La Ley de Responsabilidad Fiscal brasileña, aprobada en mayo de 2000, impone orden y responsabilidad en el gasto de los estados por medio de un marco
general para la planificación y ejecución del presupuesto, así como para la presentación de informes, que se aplica a todos los niveles del gobierno. Con respecto a las recaudaciones, la ley exige la retención de transferencias federales discrecionales a los estados y municipios que no recaudan sus propios impuestos de manera efectiva. Esto refuerza la enmienda constitucional de 1993, que permite al gobierno federal retener las transferencias a los estados que no cumplan sus obligaciones con el gobierno federal. La Ley de Responsabilidad Fiscal exige la publicación en cada nivel del gobierno de un análisis del impacto de las exenciones tributarias en el año de su entrada en vigor y en los dos años siguientes. Asimismo, exige que los gobiernos equiparen cada decisión relativa a un gasto permanente con un aumento correspondiente de las recaudaciones permanentes (o una reducción de otras partidas de gastos permanentes).

La Ley de Responsabilidad Fiscal tiene algunas consecuencias notables en el PFP general. En particular, debilita el poder de los gobernadores para influir en la política nacional, ya que los estados deben asumir una responsabilidad
mayor por sus propios problemas fiscales, reduciendo su capacidad para usar al gobierno federal como rehén por motivos fiscales.