A fin de la década pasada, Ecuador comenzó a experimentar rápidamente un auge en el nacimiento de pandillas. En ese entonces, organizaciones de la sociedad civil como SERPAZ atribuían un 27 por ciento de los homicidios cometidos en Guayaquil a STAE, la pandilla más grande del país. En paralelo, los arrestos juveniles se duplicaron entre 1999 y 2005, como parte de las políticas de “mano dura” para acabar con el crimen.
Según datos oficiales de la Policía Nacional, Guayas –la provincia de la cual Guayaquil es capital– contaba con más de 400 pandillas en 2008. Pero lejos de aplicar políticas represivas, el gobierno ecuatoriano decidió dar un giro en la manera de abordar este tema y apostó por la estrategia pionera de legalizar paulatinamente a las pandillas y convertirlas en actores sociales reconocidos por el Estado. En 2007, STAE se convirtió en la primera pandilla en ser legalizada por las instituciones ecuatorianas.
El estudio Inclusión social desde abajo: Las pandillas callejeras y sus posibles efectos en la reducción de la tasa de homicidios en el Ecuador ––publicado en marzo de 2018 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) –– reveló que la estrategia utilizada por el gobierno funcionó. Hoy, a diez años de la primera legalización, se puede decir con certeza que la inclusión social de las pandillas ––ahora llamadas “agrupaciones juveniles urbanas”–– ha contribuido a la reducción de la tasa de homicidios en Ecuador. La cifra pasó de 15.35 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2011 a casi 5 en 2017, acercándose a los índices registrados por países como Argentina.
¿Cómo funcionó?
El informe, basado en entrevistas con 60 líderes de pandillas entre abril y octubre de 2017, da cuenta de cómo las políticas de legalización no solo han reducido los homicidios, sino también transformado el capital social de estas agrupaciones. Por ejemplo, el estudio identificó que la legalización de STAE tuvo un importante efecto dominó en otras pandillas ––tanto en el largo como en el corto plazo–– ya que los diferentes grupos pudieron ver los beneficios que traía el reconocimiento estatal y su incorporación al sistema. Incluso aquellos miembros de STAE que originalmente estaban en contra de la legalización cambiaron de parecer, y progresivamente se integraron a la nueva organización. “Después de que nos convertimos en legales, la legalización se puso de moda”, dice uno de los líderes de STAE en el estudio, quien prefirió mantenerse en el anonimato.
La investigación del BID identificó varias estrategias exitosas que ayudaron a que la legalización se difundiera entre el tejido pandillero. Esta política no sólo incluía el reconocimiento de las agrupaciones, sino que también implicaba un trabajo cercano entre ellas y los ministerios. Tras legalizarse, las pandillas también podían aplicar a financiamiento estatal para desarrollar iniciativas culturales o educativas, lo que generó un claro incentivo que rápidamente encontró apoyos dentro de las mismas organizaciones juveniles.
“Necesitamos repensar la manera en que construimos sociedades más pacíficas. El caso ecuatoriano nos enseña una lección muy importante: la inclusión es una herramienta más poderosa que la exclusión y la fuerza para reducir la violencia”, dice Mauricio García Mejía, especialista líder en Modernización del Estado de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID.
La política de legalización ecuatoriana creó una nueva forma de relación entre las autoridades y las pandillas. El estudio identifica una curva de aprendizaje por parte de los líderes y una disposición por parte de las autoridades para trabajar, en conjunto, con individuos que nunca antes habían navegado por el aparato estatal.
“Antes éramos invisibles. Sufríamos mucha discriminación por parte de la policía. No nos dejaban usar el espacio público ni participar en política. Hoy podemos dialogar, y crear nuevas oportunidades para interactuar con actores políticos en posiciones influyentes”, dice uno de los líderes en el estudio.
Reforma Policia en EcuadorAmérica Latina y el Caribe es la región con más homicidios del mundo, pero el caso de Ecuador ofrece un ejemplo de cómo invertir esta tendencia. Entre 2010 y 2017, su tasa de homicidios se redujo de 17,5 a 5,78 por cada 100 000 habitantes, una de las más bajas de la región. Descubre más sobre cómo fue posible descargando nuestras publicación gratuita: https://bddy.me/2Y6TOwt
Posted by Banco Interamericano de Desarrollo on Thursday, July 11, 2019
¿Un modelo a replicar?
Si bien el estudio afirma que esta política puede ser efectivamente aplicada en otros países, también describe que los factores que hicieron de la legalización un éxito no son fáciles de replicar. El resultado favorable de esta política se enmarca en las particularidades no sólo históricas y sociales de Ecuador de ese entonces, sino también dentro de un discurso que el estudio identifica como “una nueva narrativa política”.
Según el informe, parte esencial del éxito de la legalización se debió a que se invirtieron los recursos adecuados y al trabajo coordinado de no uno, sino de varios ministerios ––como el de Inclusión Económica y Social, Justicia e Interior–– en la ejecución de esta política.
Para los autores del estudio, los gobiernos de la región deben ir más allá de las recetas tradicionales e innovar para combatir efectivamente la violencia y el crimen organizado. El enfoque holístico de esta política ecuatoriana ––que integra a las instituciones públicas y a comunidades con las propias pandillas–– refleja cómo un abordaje más inclusivo, mancomunado y centrado en las oportunidades, puede beneficiar aún más que las ya conocidas medidas de “mano dura”.
“El mayor reto es que esta lección debe ser internalizada por todos, desde la población, la sociedad civil organizada y los partidos políticos, la academia, hasta las entidades públicas, particularmente las directamente encargadas de promover la justicia y la seguridad ciudadana”, dice García Mejía, del BID. “Todos tenemos un papel que cumplir en la construcción de una mejor sociedad.”
