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Philip Keefer no duda ni un segundo en autodefinirse como un estudioso de la confianza. Al ser especialista en desarrollo institucional, Keefer ha pasado la mayor parte de las últimas dos décadas investigando en cómo la confianza  —o la desconfianza— afectan a las políticas públicas.

Resulta que la confianza es un bien escaso en América Latina y el Caribe. Según una encuesta realizada por Latinobarómetro, el 43 por ciento de los mexicanos dice que tiene poca confianza en las personas que viven dentro de sus propias comunidades. Ese número sube a un 54 por ciento en Perú. Y en Brasil aún más: un 63 por ciento de los brasileños dice tener bajos niveles de confianza en otros. Por el contrario, sólo un 20 por ciento de los estadounidenses expresó algún nivel de desconfianza.

Preguntas similares sobre la confianza en instituciones como la Presidencia, el Congreso y los partidos políticos revelaron grandes brechas entre América Latina y el Caribe y las economías más ricas. Los argentinos, por ejemplo, son dos veces más propensos a desconfiar de sus partidos políticos que los canadienses.

 

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"La confianza juega un papel enorme y América Latina nunca clasifica alto", dice Keefer, asesor económico principal del departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID. Los bajos niveles de confianza, agrega, "afectan las reformas y cómo se consigue el cambio".

La falta de confianza tiene grandes efectos en la forma en que los gobiernos gastan su dinero, como se muestra en el informe insignia del BID, Mejores gastos para mejores vidas: cómo pueden América Latina y el Caribe hacer más con menos. En la investigación se intenta comprender mejor la relación entre la confianza y los presupuestos fiscales, lo que definitivamente puede ser una tarea difícil de hacer. 

No hay duda de que los latinoamericanos quieren educación pública de calidad, pensiones generosas, atención médica gratuita, una conectividad vial en buen estado, vecindarios seguros y aire limpio. Pero los presupuestos son ejercicios que buscan equilibrio entre las distintas áreas donde los gobiernos deben gastar dinero y asignar recursos. En conclusión: a menos que se esté dispuesto a pagar impuestos más altos, más dinero para educación (o salud, o transporte, u otra cartera) significa menos recursos para otra parte.

¿Cómo juega la falta de confianza de la región en la ecuación? Para averiguarlo, los investigadores del BID trabajaron con el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt. LAPOP encuestó a 5,800 ciudadanos en Chile, Colombia, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay sobre confianza y presupuestos.

La gente quiere mejores servicios, pero se resiste a financiar programas gubernamentales para obtenerlos. Tomemos, por ejemplo, el caso de la policía. En una región con altas tasas de criminalidad, el 54 por ciento de los encuestados dijo que quería más dinero asignado a la policía. Sin embargo, cuando se les preguntó si estarían dispuestos a pagar impuestos más altos para este servicio, solo el 40 por ciento estuvo de acuerdo. Las brechas eran aún más grandes para otros áreas, como educación. Más de un 66 por ciento de los encuestados estuvieron a favor de dar más dinero para educación, pero sólo un 25 por ciento quiso que el gobierno gastara más en ella.

Entonces, ¿qué pasa con la confianza? La encuesta reveló importantes vínculos entre la desconfianza en el gobierno y la distribución del gasto en sus comunidades.

 

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Se les preguntó a los encuestados sobre la probabilidad de recolectar 500 firmas para una petición. Entre los que pensaron que era muy poco probable que pudieran recolectar 500 firmas en su vecindario, el 81 por ciento dijo no confiar en que los funcionarios públicos fueran a cumplir sus promesas. En contraste, entre los que pensaron que era muy probable que se pudieran recolectar 500 firmas, el número era diez puntos porcentuales más bajo, una diferencia estadísticamente significativa.

La encuesta del BID-LAPOP analizó las expectativas de los encuestados con respecto a los funcionarios públicos, las personas en general y los miembros de la familia. En una escala de 4 puntos, la confianza en la familia llegó a 3.4, mientras que en las personas en general fue de 2.4. Los políticos, por su parte, fueron los peor evaluados: el índice de confianza sólo alcanzó un 1.9.

Luego, los investigadores regresaron a las respuestas sobre un mayor gasto en vigilancia policial, educación y lucha contra la desigualdad, y buscaron diferencias entre los ciudadanos que confiaban más y menos. Como era de esperar, los encuestados más escépticos en los políticos y los funcionarios públicos mostraron tener menos probabilidades de preferir políticas que favorecieran la expansión del papel del gobierno en la educación, la actuación policial o la redistribución del ingreso.

Los resultados son lo que Keefer llama como el síndrome de "dame la lavadora ahora", y que afecta directamente al gasto presupuestario. Los ciudadanos prefieren los programas gubernamentales que entregan beneficios inmediatos —como el caso de las pensiones— sobre el gasto que tienen los beneficios a largo plazo, como la educación o la infraestructura. Esto perjudica el crecimiento y la productividad, y hace que los presupuestos sean más rígidos.

La pregunta final se hace, entonces, más que necesaria: ¿cómo pueden los funcionarios públicos recuperar la confianza de los ciudadanos para los cuales trabajan? En primer lugar, al ser mucho más eficientes en la forma en que se gasta el dinero de los impuestos; y en segundo, al asegurar que los votantes entiendan (y sepan) hacia dónde va su dinero.

"La confianza en el gobierno podría aumentar si los gobiernos comunicaran con mayor claridad y frecuencia que cumplieron sus promesas", dijo Keefer. "Y que sus políticas tuvieron los efectos que dijeron que tendrían".
 

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