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Cuando le preguntamos a Armando Lara —experto en materia fiscal y de combate al lavado de activos— sobre cómo ve el panorama en América Latina después de los recientes escándalos de corrupción, su percepción fue clara: “la corrupción empobreció a los países. Crecieron las economías, pero no se permeó la riqueza hacia abajo. La población no siente un bienestar”.
 
Los datos respaldan su análisis. La corrupción ha tenido efectos corrosivos sobre la confianza ciudadana en las instituciones públicas. De acuerdo con el Latinobarómetro de 2017, el 53% de los latinoamericanos considera que su gobierno ha tenido un mal desempeño en el combate a la corrupción y solo el 30% se siente satisfecho con la democracia.
 
Expertos en el tema señalan que los escándalos de corrupción —sin precedentes en América Latina y el Caribe— amenazan con erosionar los cimientos de gran parte del bienestar económico y la estabilidad política de la región, así como el Estado de derecho.
 
Por otro lado, el fortalecimiento de la gobernanza y las políticas anticorrupción, llevadas a cabo por varios países europeos y asiáticos a mediados del siglo pasado, permitieron triplicar su PIB per cápita relativo a la mayoría de los países de América Latina.

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Tras los escándalos de corrupción que afectan a la región, desde el BID convocamos a algunos de los principales expertos en anticorrupción del mundo. Entre junio de 2017 y septiembre de 2018, consultamos a ocho especialistas en tributación, industrias extractivas, infraestructura, sociedad civil, gobernanza e instituciones, sector privado y tecnologías de la información, quienes elaboraron un reporte independiente que no solo ayuda a comprender las consecuencias del problema, sino que también ofrece diversos enfoques para promover distintas soluciones.

El panel estuvo compuesto por Eduardo Engel, Delia Ferreira Rubio, Daniel Kaufmann, Armando Lara Yaffar, Jorge Londoño-Saldarriaga, Beth Simone Noveck, Mark Pieth y Susan Rose-Ackerman.

 

El documentó tomó alrededor de un año en hacerse, escrito por ocho expertos anticorrupción en el mundo.

 

Mejoras en la gobernanza

Los expertos coinciden en que los recientes escándalos a nivel regional han demostrado que la corrupción en América Latina y el Caribe es sistémica, y que abarca una compleja red de métodos y mecanismos a gran escala. La manera a través de la cual se desvían fondos se ha vuelto más sofisticada, y los sistemas de gobernanza y control de la región no están lo suficientemente desarrollados para enfrentar estos nuevos retos. Al mismo tiempo, en muchos países también se verifica lo que se llama la “pequeña corrupción” que, si bien difiere en la suma de los grandes sobornos y negociados, tiene un efecto directo sobre el ciudadano común y corriente.
 
Algunos países están en una mejor situación que otros. Uruguay, Chile y Costa Rica se sitúan en una buena posición a nivel mundial por los avances institucionales y legales que han realizado en las últimas décadas para fortalecer su gobernanza y control de la corrupción. Colombia y Paraguay también han mejorado sustancialmente.
 
“Hay razones históricas de liderazgo, de reformas en la calidad institucional y el énfasis en tener un estado moderno y responsable que son características comunes en los tres países (Uruguay, Chile y Costa Rica)”, dice Daniel Kaufmann, integrante del panel de expertos.
 

Desde el panel  señalan que, durante la última década, la mayoría de las iniciativas anticorrupción de los países de la región han sido parciales, irregulares y con un mayor enfoque en la mera aprobación de normas. Es decir, no ha habido éxito en una efectiva implementación. “El informe es una llamada a la acción. En ese sentido, el informe dice muy bien que ya no hacen falta más leyes ni acuerdos ni nada por el estilo, lo que hace falta es implementación”, comenta Roberto de Michele, quien fue el punto focal en nombre del BID para facilitar el trabajo del grupo de especialistas.

