sostenibilidad y salvaguardias

Nuestra región es particularmente vulnerable al cambio climático, con un costo anual estimado para el año 2050 de US$100.000 millones, el 2,2 por ciento del producto interior bruto (PIB) de la región.

América Latina y el Caribe está particularmente expuesta a los efectos observados y proyectados del cambio climático debido a su ubicación geográfica, la distribución de la población, su infraestructura y la dependencia de recursos naturales frágiles para las actividades económicas y la subsistencia.

El cambio climático está afectando el orden conocido, planteando un desafío pero dando también la oportunidad de innovar. Ya sea para animar a más personas a tomar medidas a través de la participación comunitaria o para aumentar la seguridad energética de un país mediante la diversificación de su matriz energética, la innovación sirve como una fuerza positiva para el cambio.

Conocedor de esta necesidad, el BID contribuye en la región con préstamos, donaciones, asistencia técnica y creación de conocimiento. Lea más en nuestro blog.

La infraestructura es ampliamente reconocida como uno de los pilares clave del desarrollo. La infraestructura que se construye y administra correctamente conduce a más crecimiento económico y una mayor productividad y competitividad, y es esencial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la inclusión en la sociedad.

A medida que la población y las economías de la región crecen, las demandas de infraestructura adecuada, de alta calidad y respetuosa con el clima aumentan. Sin embargo, la infraestructura y los servicios que se ofrecen deben responder a muchos desafíos: rápida urbanización; acceso limitado a servicios básicos de agua, electricidad y saneamiento; integración regional y mundial; desastres naturales; y la necesidad de abordar la adaptación y mitigación frente al cambio climático.

En otras palabras: la región necesita soluciones de infraestructura que garanticen la sostenibilidad en el sentido más amplio, no solo abordando las preocupaciones ambientales sino también teniendo en cuenta los aspectos sociales y fiscales.

El BID demuestra un fuerte compromiso con la sostenibilidad a través de sus políticas, normas y directrices de salvaguardia ambiental y social. Cada política fomenta la sostenibilidad a través de un enfoque con dos vertientes. Por una parte, mejora los resultados mediante la integración de las preocupaciones ambientales y sociales, un enfoque que promueve los aspectos ambientales y sociales como elementos centrales en todas las actividades del proyecto. Por otra parte, minimiza los impactos negativos mediante la implementación de salvaguardias, incluyendo la identificación, el control y la mitigación de asuntos que surjan a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Estas políticas, que modelamos según las mejores prácticas internacionales, son esenciales para nuestra misión de reducir la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe.

Los especialistas de nuestra unidad de salvaguardias trabajan en estrecha colaboración con las partes interesadas de cada proyecto y los colegas del Banco para identificar y resolver problemas que puedan surgir durante los proyectos y programas, incluidas las cuestiones ambientales, la inclusión de los pueblos indígenas, el reasentamiento, el trabajo, la igualdad de género y las preocupaciones de salud y seguridad. La aplicación meditada de políticas, normas y directrices de salvaguardia garantiza que los beneficiarios del proyecto puedan prosperar en el largo plazo. Lea más en nuestro blog.

América Latina y el Caribe es, después de Europa, la segunda región más urbanizada del planeta. Ha pasado de una tasa de urbanización del 64 por ciento en 1980 al 80 por ciento en 2014. Si esta tendencia de crecimiento continúa, aproximadamente el 90 por ciento de la población de la región vivirá en ciudades en 2050. Este rápido ritmo de urbanización crea enormes desafíos para los municipios y da forma a su capacidad para administrar eficazmente la calidad de vida de sus ciudadanos. Además, el cambio climático plantea un reto sin precedentes para nuestras ciudades, muchas de las cuales están ubicadas en zonas costeras vulnerables a los huracanes, las inundaciones y otros desastres naturales.

Reconociendo estos desafíos, en 2011 el BID puso en marcha un programa especial denominado Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), que actualmente está trabajando en 40 centros urbanos intermedios (aquellos con poblaciones entre 100.000 y 2.000.000 de personas) de la región, promoviendo la sostenibilidad urbana en tres áreas principales —infraestructura y servicios urbanos, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad fiscal— a través de la concesión de préstamos, asistencia técnica y donaciones.

El programa ha ayudado a consolidar una red regional de ciudades —gobiernos locales, instituciones privadas, universidades y organizaciones ciudadanas— mediante el desarrollo de una plataforma amplia de comunicaciones y la convocatoria de actores clave en talleres, foros y eventos internacionales, lo que ha creado un espacio para el diálogo y el intercambio de las mejores prácticas, y ayudado a integrar la mitigación y adaptación al cambio climático en la agenda del desarrollo sostenible. Lea más en nuestro blog.

A medida que la región crece económicamente afronta nuevos desafíos relacionados con el equilibrio entre las demandas crecientes de recursos y la necesidad de proteger y gestionar los recursos naturales dentro del contexto del cambio climático. En este contexto es fundamental entender que la gestión sostenible de las tierras y los bosques puede contribuir a mitigar el cambio climático y, al mismo tiempo, mejorar la subsistencia de las poblaciones rurales, especialmente de los grupos indígenas y las minorías étnicas. También es importante reconocer el capital natural de la región como una ventaja competitiva única que, cuando se combina con su capital humano, ofrece una posibilidad de crecimiento sostenido y de igualdad social.

Estamos comprometidos en actividades que mejoran la gestión de las zonas protegidas, fortalecen instituciones ambientales, generan oportunidades de obtener ingresos para las comunidades con el fin de ayudarlas a mantener los ecosistemas vecinos, gestionan los recursos marítimos y costeros, y apoyan las iniciativas de gestión del cambio climático y los riesgos de desastres en las cuencas fundamentales.

El Programa sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (BSE) del Banco incorpora la biodiversidad y los ecosistemas en la toma de decisiones, asignándoles un valor. Ecosistemas como los bosques, las sabanas y las cuencas costeras proveen servicios esenciales que benefician a las personas, como recreación, agua y aire limpios, y prevención de la erosión del suelo. Los ecosistemas sanos y la biodiversidad que éstos sustentan son la base desde la que los servicios futuros pueden fluir hasta nuestras comunidades y economías. Al valorarlos y cuantificarlos, estos servicios de los ecosistemas se hacen visibles en su dimensión económica como insumo importante para las comunidades y la infraestructura. De este modo se convierten en parte del cálculo de la inversión en sectores claves de la economía en las operaciones tanto del sector público como del privado. Lea más en nuestro blog.

A pesar de los importantes avances sociales y económicos, sigue habiendo grandes diferencias entre las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, y el resto de la sociedad en América Latina y el Caribe.

Las desigualdades de género siguen representando barreras para el desarrollo económico de la región. Una de las pruebas más visibles de estos obstáculos es la violencia contra las mujeres, que afecta a una de cada tres mujeres de la región. Pero estas desigualdades también están presentes en otras áreas, como las tasas de participación de las mujeres en la fuerza laboral, su liderazgo y su empoderamiento económico.

Cerrar las brechas entre los afrodescendientes, los pueblos indígenas y el resto de la población es también un desafío crucial. En el primer caso, , la exclusión permanente de los afrodescendientes de la vida económica y cultural tiene un impacto en la gobernabilidad democrática, la seguridad ciudadana y la capacidad de varias subregiones para cumplir los objetivos estratégicos de desarrollo. En lo que respecta a los pueblos indígenas, es necesario crear las condiciones para que puedan prosperar y crecer en armonía con su entorno mediante la capitalización de las potencialidades de sus recursos culturales, naturales y sociales. Lea más en nuestro blog.