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"reconstruction must not be at the expense of transformation" Intervención del Deseo comenzar por expresar, en nombre de la OEA, nuestros agradecimientos al BID y al Gobierno Sueco por la invitación que nos han formulado para participar en este Taller sobre "Transparencia y Gobernabilidad en Centroamérica". Teniendo en cuenta la agenda prevista para este encuentro, quisiera referirme a los desarrollos dados en el marco de la OEA en relación con este tema y al tipo de acciones que creemos se podrían emprender para apoyar a los países centroamericanos en el proceso de asegurar transparencia y responsabilidad en su reconstrucción y transformación. En nuestra Organización, la lucha contra la corrupción, como preocupación y tema de estudio, surgió desde 1992, avanzó con decisiones de la Asamblea General en 1994 y 1995 y de la Cumbre de Miami, y se consolidó con el proceso que Ilevó a la adopción de la Convención Interamericana contra la Corrupción en marzo de 1996. Esta Convención fue el primer instrumento internacional mediante el cual un grupo de países, los de las Américas, asumieron compromisos que los vinculan no sólo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista jurídico, para combatir la corrupción. Sin lugar a dudas, la Convención fue un esfuerzo pionero de gran importancia a nivel internacional. Su adopción fue fundamental para que los países industrializados, que durante muchos años se habían negado a asumir compromisos jurídicos en esta materia, tuvieran que acceder a suscribir a finales de 1997, en el marco de la OCDE, un tratado contra el soborno a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. De igual forma, ella ha sido un punto de referencia ineludible para el proceso que llevó a la adopción de una Convención en materia penal por parte del Consejo de Europa a finales del año pasado, así como para las negociaciones en curso de una Convención contra los delitos transnacionales en el marco de las Naciones Unidas. La Convención es la decisión colectiva más importante que se ha tomado en las Américas en este frente. A diferencia de la Convención de la OCDE y aún de la del Consejo de Europa, su alcance es más amplio. En muchos países de las Américas ha crecido la preocupación por combatir la corrupción por razones que tienen que ver más con temas centrales de este encuentro como son el desarrollo económico y social y la vigencia del estado de Derecho. Por eso, durante las negociaciones de este tratado, se consideró que no era suficiente obligarse a combatir el soborno transnacional, sino que se precisaba adquirir compromisos para luchar contra la corrupción de manera integral y coherente. Esta concepción se expresa a través de las disposiciones de la Convención. Así, de su contenido se deduce claramente que la corrupción, en primer lugar, debe entenderse como un problema de sistemas y no simplemente de personas corruptas y que, por lo tanto, no basta con poner en la cárcel a algunos corruptos sin solucionar las causas estructurales que generan la corrupción, pues muy pronto otros vendrán a reemplazarlos. Por eso, sus normas expresan que la lucha contra este flagelo requiere acciones tanto en el frente represivo como en el campo de la modernización institucional y tanto en el nivel nacional como en el internacional. En segundo lugar, del contenido de la Convención se deduce que el combate contra la corrupción debe concebirse como un proceso permanente y no como el simple resultado de acciones puntuales u ocasionales. Así como no se puede precisar un solo instante o acción en que la corrupción haya surgido o se haya consolidado, tampoco es posible asumir que ella se va a suprimir en un solo instante, con un solo acto o decisión. Por el contrario, como se infiere de este tratado, se requieren muchas decisiones, en diferentes niveles y con diferentes orientaciones. En tercer lugar, la Convención concibe la lucha contra la corrupción como un proceso en el que todos tenemos responsabilidades: los Estados, el sector privado, la sociedad civil en sentido amplio y la comunidad internacional. Por esa concepción sobre la lucha contra la corrupción, la Convención es la gran Carta de navegación para la acción colectiva de los países de las Américas en este frente. Así lo han entendido los Estados y por eso en la Asamblea General de la OEA de 1997, adoptaron un programa interamericano de cooperación para combatir la corrupción y los Jefes de Estado y de Gobierno en el Plan de Acción aprobado en la Segunda Cumbre de las Américas, se comprometieron a respaldar las acciones para lograr la pronta ratificación e implementación de dicho tratado. Hasta la fecha, la Convención ha sido firmada por 25 Estados y ratificada por 16 de ellos. Los 5 países centroamericanos han firmado la Convención y 4 de ellos la han ratificado. Permítanme referirme ahora a algunas de las acciones que hemos emprendido para apoyar a los países centroamericanos en el proceso de ratificación e implementación de esta Convención. En Costa Rica, el año pasado, organizamos dos talleres, en unión con la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, con el propósito de definir acciones especificas y generar compromisos para la implementación de la Convención. En estos encuentros participaron representantes de las diferentes instituciones del Estado y de la sociedad civil y sus conclusiones fueron recogidas dentro del proceso de concertación promovido por el Presidente Miguel Ángel Rodríguez. En El Salvador, apoyamos la Conferencia sobre "El papel de la OEA en la lucha contra la corrupción", organizada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, la Comisión Interparlamentaria Centroamericana contra la Corrupción y la Narcoactividad y el Instituto Salvadoreño para la Democracia, de la cual se han derivado otros esfuerzos a los que me refiero enseguida. Durante los próximos meses, en unión con el BID, vamos a desarrollar un proyecto de cooperación en 12 países del hemisferio. Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua van a ser beneficiarios de esta iniciativa. Su propósito es identificar las reformas especificas que se requiere introducir a las leyes penales de cada uno de estos países para adaptarlas a la Convención Interamericana; crear un espacio para el análisis de esas propuestas y para generar el compromiso de las autoridades responsables de promover y adoptar esas reformas; y generar un mecanismo de seguimiento sobre los avances en la implementación de las medidas legislativas. Durante el próximo semestre, la Secretaria General de la OEA, a través de la UPD, va a apoyar al Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica y la Comisión Interparlamentaria Centroamericana contra la Corrupción y la Narcoactividad, a través de un proyecto que incluye, entre otros, la elaboración de un código marco de ética pública, parlamentaria y empresarial y la realización de una Cumbre Centroamericana contra la Corrupción. De igual forma, la Secretarla General de la OEA, en desarrollo de las conclusiones del simposio sobre la Probidad en el Hemisferio, celebrado en Santiago de Chile en Noviembre del año pasado, ha creado un sistema de información a través de Internet y una red interamericana de instituciones y expertos en la lucha contra la corrupción, en la cual ya participaron 56 instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, pertenecientes a 19 países miembros de la Organización, incluidos los centroamericanos. Finalmente, el Comité Jurídico Interamericano ha elaborado "leyes modelo" en materia de enriquecimiento ilícito y lucha contra el soborno transnacional. ¿Qué tipo de acciones pudiéramos emprender para apoyar con más a los países centroamericanos en materia de lucha contra la corrupción? Desde nuestra perspectiva y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por estos Estados al firmar y ratificar la Convención, consideramos que es necesario avanzar aún más en que ella se implemente y aplique de manera efectiva e integral en estos países. Dado que hasta la fecha se puede afirmar que ningún país ha ratificado e implementado en su totalidad la Convención, nuestra propuesta seria que los países centroamericanos adoptaran el compromiso, como parte de su proceso de reconstrucción y transformación, de ser los primeros en cumplir con este propósito. Esta sería una señal clara ante el mundo de su compromiso con la causa de la lucha contra la corrupción. Para ello no es suficiente firmar y ratificar este instrumento jurídico internacional. De hecho, estas apenas son el comienzo de un proceso pues se requiere mucho más. Permítanme mencionar a1gunas de las acciones que se precisa emprender con este fin, así como algunas otras en las que la OEA, en unión o con el apoyo de otros organismos o agencias internacionales, podría colaborar y ofrecer sus servicios de cooperación a los países centroamericanos. Primero, como he mencionado, se precisa adaptar su legislación penal a las disposiciones de la Convención. Esto implicará tipificar nuevos delitos o reformar las normas sobre algunos existentes, así como probablemente, en algunos casos, tomar medidas legislativas en materias tales como extradición; identificación, rastreo, inmovilización, confiscación y decomiso de bienes producto de actos de corrupción; secreto bancario; asilo y asistencia judicial recíproca. Segundo, es necesario avanzar en la adopción y aplicación de las "medidas preventivas" definidas en el artículo tercero de la Convención, entre las cuales se encuentran las normas en materia de conflictos de intereses; los sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas; los sistemas de contratación pública y para la vinculación de funcionarios; las leyes que eliminen los beneficios tributarios a las personas o sociedades que efectúen asignaciones en violación de la legislación contra la corrupción; los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y a los particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción; la creación o el fortalecimiento de órganos de control superior; las medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros; y la adopción de medidas que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. Tercero, con la misma orientación, se deben ejecutar programas orientados a modernizar el Estado en áreas tales como las relativas a la redefinición de su papel, la eliminación de monopolios y la introducción de competencia, la profesionalización de la gerencia pública, la eliminación y racionalización de regulaciones y trámites, el fortalecimiento de los sistemas de control interno, disciplinario y fiscal, y la modernización de los partidos políticos, especialmente en lo que tiene que ver con su financiamiento público y privado. Cuarto, es conveniente realizar actividades de intercambio de experiencias y cooperación horizontal en diferentes áreas relacionadas con la lucha contra la corrupción. Quinto, se precisa avanzar en programas de entrenamiento y capacitación de funcionarios, jueces, fiscales y, en general, de servidores públicos encargados de prevenir y perseguir delitos de corrupción. Sexto, es necesario desarrollar estudios e investigaciones que permitan detectar las causas de la corrupción en sectores específicos de nuestros Estados, como las aduanas, las compras estatales y la recaudación de impuestos, y que, a su vez, conduzca a la adopción de políticas específicas por parte de los gobiernos o autoridades competentes. Séptimo, como lo expresa la Convención, se requiere adoptar medidas para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir y sancionar la corrupción. Octavo, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en este campo. Además de su deber de cumplir una función pedagógica frente a la comunidad, el ejercicio de un periodismo responsable de investigación y denuncia es esencial en la lucha contra la corrupción. Conscientes de ello, la OEA y la Fundación para las Américas van a realizar en julio de este año, en Ecuador, una primera conferencia regional sobre el papel de los medios en la lucha contra la corrupción, seguida de un programa de entrenamiento para periodistas. Se prevé organizar otras reuniones similares en otras regiones y una de ellas podría ser la comprendida por los países centroamericanos. Quisiera terminar reiterando lo expresado en varias ocasiones por nuestro Secretario General en el sentido de que la corrupción no es un camino sin regreso y que ella se puede derrotar y se debe derrotar, si en verdad queremos consolidar el desarrollo económico y social y la democracia en nuestros países. Muchas gracias. For more information on the workshop, contact |
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Nicaragua, May 2000 - Honduras, February 2000 - Stockholm, May 1999
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