 

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Los expertos señalaron que es fundamental que se revitalice y expanda la agenda anticorrupción a través de una serie de acciones claves:

 

  • Garantizar la independencia y recursos del poder judicial

  • Promover enfoques innovadores para la cooperación e investigación judicial

  • Expandir la transparencia gubernamental y financiera 

  • Monitorear la adjudicación de contratos públicos

  • Transformar y transparentar el financiamiento de campañas políticas

  • Habilitar y ampliar el uso de tecnologías para combatir la corrupción 

  • Realizar una evaluación de la extensión y profundidad de la corrupción en todos sus niveles, entre otras.

 
El panel también hace un llamado de atención al modo en que deben implementarse las reformas. Las reglas internacionales en materia de transparencia e integridad son hoy en día una hoja de ruta ineludible. Y estas –dice el informe– deben verse reflejadas correctamente en el ámbito nacional. Sin embargo, el panel es claro en aclarar que no se trata solamente de asegurar la calidad técnica de las leyes o las políticas públicas de integridad. Es necesario, señalan, que las reformas en el plano local incorporen a la sociedad civil y el sector privado. 
 

“La corrupción empobreció a los países. Crecieron las economías, pero no se permeó la riqueza hacia abajo. La población no siente un bienestar”, dice Armando Lara, miembro del panel de expertos.

 

¿Qué puede hacer la sociedad civil?


No hay duda: la participación activa de la ciudadanía es fundamental para prevenir la corrupción, así como para usar el potencial de la transparencia. En la actualidad, las redes sociales y la información en manos de ciudadanos activos tienen un potencial enorme para fortalecer la integridad en los países. 
 
“El juez Moro (fiscal jefe del caso Lava Jato) siempre dice que pudo hacer lo que hizo por la presión de la gente en la calle, por el apoyo que él sentía en la calle”, dice Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, e integrante del panel de expertos.
 
La ciudadanía también puede colaborar a través de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales han hecho un trabajo ejemplar para promover la transparencia y la integridad pública a través del fomento de leyes de acceso a la información, monitoreo de la ejecución de gasto de gobierno, rastreo de fondos de campañas y reportes de actos de corrupción.
 
El rol de estas organizaciones ha sido tan valioso que, en varios países, se está probando una nueva estrategia de colaboración. A través de los llamados Pactos de Integridad, los gobiernos firman un convenio con organizaciones de la sociedad civil para que monitoreen el proceso de contratación de compras públicas con empresas privadas. Durante el proceso, los auditores hacen públicos todos los reportes y resultados de la contratación. Esta medida se ha implementado en 15 países y en más de 300 ocasiones separadas.
 
Los expertos también se enfocaron en el rol del sector privado. Como señalan, los escándalos ponen el foco en los empresarios corruptos, y a veces se pierde de vista que cada contrato obtenido con un soborno deja en el camino a un empresario que no estaba dispuesto a pagar. Entre otras ideas, los expertos recomiendan estrategias de acción colectiva en el sector privado, para asegurar que las reglas de integridad sean adoptadas progresivamente por todas las empresas del sector.

 

¿Y el futuro?


El reporte deja claro que la tecnología y las innovaciones tendrán un rol clave en promover la transparencia y evitar la corrupción en los próximos años. Dentro del marco legal, se pueden adoptar innovaciones como la colaboración premiada —o más conocida como plea bargain en inglés—, la cual fue un instrumento esencial en el caso Lava Jato para la persecución de políticos involucrados en múltiples países de América Latina.  
 
Sin embargo, el espacio con mayor potencial para amplificar la lucha contra la corrupción son las herramientas tecnológicas para la denuncia y detección de desvíos de dinero.
 
En la opinión de Beth Noveck, directora del GovLab e integrante del panel de expertos, la tecnología tendrá un rol clave en el combate a la corrupción.
 
“Tengo mucha esperanza de que, con la ayuda de la innovación, los datos y la tecnología, y un compromiso real a los valores democráticos, tenemos el potencial de realmente tomar acción contra el problema de la corrupción”, dice Noveck. “Ahora tenemos las herramientas para determinar con cierto grado de precisión dónde están ocurriendo algunos casos de corrupción y utilizar la inteligencia colectiva para encontrar buenas soluciones para detenerla”.
 
Mira el reporte completo aquí.

 

 

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