Gestión, Regulación y Economía Ambiental

Para dar marcha atrás a la tendencia que conduce al deterioro del medio ambiente en la región, deben superarse las fallas financieras, legales e institucionales existentes, y debe promoverse la participación de entidades públicas y privadas locales en el proceso de adopción de decisiones ambientales. En el documento del Octavo Incremento General de los Recursos Financieros del Banco Interamericano de Desarrollo se encomienda al Banco el otorgamiento de respaldo a los programas de los países miembros prestatarios encaminados a mejorar la legislación ambiental; el establecimiento de normas reglamentarias y sistemas concretos de incentivos y sanciones encaminados a promover la conservación del medio ambiente y mejorar la administración de instituciones con competencia en lo referente al medio ambiente y a los recursos naturales.

La División de Medio Ambiente respalda en forma activa a los países miembros prestatarios del Banco a los efectos de definir y afianzar la función de administración del medio ambiente y los recursos naturales. Entre los temas recurrentes en que se basa nuestra labor general y la encaminada hacia sectores específicos, figuran enfoques integrados de administración; utilización de incentivos y mecanismos basados en el mercado para controlar problemas de acceso abierto y externalidades; consecuencias financieras de la consecución de metas, así como enfoques de participación para la fijación de objetivos ambientales y el diseño y la aplicación de proyectos de inversiones.

La División ha examinado la eficacia y los atributos, en cuanto a incentivos, de diferentes instrumentos de políticas (como la creación de mercados de recursos, la imposición de cargos o el otorgamiento de subsidios, y la promulgación de patrones de comportamiento o resultados), en varios ámbitos de manejo de recursos, incluidos los referentes al agua, los pesqueros, los bosques y el control de la contaminación urbana. La selección de instrumentos que permitan alcanzar determinado objetivo (mejoramiento cualitativo del medio ambiente, utilización más sostenible de los recursos naturales existentes) suele no ser tarea sencilla, ya que depende de las circunstancias concretas. Pero al efectuar esa selección es probable que uno de los factores más decisivos sea el de la compatibilidad institucional, para cuya determinación es preciso tener en cuenta las necesidades de información referentes al diseño de los instrumentos y al control de los resultados de los mismos.

Por otra parte, la División elabora pautas de análisis de proyectos de inversiones, inspiradas en el principio general de que deben tenerse en cuenta todos los costos y beneficios, incluidos los de los servicios ambientales, para adquirir la certeza de que los proyectos que financia el Banco son sólidos desde el punto de vista económico, social y ambiental.

El financiamiento de un desarrollo sostenible sigue representando un desafío, tanto para el sector público como para el sector privado. En general, para realizar inversiones ambientales debe comprometerse un gran volumen de recursos financieros, que en general arrojan dividendos recién a largo plazo, y cuyos beneficios pueden recogerse a nivel local, regional o mundial. La División ayuda a articular una estrategia de financiamiento para el Banco encaminada a movilizar y generar suficientes recursos financieros, incluidos recursos internos, al mismo tiempo que respalda la utilización de instrumentos financieros nuevos e innovadores, tales como fondos ambientales, sistemas de recompra de deudas y participación del sector privado en proyectos ambientales.

La División de Medio Ambiente reconoce que queda más por hacer en la esfera de los modelos y sistemas institucionales de gestión del medio ambiente, especialmente teniendo en cuenta la tendencia regional a redefinir y reducir el papel del Gobierno central; la delegación de atribuciones a entidades regionales o locales descentralizadas, y la participación del sector privado. Se ampliará la labor futura haciendo más hincapié en la creación de capacidad en los gobiernos locales y avanzando en las esferas de la regulación del medio ambiente y el cumplimiento y la aplicación de normas coercitivas ambientales, a través de actividades de supervisión a cargo del Gobierno y de asociaciones de esfuerzos entre el sector público y el sector privado, en cuyo contexto las empresas y las organizaciones de base tomen parte activa en el mejoramiento del medio ambiente.