HONDURAS
Gina Montiel
(Actualizado Octubre 2002)
La gestión de la nueva
administración del Presidente Ricardo Maduro, que tomó posesión el 27
de enero de 2002, se inicia en un contexto macroeconómico caracterizado
por restricciones fiscales y un entorno externo en el cual los términos
de intercambio continúan desfavoreciendo al país. La economía se
desaceleró en 2002 por segundo año consecutivo. También, a consecuencia
de la desaceleración económica, el déficit fiscal aumentó fuertemente.
Si bien se tomaron medidas de ingresos en mayo del año en curso y se
revisó el presupuesto, el rendimiento de estas medidas no será
suficiente para reducir la brecha fiscal en el mediano plazo, habida
cuenta de los aumentos de sueldos decretados en 2002, los que, además,
compiten con los programas y proyectos de la Estrategia de Reducción de
la Pobreza y la inversión pública.
Por el momento, el financiamiento de las empresas del estado al gobierno
central y la activa política monetaria han contribuido a la estabilidad
del mercado cambiario y de precios. El
Plan de Gobierno define la estrategia en los distintos sectores e
incluye reformas orientadas a aumentar la eficiencia de la economía a
través de la modernización del sector público y la profundización de
la participación del sector privado en distintos sectores de la economía.
Asimismo, se da prioridad al mejoramiento de la gobernabilidad del país.
El gobierno está negociando un nuevo programa con el FMI para los próximos
tres años bajo el servicio de Crecimiento y Reducción de la Pobreza (PRGF,
siglas en inglés), que se ven complicadas por los desvíos registrados en
las metas fiscales para 2001.
Durante
2002, la tasa de crecimiento de la economía de Honduras ha continuado
desacelerándose, luego de descender
de 4,9 por ciento en 2000 a 2,6 por ciento en 2001. Para 2002, se
espera un aumento del PIB de tan sólo 2 por ciento, que es inferior a la
tasa de crecimiento de la población. Este comportamiento es explicado por
la caída en la actividad de los sectores agrícola, construcción e
industria manufacturera que no fueron compensados por el repunte en las
actividades vinculadas a servicios y extracción de minerales. Las
actividades en el sector agropecuario continúan deprimidas por el bajo
precio del café, si bien se registra un aumento en la producción de
granos y otros cultivos, que se han beneficiado de favorables condiciones
climáticas.
Gráfico 1
La
evolución de los precios ha reflejado el menor dinamismo de la demanda,
registrándose un descenso en la tasa de inflación interanual, la cual a
julio 2002 alcanzó 7,9 por ciento, inferior a la registrada en similar período
del año anterior, cuando se ubicó en 9,3 por ciento.
Sin embargo, durante los meses de junio y julio se ha dado un aumento
en la variación mensual del índice de precios al consumidor, explicada por
alzas en las tarifas eléctricas y el aumento
en los precios de vegetales y legumbres.
Si bien se dieron ajustes al salario mínimo y a las remuneraciones
de maestros de educación primaria, no
se ha percibido todavía su impacto en los precios.
Se
ha registrado un descenso en el empleo formal, que se evidencia en la caída
en el empleo en el sector maquila y de las afiliaciones al Instituto Hondureño
de Seguridad Social. Durante el primer semestre de 2002, estas últimas
disminuyeron en 14,5 por ciento con relación a igual período en 2001.
Si
bien durante los primeros cinco meses del año se ha observado un
fortalecimiento de la posición externa del país que se ha traducido en una
acumulación de reservas internacionales netas en poder del Banco Central de
US$137,5 millones (58 por ciento mayor a la acumulación de reservas de todo
el año 2001), esta situación es muy transitoria por cuanto refleja la
transferencia de recursos en divisas realizada por la empresa telefónica (HONDUTEL)
al gobierno central y la caída en las importaciones producto de la
desaceleración de la economía.
