NICARAGUA
Ladislao Brachowicz
(Actualizado octubre 2002)
La actividad económica se ha visto afectada por la postergación de decisiones de inversión nacionales y extranjeras hasta que no se solucione el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Este enfrentamiento ha significado que la iniciativa más importante del gobierno para sanear sus cuentas fiscales mediante una reforma tributaria haya tenido tropiezos en la Asamblea Legislativa, lo que supone demorar aún más un eventual acuerdo con el FMI y en consecuencia el desembolso de importantes recursos externos. Se prevé que este acuerdo entraría en vigencia el cuarto trimestre del año. En estas circunstancias, en 2002 el PIB tendría una expansión muy modesta de aproximadamente 1 por ciento, menor a nuestro estimado de marzo de 2 por ciento. Como resultado de la drástica contención del gasto y de una mayor recaudación, el déficit del sector público consolidado sin incluir donaciones sería el 10 por ciento del PIB (16 por ciento del PIB en el 2001). La inflación estaría alrededor del 6 por ciento. También se espera una mejora en la balanza de pagos por menores importaciones y mayores remesas familiares. Las perspectivas para el próximo año son más alentadoras. Dado el pleno respaldo de la comunidad internacional a la lucha contra la corrupción iniciada por este gobierno, la solución de la crisis política, el eventual acuerdo con el FMI y la recuperación esperada de la economía mundial, la expansión del PIB podría superar el 3 por ciento el año 2003. Asimismo, una mayor recaudación tributaria, producto de la recuperación de la actividad económica, permitirá un mejor manejo fiscal. Ello también contribuiría a generar mayores recursos para disminuir el saldo de la deuda interna.
Al primer semestre del año, la evolución del índice mensual de actividad económica registra una tasa de variación promedio de los 12 meses previos de 0,5 por ciento, lo cual evidencia una desaceleración del ritmo de crecimiento económico, pues dicho índice fue 4 por ciento a junio del 2001. La principal razón estriba en la disminución del gasto público por restricciones presupuestales y en la inversión privada. Los inversionistas asumieron una posición pasiva por la incertidumbre creada por el cambio de gobierno y el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Gráfico 1
En
el sector agroexportador se ha registrado una fuerte caída de productos
como el café, afectados no sólo por precios que están a sus mínimos
históricos sino también por un menor financiamiento, dada la crítica
situación del rubro cafetalero. En
el sector pecuario, la ganadería fue la más afectada por la reducción
de los precios internacionales ante la mayor oferta proveniente de
Australia. La construcción se
redujo significativamente por la
disminución tanto de la inversión privada como de la pública.
La
inflación acumulada a julio del 2002 fue 3,2
por ciento, inferior al del mismo
período del año anterior. La caída de la demanda explica esta
situación. A su vez, el gobierno continuó con su política de mini
devaluaciones, las cuales alcanzaron el 3 por ciento durante el mismo
período. Se estima
que la inflación ascendería a 6 por ciento este año.
El
comportamiento de la balanza de pagos estuvo influido por el mejor desempeño
de la balanza comercial y de las remesas
familiares. Las exportaciones totales disminuyeron en US$40
millones, siendo los más afectados los productos tradicionales.
De estos, solo la venta de carne y de oro experimentaron una
expansión, en tanto que las exportaciones de todos los demás (café, azúcar,
camarón, langosta) se redujeron, debido a caídas en volumen y, para
algunos productos, por menores precios.
La
disminución de las importaciones fue mayor, US$70 millones, como
resultado del lento
crecimiento de la economía y el menor gasto público. Las principales
zonas de intercambio comercial siguen siendo Estados Unidos y Centroamérica.
Entre ambas representan el 70 por ciento de las exportaciones y el
50 por ciento de las
importaciones.
En
el primer semestre de 2002, la balanza de servicios presentó un saldo
similar al del período
anterior, pero las remesas se elevaron en US$30 millones.
En consecuencia, el déficit de la cuenta corriente de la balanza
de pagos se redujo en unos US$50 millones, alcanzando un saldo negativo de
US$390 millones. Este déficit fue financiado con capitales privados,
alivio interino de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (PPME)
y capital oficial neto. La
inversión extranjera directa también presentó una disminución.
La mejora en la balanza de pagos permitió una ganancia de reservas
internacionales, las que ascienden
a un equivalente de 1,7 meses de importaciones de bienes.
