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Serviços Públicos Domiciliares

Objetivo

Fomentar el suministro de servicios públicos que contribuyan, en el largo plazo, al desarrollo económico de la región y al bienestar de su población, mediante la adopción de una estructura sectorial y una política reglamentaria que procure:

Asegurar la Sostenibilidad de los Servicios en el Largo Plazo. Esto depende de la disponibilidad de recursos para financiar el funcionamiento, el mantenimiento y las inversiones necesarias para mejorar y ampliar los servicios para los usuarios existentes y los futuros. Por consiguiente, debe asegurarse a los proveedores de los servicios un caudal de recursos financieros que cubran los gastos de funcionamiento, mantenimiento e inversiones de capital relacionados con los servicios. Las condiciones macro económicas y sectoriales deben fomentar un clima favorable para las inversiones en la industria, facilitar el acceso a los recursos financieros y reducir el costo del capital. Finalmente, debe lograrse la satisfacción de los usuarios, pues de lo contrario la sostenibilidad política de los servicios correrá peligro.

Obtener Eficiencia Económica. Cuando se logra una prestación económicamente eficiente de los servicios públicos, es posible mantener los precios en el nivel mínimo compatible con la sostenibilidad del servicio en el largo plazo y, al mismo tiempo, se puede ofrecer a los usuarios incentivos para que hagan uso óptimo del servicio. Si las circunstancias lo permiten, la vía más conveniente para promover la eficiencia económica es la competencia, pero cuando las circunstancias no son propicias, es posible estimular la eficiencia por medio de una serie de mecanismos institucionales y reglamentarios.

Salvaguardar la Calidad. La salvaguardia de la calidad que se ofrece al usuario es lo que da la pauta de la idoneidad del servicio. Por consiguiente, es importante asegurar que las variaciones de costo guarden un equilibrio apropiado con los cambios en la calidad del servicio. Este equilibrio sólo puede obtenerse mediante una estricta reglamentación de la calidad del servicio. Dicho marco reglamentario comprenderá una serie de procedimientos mediante los cuales se defina claramente un conjunto de normas de calidad viables, con referencia al equilibrio de costos y beneficios y, luego se controle y se haga cumplir por medio de un sistema de sanciones e incentivos.

Fomentar el Acceso. La promoción del acceso de todos los ciudadanos al servicio ocupa un lugar importante en la filosofía de la provisión de servicios públicos, particularmente en lo que atañe al suministro de agua potable y la eliminación de las aguas residuales. No obstante, hay evidencias que sugieren que las políticas sociales no siempre han sido eficaces para llegar a los más desfavorecidos. Ha sido tradicional el énfasis en mejorar el acceso a los servicios para los usuarios existentes, ignorando a menudo el hecho de que los más necesitados carecen totalmente de acceso al servicio. Consiguientemente, las políticas sociales deben reflejar la importancia de la promoción del acceso para todos los usuarios.

Alcanzar Objetivos Nacionales más Amplios. El funcionamiento de los servicios públicos puede, a veces, entrar en conflicto con objetivos nacionales más amplios, como la protección del medio ambiente. Es evidente que sectores como los de energía, suministro de agua, eliminación de aguas residuales y de residuos, ejercen influencia sustancial en la calidad del medio ambiente y/o en otros usos del agua. Por consiguiente, debe integrarse esos sectores en un marco de reglamentación ambiental que sea compatible con las circunstancias del país.

Entre los objetivos antes mencionados, existe un número importante de disyuntivas. Por ejemplo la sostenibilidad a largo plazo puede estar directamente con la promoción del acceso y el logro de eficiencia, y cuando se plantean situaciones de esta índole es necesario tomar decisiones difíciles. Si bien el equilibrio apropiado dependerá en grado sumo del entorno, la resolución de esas disyuntivas debe guiarse por el logro de los objetivos en el largo plazo, debe basarse en un análisis exhaustivo del problema y debe resolverse mediante el uso de mecanismos de política transparentes que reduzcan cualquier distorsión económica. Los documentos de proyecto deben indicar claramente en qué medida se logran los objetivos, pero hay un aspecto en torno al cual no hay lugar a compromiso y es el logro de la sostenibilidad del servicio en el largo plazo, asegurando que los flujos financieros lleguen a un nivel compatible con la plena recuperación de los costos y garantizando la eficiencia económica como meta general de la provisión de los servicios