Así,
la balanza comercial de Honduras para el período enero-mayo registró un déficit
de US$ 664,5 millones, inferior en US$56,5 millones al logrado en igual período
del año anterior. Este
resultado estuvo determinado por la reducción de 7,2 por ciento en el valor
de las importaciones. Igualmente, el valor de las exportaciones mostró una
caída de 6,4 por ciento, al reducirse los volúmenes exportados y, para
algunos productos, también los precios.
Por
el lado de la cuenta de capital, se ha dado una baja en los desembolsos del
sector público vinculados al descenso en el ritmo de ejecución de
proyectos asociado a la transición del gobierno y al diferimiento de las
negociaciones del programa con el Fondo Monetario Internacional (ver más
abajo). En este contexto de menor financiamiento, se han diferido los pagos
de servicio de la deuda a los países miembros del Club de París. También,
el país ha continuado beneficiándose del alivio interino de deuda bajo la
Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (PPME). Durante el primer
semestre de 2002, Honduras ha realizado avances en
el cumplimiento de las condiciones establecidas para llegar al Punto
de Culminación de la citada iniciativa,
que podría alcanzarse durante el segundo semestre de 2003, a partir
del cual el país recibirá alivio pleno de deuda externa (alrededor de 17
por ciento del total).
Gráfico 2
Políticas económicas
La
nueva administración ha tomado un conjunto de medidas que incidirán
sobre la posición financiera del sector público.
El Ejecutivo logró la aprobación por parte del Congreso de la
modificación del presupuesto 2002 a fin de asignar mayores recursos a los
gastos en seguridad, educación y salud. El Congreso también aprobó la
Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social, enviada por el
Ejecutivo, por medio de la cual se amplía la base de productos y
contribuyentes sujetos al pago de impuestos, se establecen medidas para
controlar las exoneraciones impositivas, se armonizan aranceles con el
resto de los países del área y se aumenta el costo de algunos servicios
del gobierno. Este conjunto de medidas ha sido acompañada por mejoras en
la administración tributaria que han incluido, por primera vez, el cierre
de negocios. Sin embargo, estas medidas no han podido evitar una caída en
los ingresos tributarios, los cuales han comenzado a acusar el impacto de
la desaceleración del crecimiento de la actividad económica.
El
gobierno se encuentra, así, en una disyuntiva difícil. El recorte de
gasto se hace inevitable, porque los recursos necesarios para financiar el
déficit (fundamentalmente externos) son inflexibles.
Por lo tanto, las variables de ajuste son el gasto corriente o el
gasto de inversión. Lo óptimo
es un recorte del gasto corriente o, por lo menos, evitar un aumento en
dichos gastos. Ello torna
indispensable que el gobierno logre acuerdos con los gremios a fin de
limitar los aumentos de salarios del sector público.
A
pesar de los esfuerzos de las autoridades, ello no ha sido posible hasta
ahora. El salario mínimo fue
aumentado en 12 por ciento efectivo para el período mayo-diciembre de
2002. Asimismo, se acordó con los maestros de educación primaria la
escala de aumentos del sueldo base para el período enero 2002-junio 2005,
para luego vincularlos a los ajustes del salario mínimo.
Los ajustes saláriales para los maestros de educación secundaria
y para otros gremios como salud están aún pendientes.
Los aumentos ya otorgados superan con creces el aumento del salario
mínimo y la tasa de inflación esperada, poniendo en peligro la
sostenibilidad fiscal y aumentando los costos de la
ejecución de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), la
cual debe ser instrumentada por un año para que Honduras pueda acceder al
Punto de Culminación de la Iniciativa PPME y recibir el alivio definitivo
de la deuda. Además, de no tomarse medidas adicionales, la aprobación
del nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional podría quedar en
suspenso, lo que, por otra parte, podría llevar a la postergación de
nuevas inversiones nacionales y extranjeras y a atrasos en alcanzar el
Punto de Cumplimiento. Bajo las circunstancias actuales, entonces, es difícil
que se pueda evitar un ajuste severo en la inversión pública y en
programas discrecionales.