De continuar estas tendencias, para el año como un todo, el déficit
en cuenta corriente será menor que el año pasado (32 por ciento del PIB,
en lugar de 37 por ciento).
Gráfico 2
Políticas económicas
Un
objetivo importante de la nueva Administración que asumió el poder en
enero del 2002 fue recuperar el equilibrio de las finanzas públicas (que
se habían deteriorado significativamente durante los dos años anteriores),
fortalecer las reservas internacionales, reducir y mejorar el perfil de la
deuda interna, y continuar las reformas estructurales para reactivar la
economía. Con este propósito, el gobierno sometió a consideración de
la Asamblea Legislativa un conjunto de medidas tendientes a reformar el
Presupuesto de la República para el
2002 y a generar ingresos adicionales a través de la ampliación de la
base de ciertos tributos. El
fortalecimiento de las Direcciones Generales de Ingresos y de Aduanas
también estaba contemplado dentro de estas medidas.
Las
principales reformas tributarias incluían: a) disminuir los productos de
la canasta básica que tenían tasa cero en el impuesto a las ventas;[1]
b) restablecer el impuesto a
la renta para el sistema financiero; c) eliminar la exoneración del
impuesto a la renta para los intereses generados por los depósitos de
ahorro y a plazo de las personas jurídicas; d) incluir en el pago del
impuesto a la renta a los establecimientos de juegos de azar y similares;
e) eliminar algunas exoneraciones a los derechos de importación; f)
elevar el impuesto a las ventas para el transporte aéreo del 6 al 15 por
ciento (la tasa básica); y g) derogar la exoneración del pago de
impuestos sobre la renta a las organizaciones no gubernamentales (ONGs).
El
gobierno también definió algunas medidas administrativas para reducir el
gasto, como son el cierre de
algunas instituciones, reducción de puestos de trabajo, renegociación de
los pagos de deuda interna y la postergación de los planes de inversión
pública e infraestructura. La
propuesta del gobierno combinaba una reducción de gastos y un aumento de
la recaudación para lograr una reducción del déficit público
equivalente al 2,8 por ciento del PIB. No obstante, la Ley de Ampliación
de la Base Tributaria aprobada por la Asamblea Legislativa no incluye
todas las propuestas hechas por el gobierno y, aunque se logrará un
aumento de la recaudación, ella no será suficiente para alcanzar las
metas de recaudación, quedando una brecha de aproximadamente 0,5 por
ciento del PIB. Para
compensar esta situación, el gobierno decidió gravar con una sobretasa
las importaciones, a la par que estudia otras medidas.
Gráfico 3
De
hecho, algunas medidas adoptadas por la Asamblea tendrán el efecto
perverso de ampliar el déficit y requerirán correcciones posteriores
cuando las condiciones políticas lo permitan.
Las modificaciones principales de la propuesta aprobada por la
Asamblea incluyen una extensión de la tasa cero del impuesto general a
las ventas al total de bienes de la canasta básica (de menos de 20 a 53
bienes). Continuaron exoneradas las importaciones del Ejército y la Policía
y se mantienen beneficios fiscales para varios sectores (turismo,
agropecuario, pesca y pequeña industria rtesanal).
Además, no se incrementará el impuesto al cemento para
construcciones de interés
popular, a la vez que se establece que el impuesto a las ventas
para el consumo de energía domiciliaria se aplicará a aquellos
que consuman más de 300 kilowats/hora
por mes. En compensación,
se decretó un incremento del impuesto a la renta de las personas jurídicas
en 5 puntos porcentuales (del 25 al 30
por ciento).
Las
finanzas públicas presentarán una mejora con respecto al año anterior.
Así, como resultado de la drástica contención del gasto y de una
mayor recaudación, el déficit del gobierno central, sin incluir
donaciones, será el equivalente del 9,4
por ciento del PIB (16,5 por
ciento del PIB el año pasado). El
déficit del sector público no financiero consolidado sería el
10,2 por ciento del
PIB (16,1 por ciento del PIB en 2001). Este déficit será financiado con recursos externos,
donaciones y privatizaciones, lo que permitirá una amortización neta de
la deuda interna. Cabe señalar
que las donaciones han representado un promedio del 8
por ciento del PIB en los últimos 5 años. El déficit cuasi fiscal del Banco Central será de 2,5
por ciento del PIB (2 por
ciento del PIB en 2001).
