"reconstruction must not be at the expense of transformation"

Documento Conceptual
Justicia y Transparencia desde una Perspectiva Centroamericana
Dr. Jorge Eduardo Tenorio
Presidente de la Corte Supreme de Justicia de El Salvador

Entorno Histórico-Judicial de Centroamérica

Para entender las características, los vicios y las virtudes de los distintos Sistemas Judiciales Centroamericanos es indispensable hacer un breve relato histórico de la Región.

Con excepciones de espacio y tiempo, el autoritarismo fue la característica de los modos y formas de gobernar los distintos países del Istmo. Esto traía como consecuencia una verdadera concentración de poder en manos o bien de un dictador o bien de una élite y como contrapartida Poderes Judiciales sumamente disminuidos, en los cuales el término “Poder” significaba básicamente todo lo contrario.

Los Sistemas de Justicia no ejercían, como era lógico suponer, un rol contralor de la actividad del Estado ni mucho menos dispensaban una Administración de Justicia equitativa, imparcial y accesible para todos los ciudadanos de los distintos países.

Los asuntos judiciales venían a constituir desde el punto de vista del poder real, algo secundario, los fallos tenían un origen esotérico para las grandes mayorías y casi siempre acomodado a los dictados del poder y a los intereses de minorías elitistas.

Lamentablemente, el Sistema de Justicia todavía se ve en alguna medida enervado por las circunstancias negativas antes descritas.

En las circunstancias anteriores, hablar de integridad y transparencia resultaba, con ligerísimas excepciones, pura ficción.

Confianza y credibilidad son dos términos que aún hoy poseen escasa vivencia en la justicia y que los involucrados en el quehacer de la misma estamos cuesta arriba, tratando de producir. Sin embargo, hay progresos, progresos que no todos reconocen y que hace falta difundirlos debidamente. Lo negativo de lo descrito no debe hacernos perder de vista que si hacemos un balance de la situación de la justicia en 1999, tendremos que reconocer con toda objetividad que no es la misma de hace una década, que hay señales positivas en el horizonte. Pero si bien esto es cierto, continúa existiendo una percepción negativa y muy particularmente el prejuicio de que existe escasez de transparencia en las Administraciones de Justicia. Revertir semejante percepción es un desafío de gran magnitud e inmediato para las Instituciones de Justicia mismas y posee, casi sobra decirlo, trascendencia e importancia para la gobernabilidad, para generar un clima adecuado para las inversiones y para el fortalecimiento y consolidación de los modernos Estados de Derecho que pretendemos construir en la Región.

Credibilidad de los Sistemas de Justicia Centroamericanos

Si bien no es un fenómeno privativo de los países Centroamericanos, ni tampoco lo es de los Poderes Judiciales, existe en los países del Istmo toda una campaña que trata de disminuir los logros obtenidos en el sector público y particularmente en el campo de la justicia y que además persigue configurar una percepción negativa respecto al mismo. Este fenómeno tiene diversas causas: a) por una parte existe una innegable añoranza por los regímenes autoritarios del pasado en algunos sectores de nuestros países, sectores cuyo control social, económico y político se ha visto reducido por el establecimiento de gobiernos democráticamente elegidos; b) a causa de las dificultades económicas y sociales que enfrentan nuestros países desde antaño, agravadas por los recientes conflictos internos, se ha generado una escalada delincuencial de magnitudes aflictivas y de consecuencias negativas de todo orden. Esto ha colocado en el banquillo de los acusados a los Sistemas de Seguridad democráticamente creados, nuevos, como ineficientes e ineficaces. A su vez ha producido un sentimiento contra toda reforma de la Legislación Penal que se adecue a parámetros de estado moderno y democrático, a tal grado que por ignorancia o mala fe se hace responsable a las leyes de la producción de delitos y delincuentes; lo anterior hace perder de vista las verdaderas causas del delito y disminuye la calidad de los esfuerzos que se realizan para combatirlo, provoca además un olvido de la situación de pobreza en que viven grandes segmentos de la población centroamericana y del poco o ningún acceso que esta población tiene a los bienes de la civilización; y c) se ha producido la percepción perversa y falaz de que los juzgadores de todo orden y especialmente del Sistema Penal, ejercen sus funciones en forma corrupta, contra toda transparencia y que aplican leyes que de antemano se califican de malas, sin la integridad moral que deberían emplear al hacerlo. En resumen, tenemos supuestamente malos jueces, malas leyes, mal sistema de seguridad y según algunos, ningún progreso significativo en orden a la modernización y fortalecimiento del Estado en los sectores antes mencionados y particularmente en el de la justicia.