El
fortalecimiento del sistema financiero y de la supervisión bancaria han
sido prioritarios en la agenda del nuevo gobierno. En mayo, luego de tomar
control de dos bancos relativamente pequeños, se capitalizaron con
recursos del Fondo de Seguros de Depósitos (FOSEDE), con la intención de
proceder a venderlos lo antes posible. Asimismo, se trasladaron los
activos y pasivos de otro banco con problemas a una institución con mayor
solidez. En agosto, se
modificó la Ley de Instituciones Financieras a fin de reducir el monto máximo
de préstamos a partes
relacionadas de 120 por ciento del capital a 30 por ciento;
bajar el límite de la participación de los bancos en el capital
de otras empresas del 50 por ciento vigente a
20 por ciento en un plazo de dos años; e introducir protección
legal para el personal de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por
decisiones tomadas en la conducción de sus responsabilidades.
A pesar de estas acciones, es importante anotar que Honduras aún
tiene desafíos importantes en el mejoramiento de la supervisión y
regulación bancarias.
La
política monetaria estuvo orientada a mantener la estabilidad de precios y en el mercado cambiario. El Banco Central aumentó
sustancialmente las operaciones de mercado abierto incrementando la
colocación de certificados de absorción tanto en moneda nacional (CAMs)
como en dólares (CDDs) durante el primer semestre del año, compensando
con ello, parcialmente, el impacto de la disminución en las inversiones
obligatorias de los bancos en papeles de Banco Central,
que continuaron reduciéndose para ubicarse en 3 por ciento en el
período comprendido entre julio y septiembre.
Las
tasas de interés han continuado descendiendo durante el año. Es así
como los promedios ponderados de las tasas de interés nominales pasivas y
activas en moneda nacional para
nuevas operaciones se situaron en julio en 13,2 por ciento y 21,5 por
ciento, respectivamente. En
tanto, las tasas de interés sobre operaciones pasivas y activas en moneda
extranjera se ubicaron en 3,6 por ciento y 8,8 por ciento, respectivamente.
De este modo, se redujo ligeramente el margen de intermediación
financiera en el mercado en moneda extranjera y ampliándose el
correspondiente a la moneda nacional.
Para
2002, el programa monetario del Banco Central de Honduras contempla una
meta de inflación de 8 por ciento,
una tasa de crecimiento en un rango entre 2 por ciento y 2,5 por
ciento y una acumulación de reservas internacionales netas de US$10
millones. La baja presión de la demanda y la activa política
monetaria han contribuido a mantener una tasa de inflación que,
anualizada, se ubica alrededor de esa meta.
Sin embargo, las presiones que generará el gasto público
durante el segundo semestre del año, a causa de efectos estaciónales,
y el impacto de los ajustes salariarles ya concedidos, podrían generar
presiones sobre los precios por la vía de un financiamiento que, a la
postre, resulte inflacionario. Esas presiones podrían verse exacerbadas
por concesiones excesivas a los maestros de educación secundaria.
Luego
de los desvíos registrados en las metas fiscales a diciembre de 2001,
Honduras iniciará en breve las negociaciones de un nuevo programa de
tres años de la Facilidad de Crecimiento y Reducción de la Pobreza (PRGF, siglas en
inglés). El avance en el programa permitirá consolidar la confianza de
los inversionistas en un contexto de estabilidad macroeconómica.
Las
perspectivas económicas para 2003 son algo más auspiciosas.
Si la economía estadounidense comienza un proceso de recuperación
y Honduras logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hacia
fines de 2002, el PIB hondureño podría crecer a un 3,5 por ciento en
2003. Aunque esta tasa es aún
baja, representaría una mejoría importante con respecto a 2001 y 2002. A medida que se recupere la inversión y el consumo privados,
el gobierno tendrá más espacio de maniobra para introducir los
programas de reforma tributaria y de ordenamiento del gasto público que
son indispensables para cerrar definitivamente la brecha fiscal y
facilitarle recursos al
fisco con los cuales afrontar los gastos que demandará la Estrategia de
Reducción de la Pobreza.