“Yo salía a robar a la calle con mi panza, embarazada” dice Rosario, interna del Centro Penitenciario Femenino San Joaquín, en Santiago de Chile. “Mi trabajo era robar. Me alcanzaba para pagar la renta, la luz, el agua y los gastos del hogar. A los trece años tuve a mi niña”.

Rosario creció en un orfanato. Para ella, su verdadera familia son unos parientes con los que pasaba los fines de semana. Sus memorias más felices son las de su infancia: recuerda cuando la llevaban al circo, a cenar, a jugar. Cuando la intentaron adoptar, su madre biológica intervino y se la llevó a vivir con ella. Ahí, la pareja de su madre abusó de ella. Poco después se lo contó a sus familiares y regresó al orfanato. No duró mucho. A los ocho años, se escapó y llegó a vivir a la calle.

Empezó a robar para sobrevivir. Consumía drogas para adormecer el hambre y el frío. A los 12 años, Rosario fue abusada sexualmente por un hombre que la perseguía constantemente. Al mes, se enteró que estaba embarazada. Después de dar a luz, continuó robando para solventar los gastos de su bebé.

Antes de cumplir los 14 años, Rosario fue arrestada. 

Rosario es una de las más de 15 mil mujeres en el sistema penitenciario chileno. Como ella, muchas cometen crímenes a falta de otras alternativas económicas. Y como Rosario, muchas tienen hijos de los cuales son separadas cuando entran en reclusión. 

Tras un año en prisión por robo, su condena no terminó ahí. Para la mayoría de las internas, la marginación económica pone en riesgo esa libertad recién recuperada. Muchas de ellas vuelven a reencontrarse con sus hijos, pero enfrentan serias dificultades para encontrar un trabajo o una fuente de ingreso legal por su bajo nivel educacional y sus antecedentes criminales. 

 

 

Más aún, muchas volverán a cometer crímenes: en 2013, el 38% de las reclusas eran reincidentes, según un estudio realizado por la Universidad de Chile y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. En el caso de Rosario, ella habrá pasado la mitad de sus 27 años entrando y saliendo de prisión, mientras su hija crece con su abuela paterna.

Cuando se les preguntó a las reclusas chilenas qué es lo que más les serviría al terminar su sentencia, el 80% contestó que un apoyo para tener un microemprendimiento. Estos pequeños negocios les dan una forma de ganarse la vida libre de discriminación y cerca de sus hijos, entregándoles la flexibilidad para atender a sus familias.

En respuesta a esta demanda, el Banco del Estado, el Ministerio de Justicia y la Gendarmería de Chile se aliaron con el BID para diseñar un innovador programa de reinserción social integral. El proyecto ofrece acompañamiento a las mujeres privadas de la libertad antes y después de salir de la cárcel mediante tres elementos principales: capacitación y apoyo financiero para crear su propio microemprendimiento, apoyo psicológico y emocional para ellas y su familia durante un año, y un apoyo especializado en la creación de su negocio. 

El programa ha atendido 169 mujeres; de las cuales se espera que 105 se mantenga dentro del programa; es decir, dos tercios de las mujeres atendidas, egresadas y trabajando al concluir el programa en septiembre 2019. En total se habrán invertido 300.000 dólares para el acompañamiento psicosocial y con talleres motivacionales y para la empleabilidad, la gestión de colocación laboral, la financiación del capital semilla de los emprendimientos e iniciativas de autoempleo, el diseño operativo y la evaluación de resultados. Al terminar los 24 meses, se analizará el desempeño del programa y se valorará su expansión a todo el sistema penitenciario chileno. 

Galería de fotos: la vida en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago de Chile

 

El difícil camino a la libertad

“Todo el mundo quiere menos delito”, dice Rodrigo Pantoja, psicólogo chileno especializado en la reinserción social de personas privadas de libertad que ha apoyado la ejecución del programa. “Cuando tenemos ofertas especializadas que pueden ayudarnos a reducir la reincidencia de la población penal, lo que estamos haciendo en el fondo es darle mayor seguridad a la ciudadanía entera”.

