de encontrar un trabajo en los sectores de la economía que se vuelven más dinámicas a medida que se desarrolla la crisis", explica Rosas.

Estos programas de asistencia en efectivo condicionados a la capacitación o al empleo temporal pueden ser una alternativa a los beneficios por desempleo. De hecho, pocos países de la región tienen estos esquemas de seguro de desempleo y solo benefician a los trabajadores formales. "Por ejemplo, los programas públicos de empleo se denominan programas anticíclicos porque ayudan a las personas cuando se produce una crisis como ésta", dice Rosas. "Los gobiernos deben priorizar las políticas que insertan a esos trabajadores informales en los sectores de la economía que generarán más empleos formales".

A la sombra de la pandemia, programas y ayudas como éstas son el pan de cada día para trabajadoras informales como María de Jesús que, a diario, despierta “preocupada de que los hijos tengan qué comer".

 

Lea más sobre el impacto económico de COVID-19 en América Central en esta publicación.

Puede conocer los desafíos y oportunidades que presenta COVID-19 en la región aquí.
 

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