Reformas Judiciales Centroamericanas

En los últimos quince años, aún en medio de los conflictos dichosamente superados, iniciaron en nuestros países procesos de reforma judicial vigorosos, científicamente concebidos y en los cuales la cooperación internacional jugó y juega un rol importantísimo.

Reformas constitucionales de diverso orden se introdujeron para potenciar la calidad de la justicia, para mejorar la integración de los tribunales, para crear las condiciones adecuadas que permitiesen el establecimiento de verdaderas Carreras Judiciales y para fortalecer los Poderes Judiciales, como una condición indispensable para la creación de modernos Estados de Derecho.

Uno de los grandes capítulos de las reformas ha incluído la producción de nuevos Códigos, la introducción de sistemas de oralidad en los procesos, punto muy importante en orden a lograr transparencia, la adecuación del Derecho interno a los tratados internacionales que privilegian los derechos humanos, la introducción de tecnologías que permiten una mayor certeza y celeridad procesal al facilitar el trabajo judicial y otros aspectos que son en mi opinión, puntos positivos en este difícil camino de las reformas judiciales.

El proceso anterior ha tropezado con grandes dificultades, incluso de opinión pública interesada o manipulada por sectores que ven en el progreso de la justicia un valladar para el manejo prepotente del Estado a su favor. Esto es lógico que ocurra, es la cultura de la resistencia al cambio, pero desde luego constituye un adversario difícil a vencer en el duro camino del progreso que a la justicia le toca recorrer.

Un aspecto muy importante de los programas de reforma judicial ha sido la intensa capacitación a que se han visto sometidos los distintos operadores del Sector Justicia, maestros de diversos países han impartido una considerable cantidad de cursos a jueces, fiscales, defensores públicos y abogados en ejercicio, así como a elementos de la Seguridad Pública y de otros sectores de la población, para mejorar sus destrezas y habilidades en las actividades que les toca desempeñar. Personalmente he sido testigo y puedo dar fe de la calidad y de la cantidad de trabajo invertido en este importantísimo campo de la capacitación, que ha tenido y hay que repetirlo, que suplir graves deficiencias formativas provenientes de una enseñanza universitaria en crisis y de sistemas educativos insuficientes.

Es bueno reiterar que ninguna ley nueva, que ningún sistema procesal novedoso, fueron introducidos sin un previo conocimiento popular y particularmente de la sociedad civil. Todos pudieron tener acceso a los distintos proyectos, un programa de divulgación legal popular de gran magnitud se desarrolló y sigue desarrollándose en nuestros países, lo cual permitió y permite un debate constructivo y un elemento generador de democracia. Sin embargo, sectores interesados siguen acusando de falta de transparencia a estos procesos de producción de nuevas normativas. Nada más falso.

Potenciación de la Transparencia

Las nuevas democracias tienen entre otras características, la de producir una verdadera tormenta en el uso de la libertad de expresión y de información. Esto es bueno, yo diría excelente para la generación de una verdadera transparencia en todos los procesos de modernización del Estado. En el campo particular de la justicia, informar debidamente a la sociedad resulta indispensable. Las paredes de la justicia tienen que ser de cristal para que funcione la transparencia y para que se produzca la confianza y la credibilidad en la misma. En una primera etapa en los procesos de construcción de la democracia , todavía desacostumbrados a un debate respetuoso y creativo, resulta fácil atacar infundadamente a aquellos cuya reacción o respuesta no puede por principio ser violenta, tal es el caso de los aplicadores de la justicia. Sin embargo, estamos seguros de que es mucho mejor soportar el ataque infundado, la imputación irresponsable, la denuncia sin base, la generalización simplista e irracional, que un sistema que potencie el esoterismo y que privilegie el terror. Hay que armarse de paciencia y hay que entender que las aguas siempre llegan en su momento debido al nivel adecuado. Aclarado lo anterior, queremos hablar y debemos hacerlo de cómo potenciar la transparencia en la justicia.

