El Marco de la Gobernabilidad para la Gestión Ambiental Urbana

Existe un marco institucional para la Gestión Ambiental Urbana que está compuesto por normas, leyes, regulaciones, y las respectivas organizaciones que las manejan y que brinda una estructura para la gestión del medio ambiente, los recursos naturales y sus respectivos servicios en los entornos urbanos. Dicho marco, determina los mecanismos a través de los cuales los diversos actores interesados en, o afectados por, la problemática ambiental pueden administrar las mejoras para el medio ambiente y asegurar las sostenibilidad de los recursos naturales que influyen directa e indirectamente en la funcionabilidad de los centros urbanos. Por ejemplo, dichos mecanismos incluyen la participación pública en procesos de planificación y toma de decisiones, la supervisión y monitoreo ambiental auditada por terceros actores y la rendición de cuentas y de responsabilidad pública o social (social accountability). Estos mecanismos ayudan al desarrollo de un marco de gobernabilidad transparente y equitativo para la gestión ambiental y en consecuencia, un marco de gobernabilidad adecuado puede facilitar el camino hacia el desarrollo urbano sostenible.

A continuación se identifican los aspectos claves que el gobierno municipal, como actor fundamental para la resolución de la problemática ambiental urbana, puede tener en cuenta para consolidar un buen desempeño sobre el manejo de los recursos naturales y el medio ambiente, y en consecuencia, contribuir a la buena gobernabilidad ambiental:

De manera complementaria, las autoridades municipales cuentan con instrumentos económicos debidamente reglamentados en las leyes locales, los cuales abarcan una serie de mecanismos para promover prácticas ambientalmente sustentables; estos mecanismos incluyen impuestos, subsidios, tarifas por servicios, cargos por contaminación, cargos por licenciamiento, permisos transables, entre otros. El objetivo de los instrumentos económicos en el sector urbano-ambiental es crear los incentivos necesarios para producir prácticas y comportamientos deseables tales como la conservación de recursos naturales, la mitigación de impactos ambientales y la introducción de tecnologías ambientales. Estos instrumentos permiten incorporar los costos sociales y ambientales en el precio de los bienes, servicios o actividades y envían señales de mercado sobre los costos ambientales a las industrias, los usuarios de servicios urbanos y consumidores urbanos en general. En la administración municipal, la aplicación de instrumentos económicos es vital para la generación de ingresos municipales que a su vez sostienen los servicios municipales y actividades de planificación, regulación y monitoreo de políticas, proyectos y programas. De igual manera, los instrumentos económicos bien diseñados, aplicados y utilizados de manera complementaria a los instrumentos de comando y control pueden llevar a resultados satisfactorios en el cumplimiento de objetivos ambientales.

Las capacidades administrativas y financieras de los gobiernos municipales son factores primordiales para la gestión ambiental así como para el desempeño económico y social. Estas capacidades están determinadas, por ejemplo, de acuerdo a las designaciones presupuestales y la aplicación adecuadas de instrumentos económicos ambientales. En la medida que las ciudades tengan capacidad para generar y administrar sus propios recursos para la gestión del medio ambiente y los recursos naturales, el perfil de la agenda ambiental en relación al desarrollo local puede lograr consolidarse y contribuir a la sostenibilidad de la región. Adicional a los instrumentos tradicionales para el control ambiental, existen instrumentos de gestión y finanzas para el manejo ambiental tales como las licencias de construcción, las transferencias fiscales o las ordenanzas; estas últimas, por ejemplo, inciden en la capacidad de un gobierno municipal para captar recursos que pueden destinarse a actividades de la gestión ambiental urbana. puede lograr consolidarse y contribuir a la sostenibilidad de la región. Adicional a los instrumentos tradicionales para el control ambiental, existen instrumentos de gestión y finanzas para el manejo ambiental tales como las licencias de construcción, las transferencias fiscales o las ordenanzas; estas últimas, por ejemplo, inciden en la capacidad de un gobierno municipal para captar recursos que pueden destinarse a actividades de la gestión ambiental urbana.

Otro factor clave en la gestión urbana ambiental en Latinoamérica es la relación entre las autoridades centrales y los gobiernos municipales. El gobierno central ejerce una influencia directa sobre las políticas, programas y proyectos municipales, bien sea a través de las agencias ambientales o de planificación, los departamentos sectoriales o los ministerios. Dicha influencia varía de acuerdo a los niveles de descentralización y estructuras gubernamentales en cada país (Ej. provincias, departamentos, regiones, etc.) y en muchos casos puede facilitar u obstaculizar la protección y administración de los recursos naturales y el medio ambiente. Por ejemplo, el gobierno central y los municipios se relacionan a través de la designación de responsabilidades, convenios y transferencia de competencias y recursos presupuestales establecidas en leyes y reglamentos. En consecuencia, la buena coordinación entre gobierno central y autoridades municipales es esencial para lograr una gestión ambiental efectiva.

Por otra parte y como resultado de la descentralización en varios de los países de Latinoamérica los gobiernos municipales (compuestos por agencias y unidades municipales, mancomunidades asociaciones de municipios, entre otros) se han convertido en actores clave de la gestión ambiental urbana. No obstante, la delegación de competencias a las municipalidades no  se ha visto siempre acompañada de la asignación de recursos o de estímulos suficientes que permitan a los gobiernos locales incrementar sus capacidades técnicas y financieras.

Al interior de los municipios, el desempeño de los gobiernos municipales está determinado en gran parte por el liderazgo y la voluntad de las autoridades de impulsar una agenda ambiental efectiva. Una gestión ambiental eficiente requiere contar con el compromiso de las autoridades a fin de asegurar que las capacidades de gestión en las unidades encargadas de la gestión ambiental local sean apropiadas en sus diferentes niveles incluyendo los recursos humanos, técnicos y tecnológicos. Adicionalmente, los gobiernos pueden fortalecer sus capacidades técnicas a través de mecanismos para la coordinación intersectorial (tanto a nivel horizontal, con agencias locales, como a nivel vertical, con agencias regionales, nacionales e internacionales) y la puesta en marcha de alianzas institucionales, incluyendo la sociedad civil y el sector privado.