|
Cuadro 1 Saldo de la
deuda interna al 30 de junio de 2002 |
||
|
Instrumentos |
Millones de
dólares |
Porcentaje
del PIB de 2001 |
|
BPI
a |
754 |
30,1 |
|
CENIS |
543 |
21,9 |
|
Normales |
191 |
7,7 |
|
Bancos |
343 |
13,9 |
|
Programa
cafetalero |
9 |
0,4 |
|
Otros
Banco Central b |
135 |
5,5 |
|
Otros
gobierno central c |
54 |
2,2 |
|
|
|
|
|
Total |
1486 |
60,1 |
| Fuente: Banco Central de Nicaragua | ||
a Bonos de Pago por Indemnización
(por propiedades confiscadas).
b Instrumentos de corto plazo (bonos
en moneda extranjera, Títulos Especiales de Inversión).
c Corresponde a deuda del
gobierno con privados.
Debido
al exceso de liquidez en la economía, los agentes económicos siguen
dispuestos a adquirir títulos públicos (Certificados Negociables de
Inversión CENIS, Títulos Especiales de Inversión, bonos en moneda
extranjera) a pesar de que los rendimientos de los mismos han disminuido
sustancialmente. Así por
ejemplo, CENIS por un año colocados en diciembre del 2001, que obtenían
un rendimiento del 17 por
ciento, se colocaban con un rendimiento del 9
por ciento en junio del 2002.
Una razón es que la demanda por crédito del sector privado está
muy deprimida.
Por
otra parte, las tasas activas se mantuvieron en su nivel del año
anterior, 30 por ciento las
de corto plazo y 18 por
ciento de largo plazo. Ello
refleja los problemas de cartera vencida que ha experimentado una parte de
la banca y las quiebras de bancos que han ocurrido en años recientes.
El
servicio de la deuda interna por todo concepto asciende a US$351 millones
en el 2002 (14 por ciento del
PIB del 2001), US$227 millones (9 por ciento) en el 2003 y US$283 millones
(11 por ciento) en el 2004, para luego representar un promedio de US$90
millones en el resto de la década.
A
pesar de la baja de las tasas de interés pasivas, la liquidez se redujo
en la primera mitad de 2002, producto de la escasa demanda de crédito. A fines del primer semestre, los principales agregados
monetarios mostraban una contracción respecto a diciembre de 2001.
Tanto la base monetaria como M1 disminuyeron en aproximadamente 10
por ciento en términos nominales.
Por su parte, hubo un aumento en los depósitos a plazo tanto en
moneda nacional como en moneda extranjera.
Estos se expandieron en US$125 millones (casi 5 por ciento del PIB)
entre diciembre 2001 y junio del 2002, lo que también es un indicador de
la mayor confianza en el sistema financiero.
Cabe notar que los depósitos en moneda extranjera representan casi
70 por ciento del total de
M3.
El programa de privatizaciones se ha estancado. No obstante que la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, había otorgado por segunda vez la empresa HIDROGESA a la compañía Coastal Power International, el gobierno ordenó suspender la privatización de la empresa por irregularidades denunciadas por otra empresa que participó en la licitación y por la denuncia de los pueblos indígenas de Jinotega, por la supuesta privatización del uso de las aguas de la laguna de Apanás.
Nicaragua alcanzó el Punto de Decisión de la Iniciativa PPME en diciembre de 2000. Por medio de ella, la reducción total de la deuda del país podría alcanzar US$3,267 millones en términos del valor presente neto (72 por ciento de su valor actual). El valor presente de la contribución del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es de US$435 millones, el del BID es US$386 millones y el del Banco Mundial es de US$189 millones. Asimismo, el país se hizo elegible para alivio interino del servicio de la deuda, el cual podría llegar al monto máximo de un tercio del alivio total (en términos de servicios de la deuda).
En el marco de esa iniciativa, Nicaragua ha continuando realizando esfuerzos con sus acreedores bilaterales para la reducción de sus obligaciones. Así, durante el presente año se han logrado importantes acuerdos con Brasil, Bulgaria y Finlandia, lo que le ha permitido una reducción de las deudas bilaterales con estos acreedores de US$365 millones. El monto más significativo provino del arreglo con Bulgaria, lo que le permitió una reducción de US$220 millones. El gobierno también espera llegar a un acuerdo con Costa Rica, su principal acreedor latinoamericano (alrededor de US$500 millones).[1] La
tasa cero se presta a abusos, porque genera créditos por impuestos a
las ventas pagados sobre los insumos utilizados en producir los bienes
con esa franquicia. Ello no ocurre con bienes que simplemente están
exonerados del pago del impuesto a la renta.