Una primera gran medida, en nuestra opinión indispensable, es la creación de verdaderas Carreras Judiciales en los países del istmo, carreras que garanticen nombramientos idóneos, estabilidad en los cargos, que aseguren a quienes lo merezcan posibilidades de ascensos justos y en base a méritos, que doten de salarios y prestaciones adecuados a los servidores judiciales y que por otra parte contengan regímenes disciplinarios severos que permitan, en base a la sana crítica, expulsar del sistema a los elementos indeseables y en el caso de los rescatables, sancionarles con severidad. Esto demanda sistemas de investigación judicial modernos y eficaces, que utilicen métodos científicos para detectar y establecer los casos de corrupción, todo lo cual requiere recursos, capacitaciones y otros egresos que probablemente los países centroamericanos no poseen en estos momentos.

Ha habido algunos progresos en el campo de la Carrera Judicial pero no son suficientes. Los sistemas de tales carreras demandarán ingentes recursos en el futuro inmediato y el perfeccionamiento de los sistemas de investigación sólo será posible con una adecuada cooperación internacional.

Lo anterior no excluye la debida atención a los elementos que sirven a la justicia sin formar parte de la Carrera Judicial, es decir aquellos que pertenecen al Sector Administrativo que por claridad podemos llamar Servicio Civil.

Sin una auténtica Carrera es difícil lograr en el corto plazo y aún en el mediano plazo, niveles adecuados de transparencia y una real, pronta y cumplida justicia. Y no olvidemos que sin una justicia transparente el rol contralor que a los Sistemas de Justicia corresponde no puede ser ejercido debidamente.

Otro aspecto que puede potenciar la transparencia, la honestidad y la integridad judicial, es la oralidad en los procesos judiciales. Ya se está implantando en algunas materias y a juicio nuestro deberá generalizarse a todas las jurisdicciones. Esto implicará desde luego nuevas inversiones, nuevos gastos, pero podemos tener la certeza de que los réditos en materia de transparencia compensarán con suficiencia lo que se invierta en oralidad. Es incuestionable que el proceso oral genera probidad, integridad y transparencia en un grado muchísimo mayor que los juicios escritos. En esta materia el papel de los medios de comunicación social es de singular importancia para guiar a la opinión pública a un responsable y efectivo desempeño de su papel de control social.

Aspecto de suma importancia es el establecimiento de Códigos de Etica Judicial y Profesional. Respecto a los primeros nos remitimos a lo expresado respecto a la Carrera Judicial; en lo que atañe a los abogados, a los procuradores, a los notarios, sistemas de control de su ejercicio modernos y eficaces deberán implantarse a la brevedad posible. Probablemente Colegios Profesionales en los que participe el gremio con mayor intensidad que el Estado, podrían coadyuvar en este campo. No podrá haber justicia transparente, sin abogados cuya corrección en el desempeño de sus labores en los procesos, resulte en la mayoría de los casos incuestionable.

Pero el requisito mayor para que la transparencia sea una realidad en la justicia centroamericana es el fortalecimiento de la independencia judicial. Esta independencia tiene muchísimos enemigos de todo orden, uno de ellos es la miopía fiscal, es el prejuicio absurdo de que las inversiones en justicia no son rentables para los países, dichosamente este prejuicio ha sido rebasado por los organismos financieros internacionales que han entendido que es elemental e incluso esencial invertir en justicia para crear las condiciones que permitan conquistar desarrollo verdadero, estable y sostenido.

Invertir en justicia no es otra cosa que volverla fuerte e independiente, cada día más independiente, cada vez menos sometida a los vaivenes de la política y a las pretensiones de los sectores que buscan controlarla. Esta lucha es difícil y está íntimamente ligada a la transparencia. Sólo con una justicia que funcione en base a principios, normas constitucionales y legales, pruebas debidamente producidas, y además transparente en sus actuaciones, podremos hablar de auténticos procesos de transformación de nuestros países. No se trata sólo de reconstruir, hay además que transformar, es necesario que todos veamos lo que ocurre para que podamos evaluarlo y mejorarlo oportunamente.

Esto último es lo más difícil, pero no olvidemos que sólo el Poder limita al Poder y que, si no logramos persuadir a los sectores de poder de que es indispensable fortalecer los Sistemas Judiciales, la democracia real será sólo una quimera y el manejo de los recursos no estará nunca suficientemente garantizado.

Concluyo recordando que en nuestros países se está luchando fuertemente para conseguir una auténtica independencia judicial, estamos enfrentando grandes obstáculos pero los estamos superando, estamos introduciendo un cambio en las mentes de los ciudadanos a fin de que entiendan y adhieran al principio que sólo una justicia independiente y por supuesto transparente, puede garantizarles sus derechos, su presente y su futuro.

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Nicaragua, May 2000   -   Honduras, February 2000   -   Stockholm, May 1999