Chile ha implementado una diversidad de programas de reinserción social y laboral desde hace varios años con el objetivo de reducir la reincidencia delictiva. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del país, de acuerdo a un análisis realizado por especialistas del BID, han tenido una menor efectividad que sistemas de reinserción similares en otros países porque no cubren al total de la población, algunos tienen interrupciones y no son de carácter integral. 

Por ejemplo, el programa Hoy Es Mi Tiempo ofrece capacitación a los egresados de prisión en habilidades empleables como soldadura, computación, plomería, cocina y construcción. En su última evaluación, el programa logró la nivelación educacional-laboral del 95% de los participantes, pero solo el 10% consiguió y mantuvo un trabajo.

 

“Yo salía a robar a la calle con mi panza, embarazada” dice Rosario, interna del Centro Penitenciario Femenino San Joaquín, en Santiago de Chile. “Mi trabajo era robar. Me alcanzaba para pagar un arriendo, la luz, el agua y los gastos del hogar. A los trece años tuve a mi niña”.

 

Gran parte del problema es que, aunque se capacite a exconvictos de manera efectiva en áreas donde hay demanda laboral, muchos empleadores son reticentes a contratarlos. Tienen miedo a que sean violentos, incurran en algún crimen contra su negocio, consuman drogas o presenten deficiencias psico-emocionales. En algunos casos, sus miedos son justificados. Para los exreclusos, adaptarse a un trabajo con rutinas y exigencias puede representar un reto severo que detone comportamientos antisociales.  

“Cualquier proceso de cambio, incluso de personas muy integradas socialmente, es difícil. Piensa en lo que le cuesta a un profesional dejar de fumar”, dice el psicólogo Rodrigo Pantoja. “Con mayor razón le va a costar a una persona en una situación de vulnerabilidad, sometida a un estrés psicosocial severo y pasando muchas privaciones”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Esa discriminación genera dificultades para aquellas personas que están en una buena situación para trabajar. “Yo sé que al salir de aquí hay mucho rechazo. Para mí es algo normal, no es algo que me hiera o me deje pensando. Es algo que siempre he vivido”, dice Rosario. “Al contrario, lo que más me sorprende es cuando alguien es atento conmigo, cuando es humano”. 

Una alternativa es ofrecer capacidades y apoyos para que expresidiarios inicien sus propios microemprendimientos al salir de prisión. Uno de estos programas es Emprender en Libertad, el cual apoya a encarceladas chilenas a través del desarrollo de competencias técnicas, de emprendimiento y la entrega de capital semilla. Al día de hoy, no se ha realizado una evaluación sobre la efectividad del programa. Sin embargo, una revisión cualitativa realizada por la Universidad de Chile en 2013 destacó la necesidad de profundizar en destrezas y habilidades socio-ocupacionales, proveer apoyo psicosocial, crear vínculos con empresas y realizar seguimiento intensivo tras el paso por la cárcel. 

 

¿Qué es lo más efectivo para evitar la reincidencia criminal?
Capacitación laboral y educativa
Programas de reunificación familiar
Apoyo psicosocial antes y después de salir de prisión
Microcréditos para empezar un negocio
 
 
 
 
 
 
 

 

Otro componente central de la estrategia de reinserción social es la reunificación familiar, sobre todo para mujeres privadas de libertad. Desde 2008, la Gendarmería de Chile definió políticas penitenciarias con un enfoque de género, que incluyen espacios y condiciones adecuados para el cuidado pre/post natal y atención de lactantes. También se impulsó el programa Abriendo Caminos, donde los niños de hasta 18 años visitan a su madre en prisión y reciben apoyo de un especialista para mitigar los efectos psicológicos, familiares y sociales que les provoca la separación forzosa. 

