Eduardo es un hombre común y corriente, trabaja y vive en una de las tantas comunidades rurales de América Latina y el Caribe. Eduardo, también, hace cinco años que camina al mercado local por la mañana para comprar entre tres a cuatro litros de agua potable cada día. “No se puede tomar agua de la canilla porque sale con un color marrón clarito, que genera cierta desconfianza”, dice. “No soy una persona de ingresos altos, entonces esto tiene un gasto adicional para mí”.
Eduardo vive en un poblado de 20 mil habitantes, alejado de la capital de su país, y cuyo sistema de agua y saneamiento aún enfrenta múltiples problemas. Grandes inundaciones, carreteras mal pavimentadas, viviendas mal construidas y fuertes sismos caracterizan a esta zona que carece de infraestructura de calidad.
Hoy, seis de cada diez personas no tienen acceso a instalaciones de saneamiento adecuadas, según las Naciones Unidas. Se estima que el costo para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 sobre agua limpia y saneamiento en América Latina y el Caribe es de 14 mil millones de dólares por año, equivalente al 12% de los recursos que se necesitan a nivel mundial. Y si ese número no impresiona, el que viene es aún más representativo: a la fecha, 490 millones de latinoamericanos y caribeños no conocen lo que es tener acceso a saneamiento seguro.
Una de las piedras en el zapato es, lamentablemente, la corrupción. La otra es la mala ejecución de las obras que apuntan a mejorar el sistema de agua y recolección de desechos a lo largo y ancho de la región. Y la comunidad de Eduardo no fue la excepción.
Eduardo y sus vecinos han sido expuestos a iniciativas fallidas que han intentado aliviar el problema. En enero del 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financió la construcción de un sistema de alcantarillado por casi medio millón de dólares, el que tenía como objetivo construir una red de saneamiento que asegurara la depuración del agua residual doméstica antes de su devolución.
El proyecto se inició en el 2014; sin embargo, lo que prometía ser una obra ejecutada por una empresa con la capacidad de implementar el contrato satisfactoriamente, lamentablemente terminó en “el resultado de prácticas ilícitas en la vida cotidiana” dice Marcello Basani, especialista senior en agua y saneamiento del BID, quien también es autor de Transparencia: impulsando eficiencia en empresas proveedoras de servicios de agua y saneamiento.
“La ejecución del proyecto sufrió varios retrasos y la fecha de finalización de la obra se postergó en varias instancias, dejando al final del 2015 una obra incompleta y que no cumplía con las especificaciones contractuales”, comenta.
Ahora bien, ¿cómo aseguramos la transparencia? Afortunadamente existe un mecanismo: la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Grupo BID investiga y previene el fraude, la corrupción y otras prácticas prohibidas en proyectos financiados por el Banco. A lo largo de sus investigaciones, la OII ha encontrado evidencia en varias instancias que muestra cómo la corrupción conduce a obras mal construidas que no cumplen con su propósito.
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¿Cómo funciona la OII?
Desde su creación, la OII ha adoptado y reforzado medidas que ayudan al Grupo BID a mitigar los riesgos de integridad, como la comisión de prácticas prohibidas, y a darles respuesta. En 2018, la OII respondió e investigó 126 consultas; y recibió 115 denuncias de posibles prácticas prohibidas.
En el caso de Eduardo, la OII –junto al equipo de proyecto– encontró pruebas suficientes para afirmar que, durante el proceso de selección del contratista y la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria incurrió en fraude y corrupción. El dueño de la empresa le ofreció el 25% del contrato a un individuo quien le dijo que le podría ayudar a obtenerlo, pese a su falta de capacidad para ejecutar la obra. Y no solo obtuvo el contrato gracias a promesas de sobornos y certificaciones tributarias falsas, sino que utilizó material de construcción inadecuado y falsificó las pruebas de material correspondientes.
Después de realizar varias visitas e inspeccionar la obra, el equipo del proyecto notó que “había grietas, una porosidad sospechosa y había agua residual que literalmente circulaba por toda la calle”. ¿Las consecuencias? La falta de capacidad del contratista para ejecutar el contrato provocó que el sistema de tratamiento de agua fuera inservible y de paso afectar el rendimiento del alcantarillado.
“Vale la pena destacar en esta historia de cómo el fraude y la corrupción pueden afectar al final del día a la población más vulnerable, y en este caso a una sin condiciones sanitarias adecuadas”, comenta Basani.
No solo es Eduardo, sino es el resto de esta comunidad que sigue expuesta a grandes riesgos de salud y sujeta a cargas económicas imprevistas y no debidas. “Aquí han sido afectadas una serie de familias, no solamente es la mía … y todo es porque la contaminación sigue y sigue”, dice Eduardo, quien estuvo internado tres días en el hospital de emergencia por haber consumido agua sucia. “Mi niña (también) estuvo bien mal y el doctor me indicó que fue a causa de que el agua está totalmente contaminada … no es agua para el consumo humano”.
“Hay que realizar constantes inspecciones a las obras y hacer un seguimiento adecuado para evitar casos de corrupción y prácticas fraudulentas en estos proyectos”, dice Basani. “Esto es sumamente importante para detectar fallas en la calidad de la infraestructura y asegurarse de que los contratistas cumplan con las normativas básicas para llevar a cabo este tipo de proyectos”, agregó.
El BID finalmente declaró no elegibles los gastos relacionados a la instalación del proyecto y, a finales del 2018, el contratista fue sancionado por el Banco por un periodo de doce años: no podrá adjudicarse ningún contrato. Adicionalmente, el equipo de proyecto implementó programas de anticorrupción para los gobiernos municipales y también implementó inspecciones adicionales a obras similares para garantizar su idoneidad.
Para erradicar la corrupción es imprescindible fomentar una cultura de transparencia e integridad. Recientemente el Grupo BID aprobó la Segunda Actualización de su Estrategia Institucional, la que establece que se pondrá especial énfasis en promover la transparencia y la integridad en la región. Puedes revisarla aquí, en este enlace.
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