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Estado de Derecho
Porqué el BID Promueve el Estado de Derecho
Uno de los objetivos del Banco consiste en asistir a los gobiernos de los países miembros prestatarios y a sus ciudadanos en la creación e implementación de programas de reforma de sus sistemas jurídicos, de tal manera que se cuente con estados de derecho fortalecidos, como una manera de alcanzar un desarrollo sostenible y consolidar la democracia. El Banco promueve la existencia de estados de derecho que garanticen la seguridad jurídica, respetando en el diseño de sus proyectos el contexto cultural, económico y político de cada país.
En definitiva, el trabajo del Banco busca consolidar en la región sistemas de justicia efectivos basados en los principios de imparcialidad, acceso, eficiencia, independencia, transparencia y credibilidad, sin discriminación.
No es posible avanzar en el crecimiento sostenible y equitativo sin progresar en la seguridad jurídica y en la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. El desarrollo de la inversión y la capacidad de asumir riesgos, constituyen la base para el desarrollo de la economía de mercado y son incompatibles con la incertidumbre o lentitud que se observa en la región sobre la protección de derechos y obligaciones. El costo de esta inseguridad jurídica es muy alto para todos los sectores de la sociedad, siendo mayor para los pobres que tienen mayores dificultades en acceder a la economía formal como consecuencia de la prima de riesgo que conlleva negación de justicia de los sectores informales. Esto redunda en falta de acceso al crédito, a la propiedad, a los sistemas formales de producción y trabajo, problemas que forman parte de las consecuencias del déficit de seguridad jurídica en la región. Otra manifestación específica de estas deficiencias son los altos índices de corrupción que padece la región, fruto de la impunidad por el déficit de justicia, con consecuencias devastadoras sobre la confianza de los agentes económicos y sobre el acceso a los derechos de los pobres.
Campos de Acción
La División de Estado, Gobernabilidad y Sociedad Civil apoyará programas y proyectos que tienen como objetivo: (i) fortalecer la independencia del Poder Judicial; (ii) poner en marcha programas de acceso a la justicia, incluyendo la justicia de paz; (iii) fortalecer la capacidad de la administración de justicia en la lucha contra la corrupción; (iv) desarrollar sistemas modernos de gestión y administración de instituciones judiciales; (v) promover medidas alternativas de resolución de conflictos, como la mediación, el arbitraje y la conciliació (vi) actualizar la normativa sustantiva y procesal y (vii) proteger la seguridad ciudadana, control legal del uso de la fuerza y sistemas integrados de justicia en el área penal.
Cómo el Banco ayuda a los países para alcanzar sistemas de justicia efectivos.
Alcanzar un sistema judicial efectivo requiere un período extenso de trabajo en colaboración con varias instituciones. Para que el sistema judicial funcione adecuadamente, los jueces, fiscales, defensores públicos, policía, oficiales de la prisión, abogados, defensorías del pueblo, oficiales de rehabilitación y colegios públicos deben ser capaces individualmente de cumplir correctamente sus funciones. Las reformas de los sistemas de justicia requieren pues considerable apoyo político, recursos y experiencia. El Banco apoyará el trabajo de los países hacia logros de corto, mediano y largo plazo, en la formulación y aplicación de estrategias de largo plazo en el sector, a través de préstamos, cooperaciones técnicas, estudios, seminarios y conferencias. Asimismo, el Banco apoyará los países miembros prestatarios en:
- Actividades de Generación de consensos:
Las actividades de generación de consensos estarían orientadas a sentar las bases de reforma judicial, incluyendo diseños e implementación de estrategias participativas con los operadores del sector justicia, los legisladores, la academia y la sociedad civil para definir las prioridades de intervención en el sector. Asimismo, El Banco apoya a los seminarios y los talleres regionales, así como también los estudios específicos de cada país, los talleres, y los seminarios nacionales para definir, difundir y discutir las estrategias de reforma judicial en la región. - Fortalecimiento institucional del sector justicia:
El fortalecimiento institucional del sector justicia tiene como objetivo producir un cambio organizacional, a efectos de modernizar sus estructuras y sistemas gerenciales, administrativos y operativos. Se apoyará el fortalecimiento de la independencia judicial y de la imparcialidad de los jueces, a través de la promoción e implantación de la carrera judicial, la que debe conllevar mecanismos objetivos y transparentes de selección, ascenso, remoción y disciplina de jueces y funcionarios judiciales. Esto incluye el fortalecimiento de los sistemas de planificación y elaboración presupuestaria, así como la creación de capacidad para el uso de la estadística como herramienta de gestión, evaluación y control del desempeño de la administración de justicia. Asimismo se prevé la modernización de infraestructura y del equipamiento tecnológico necesario para el mejor funcionamiento del sector. - Educación, formación y capacitación:
El proceso de reforma judicial requiere de la formación de nuevos liderazgos, dentro del marco de un cambio de la cultura política de los ciudadanos de cada país. Existe aún un alto déficit de cultura cívica y democrática en la región, generado por la escasa experiencia democrática de un buen número de países y por las limitaciones en la calidad y cobertura de los programas de formación cívica existentes. Estas carencias dificultan la consolidación de los procesos democráticos, por lo que el proceso de reforma debe necesariamente articularse con una incorporación de estas temáticas en todos los niveles del sistema de educación. En este sentido, los proyectos del Banco apoyarán tanto actividades de educación, capacitación y formación del recurso humano asociado con el sector justicia, como también programas de educación cívica articulados con las actividades de la educación formal tanto escolar como universitaria así como planes de educación legal popular y formación ciudadana. - Participación ciudadana y sociedad civil:
El papel de la sociedad civil en el liderazgo y la consolidación de los programas de reforma judicial constituye una alternativa única e irrenunciable que comienza a ser parte central en estos procesos. Sin amplios consensos nacionales y sin la apropiación del tema por los líderes políticos y empresariales, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, las asociaciones profesionales y los medios de comunicación social, es difícil enfrentar una tarea tan compleja y esperar resultados favorables. La reforma judicial requiere de un sólido consenso y respaldo en el conjunto de la sociedad. Los proyectos procurarán ser participativos en su preparación, implementación y monitoreo de proyectos sobre la justicia. - La adecuación del ordenamiento legal y la promoción de los derechos fundamentales:
Una tarea prioritaria es superar la obsolescencia de buena parte de los códigos, leyes y normas. Acompañado a las reformas económicas, los países de la región han venido modernizando el derecho económico y administrativo; es necesario ampliar este esfuerzo de modernización a todos los campos de la vida social, económica y política, incluyendo mecanismos de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos de ambos sexos, con énfasis en los derechos humanos y el derecho de propiedad. Igualmente, la modernización del ordenamiento legal deberá prestar especial atención a las reformas que eliminen los elementos de discriminación de todo tipo, particularmente en contra de las mujeres y los pueblos indígenas.