Las
perspectivas para lo que resta del año 2002 dependerán en gran medida de
dos factores claves: la celeridad con
la que se resuelva la crisis política y el logro de un acuerdo con el FMI.
No obstante que las modificaciones realizadas por la asamblea legislativa
dilatarán el logro de un acuerdo con el FMI, ello no impedirá que
Nicaragua siga beneficiándose del alivio interino de la Iniciativa PPME,
pero si retrasaría su Punto de Cumplimiento.
Aún más, habida cuenta del recorte de gastos para reducir el déficit
fiscal, existe el temor de que los proyectos asociados con la reducción
de la pobreza se vean afectados, lo que a su vez impediría cumplir con
una de las condiciones de dicha iniciativa que requiere la implementación
exitosa de la ERCERP durante por lo menos un año.
En este contexto, se prevé que, de cumplirse las condicionalidades
acordadas, el país podría alcanzar el Punto de Cumplimiento en el
segundo semestre del 2003, un año más tarde que lo previsto inicialmente.
Ello le aseguraría pasar del alivio interino al alivio permanente.
Se
espera que el eventual acuerdo con el FMI se alcance en el cuarto
trimestre del año. Ello facilitaría el desembolso de aproximadamente US$90
millones de préstamos de las organizaciones multilaterales, entre los que
se encuentran US$30 millones ligados a la reforma de la Seguridad Social,
a la vez que otorgaría mayor confianza a los inversionistas nacionales y
extranjeros.
Las
perspectivas para el próximo año son más alentadoras. Dado el pleno respaldo de la comunidad internacional a la
lucha contra la corrupción iniciada por este gobierno, la solución de la
crisis política, el eventual acuerdo con el FMI y la recuperación
esperada de la economía mundial, la expansión del PIB podría superar el
3 por ciento en el año 2003. Esta
predicción está basada en un mayor nivel de inversión privada nacional
y extranjera, lo que permitirá una recuperación de los sectores
productivos. Cabe señalar
que la inversión extranjera directa en Nicaragua se ha concentrado
particularmente en los sectores maquila, energía, agroindustrial y
servicios (hoteles y centros comerciales).
Asimismo, la recuperación de la actividad económica permitirá un
mejor manejo fiscal. Es
importante que Nicaragua aproveche una eventual recuperación y solución
de los problemas políticos recientes para introducir una reforma fiscal
que reduzca su déficit fiscal crónico, permita reducir el peso de la
deuda interna y genere los recursos que se requieren para el combate
contra la pobreza.
Además,
el gobierno debe proseguir con las reformas ya iniciadas.
En el tema financiero, ellas incluyen la continuación del
fortalecimiento del sistema financiero, sobre todo en lo relacionado a las
normas prudenciales y de supervisión,
la implementación de los planes de acción para la recuperación
de los activos adquiridos de los bancos insolventes y completar el
traspaso de las cuentas de la seguridad social de los servidores públicos
al sistema privado de pensiones.
En lo relacionado a la reforma del sector público, el gobierno
debe completar la privatización del 49
por ciento en su poder
de la empresa de Telecomunicaciones ENITEL, a la vez que continuar la
privatización de las plantas generadoras de energía de ENEL, aprobar la
ley de Servicio Civil e
implementar una reforma tributaria profunda.
Esta última debe incluir
una considerable reducción del número de productos sujetos a
exoneraciones, eliminar la tasa cero para los productos a los que ahora se
les aplica, la expansión de la base del impuesto a la renta y la inclusión
del petróleo y sus derivados en la base del impuesto al valor
agregado.
En los temas de transparencia y gobernabilidad, el gobierno debe aumentar la eficiencia de la Contraloría General de la República, continuar el fortalecimiento institucional del sistema judicial (enfatizando la necesidad de la carrera judicial) y poner en marcha un sistema satisfactorio de manejo e inspección de las contrataciones públicas. Un aspecto de primera importancia es la aprobación de un código tributario que establezca con claridad y fuerza legal las obligaciones y derechos de los contribuyentes y del Estado.