La hija de Rosario fue beneficiaria de un programa similar, dirigido por la Fundación Mujer Levántate. “A mí me pasaba algo extraño cuando yo veía a mi hija; había mamás que quedaban felices de ver a sus hijos, yo quedaba destrozada porque yo veía la carencia que ella estaba pasando”, dice Rosario. “Eso me motivó mucho a levantarme. Ella fue el motivo de resurgir y aprovechar las herramientas que hay”. 

 

¿De qué se trata el programa?

A pesar del avance que se ha realizado en materia de reinserción en Chile, la fragmentación de los programas de reinserción existentes han limitado su potencial porque no están integrados. Existen una multitud de programas psicosociales, educativos, laborales o familiares, pero cada uno opera de manera independiente y una misma persona no necesariamente recibe todo el apoyo que necesita. 

La innovación del proyecto entre el Banco del Estado, Gendarmería de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha estado en identificar componentes exitosos de los programas existentes y unificarlos bajo una misma operación, de manera que responda a las necesidades de las mujeres privadas de libertad, antes y después de salir de la cárcel. 

Principalmente se compone de tres elementos que generalmente están separados: un apoyo psicosocial, un apoyo socio-ocupacional y un apoyo económico a través de emprendimientos. En palabras de Rodrigo Serrano, especialista del BID en seguridad ciudadana, la conjunción de estos elementos puede ser muy efectiva. “Sabemos por evidencia científica que el apoyo psicosocial puede ser muy importante en reducir el nivel reincidencia. Puede llegar a evitar en un 30-40% la reincidencia”, dice Serrano. “Al juntarlo con un programa que también apoya el microemprendimiento, hay muchas posibilidades que la prevención sea mucho mayor, que llegue por ejemplo a un 50%”. 

 

 

El apoyo que ofrece el programa inicia seis meses antes de que las mujeres salgan de prisión. A través de la labor de la Corporación Abriendo Puertas, una organización sin fines de lucro, se realiza un examen general de salud mental y se evalúa su interés en emprender un negocio. Con base a esa información, se les capacita en finanzas básicas y emprendimiento, y se les da apoyo emocional y psicológico. Y a las mujeres que prefieren buscar un trabajo en vez de emprender un negocio propio, se les ofrece capacitación laboral. 

Al salir de la cárcel continúa el apoyo. A las mujeres se les entrega un capital semilla de aproximadamente 300 dólares para la compra de equipo e insumos, el cual es vital para muchas de ellas. “Yo tengo capacidades ahora. Sé hacer pan, sé hacer tortas, sé hacer cócteles” dice Rosario. “Pero no tengo insumos, no tengo lo más básico como un cuchillo, no tengo como para empezar un negocio”. 

Luego de la entrega del capital semilla, continúa la capacitación y apoyo psico-emocional de la mano de la Corporación Abriendo Puertas. Al egreso, esta institución ayuda a las mujeres en la compra de insumos, en el diseño de un plan de negocios y en la solicitud del crédito al Banco del Estado. Los créditos se otorgan a un plazo de doce meses con una tasa de interés preferencial. Además, las mujeres reciben un acompañamiento individual y familiar a través de visitas regulares por parte de la Corporación en sus casas para ayudarles en el proceso de adaptación durante seis meses. 

El programa entró en operación en 2017 y al concluir en 2019 se evaluará su impacto en la tasa de reincidencia de la población atendida, esto con respecto al resto de la población penitenciaria. También se analizará qué se necesitaría modificar para expandirlo a todo el sistema penitenciario. Pero para Rosario, el programa ya representa la esperanza de alcanzar la estabilidad económica suficiente para que ni ella ni su hija vean una prisión otra vez. 

“Yo solo me proyecto con mi hija”, dice Rosario. “´Pienso en el futuro de ella, que si yo cambio el mío, voy a poder darle uno mejor”.

Conoce más sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad en América Latina aquí.
 

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