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Un tema del desarrollo: la reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres
Por CEPAL, BID (03/00, En, Es)
La magnitud de los daños humanos y económicos provocados por los desastres naturales en América Latina y el Caribe es estremecedora con arreglo a cualquier clase de medición. Algunas estimaciones hacen ascender a 150 millones la población afectada (directa e indirectamente). Y según las cifras compiladas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), solamente entre 1972 y 1999 la cifra de muertos asciende a 108 000 y el total de damnificados directos supera los 12 millones.
El monto total de los daños resultantes de las evaluaciones que la CEPAL ha hecho entre 1972 y 1999 asciende a más de 50 000 millones de dólares. Dado que la CEPAL sólo ha hecho evaluación de daños a solicitud de los gobiernos, y que esas evaluaciones únicamente cubren una parte limitada de los desastres que ha enfrentado la región, la cifra real de los daños humanos y materiales es mucho mayor.
Por otra parte, en la consideración de los daños provocados por los desastres naturales deben contemplarse los efectos sumamente perturbadores en la estabilidad emocional de la población afectada, los dislocamientos de grupos poblacionales significativos, entre los cuales destacan el impacto sobre la estabilidad social y política. De la magnitud de estas catástrofes y de la calidad de la reacción de los gobiernos muchas veces se han derivado importantes crisis políticas y sociales, lo cual subraya la importancia de los factores políticos-institucionales en la consideración de este tema, tanto desde la perspectiva de la prevención y reducción de la vulnerabilidad como desde la de las consecuencias que acarrean los fenómenos naturales.
Una visión apropiada de una estrategia integral de desarrollo debe basarse en cuatro pilares: la competitividad, la equidad, la gobernabilidad y la reducción de la vulnerabilidad. Los dos primeros factores, la competitividad y la equidad, quedan fuera del alcance de este documento; en él se tratarán la reducción de la vulnerabilidad y los aspectos de la gobernabilidad democrática relacionados con ella.
La relación entre reducción de la vulnerabilidad y gobernabilidad se justifica no sólo porque ?hay una relación directa entre el desarrollo económico y la calidad del proceso de gobierno?, sino también porque hasta ahora se ha desatendido la vulnerabilidad político-institucional, salvo cuando se examinan los organismos específicamente encargados del manejo de catástrofes (defensa civil, instituciones de alerta y otros). Pero la vulnerabilidad política-institucional, entendida como la debilidad institucional en su conjunto, y más concretamente la debilidad del sistema democrático, se ha revelado en muchas ocasiones como una de las causas más importantes de vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales y, a su vez, como causa incluso de las otras vulnerabilidades. En efecto, la debilidad del sistema democrático tiene consencuencias negativas en la eficiencia de las políticas públicas, la legitimidad de la acción gubernamental, la participación de los ciudadanos y las empresas en los esfuerzos nacionales, la articulación con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, la gestión y manejo de las emergencias, el procesamiento de las demandas y necesidades de los ciudadanos y la capacidad para responder a éstas.
Existe una estrecha relación entre la necesidad de reducir la vulnerabilidad y el incremento de la capacidad organizativa y participativa de las comunidades, el sector privado y el gobierno; igualmente imprescindible resulta que la comunidad internacional adecue su política a esta visión de reducción de la vulnerabilidad como fundamento de un desarrollo sostenible. Por la visión limitada de la capacidad institucional que hasta ahora ha prevalecido, en general se han creado instituciones orientadas y administradas mediante criterios poco participativos, con procedimientos centralizados, que se limitan a responder a la emergencia, sin prevención ni previsión, con estructuras verticales y muy escasos presupuestos. Adicionalmente, las legislaciones en algunos casos ni siquiera definen explícitamente los conceptos de prevención y mitigación. Sin embargo, el proceso de democratización, incluyendo la mayor penetración de los medios de información y la consecuente sensibilidad frente a estos problemas, está dando origen a esfuerzos de gestión del riesgo más integrales, en los que destaca cada vez más la necesaria articulación entre gobiernos centrales, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, así como una incidencia más coordinada y efectiva de la cooperación internacional.
Una estrategia de reducción de la vulnerabilidad como fundamento de un desarrollo sostenible debe estar basada en varias líneas de acción básicas; las más importantes son la gestión integral del riesgo, el fortalecimiento de la capacidad macroeconómica, políticas activas para reducir las distorsiones más sensibles, la coordinación de políticas regionales y subregionales, el fortalecimiento del sistema democrático y el incremento, reorientación y coordinación de la cooperación internacional.
Ultima actualización: 12/06/07