Condiciones Básicas

Las condiciones básicas que deben cumplirse para asegurar el logro de los objetivos son:

Separación de Funciones La contribución singular más importante al logro de los objetivos en conjunto, consiste en separar las funciones de formulador de políticas, regulador y empresario. Conforme al modelo tradicional, el estado combinaba una variedad de funciones en la prestación de los servicios públicos. Esta suma de papeles comprometía el logro de los objetivos de la política, al crear una estructura operativa caracterizada por tarifas insuficientes, limitaciones presupuestarias frágiles, débiles incentivos para la eficiencia y escasa responsabilidad. Esta situación debe remediarse definiendo claramente cada una de las funciones y asignándola a una institución distinta y apropiada. De esta manera, las autoridades conservarán la responsabilidad de formular la política, un ente público separado dictará el régimen reglamentario y se asignará al proveedor del servicio una función exclusivamente empresarial por el funcionamiento de la empresa de servicios públicos, sea ésta de propiedad estatal o privada.

Estructura Sectorial Las posibilidades de lograr la eficiencia en un sector y un país determinados, depende en grado sumo de la existencia de una estructura sectorial que fomente la eficiencia económica y maximice el ámbito para la comptencia. Por ende, la idoneidad de cada estructura sectorial debe juzgarse por su efecto general en la eficiencia del sector y, en particular, por la medida en que dicha estructura puede facilitar el desenvolvimiento de la competencia. Es posible facilitar esta evolución separando las actividades naturales que funcionan como un monopolio de las que sean potencialmente competitivas, mediante la separación vertical y el desglose horizontal del sector. La medida en que dichas separaciones sean viables y convenientes, dependerá de la naturaleza del sector y de las dimensiones del mercado. La naturaleza del sector determina cuáles actividades funcionan como monopolios naturales y, las dimensiones del mercado establecen la viabilidad de la creación de un número adecuado de competidores que operen a una escala eficiente. En general, la formación de redes internacionales mejora las perspectivas de competencia en ciertos sectores, algo especialmente cierto en cuanto a los países pequeños. Además, puede mejorarse la eficiencia mediante el desglose horizontal de actividades naturalmente monopólicas con objeto de facilitar la competencia por emulación. En el sector de suministro de agua potable, por ejemplo, el establecimiento de varios proveedores locales del servicio abre la posibilidad de comparar los grados de eficiencia de cada uno de ellos y, por esta vía, crear una actitud competitiva. En circunstancias algo diferentes, un sector sumamente fragmentado puede beneficiarse de la integración horizontal de varias unidades comerciales existentes a fin de alcanzar una escala de eficiencia mínima.

Adopción de un Régimen Reglamentario Bien Concebido y Adecuado. La adopción de un régimen reglamentario eficaz apropiado a las condiciones particulares de cada sector en cada país, es un factor clave para el logro de los objetivos. Esto supone que un modelo de reglamentación basado en incentivos será más conveniente para lograr la eficiencia como meta general. Un régimen reglamentario, por ende, debe contribuir a crear un clima favorable para las inversiones y a rebajar el costo del capital, promover y supervisar la competencia, regular los precios de los monopolios naturales asegurando la eficiencia y manteniendo la sostenibilidad financiera, asegurar un logro eficiente de los objetivos sociales o nacionales, incluido el uso correcto de los subsidios cuando sea necesario y, mantener satisfecho al usuario al atender a sus intereses. Las siguientes consideraciones son relevantes:

a)Un Clima Favorable para las Inversiones y el Crédito contribuye a la sostenibilidad de los servicios en el largo plazo. Este clima se obtiene mediante la adopción de procedimientos transparentes y mecanismos atractivos, la toma de decisiones claras y otros elementos que reducen el riesgo para los inversionistas y prestamistas, sin comprometer las perspectivas de competencia o atención a los intereses de los usuarios.

b) La Competencia se Promueve porque, cuando es viable, constituye el mejor instrumento para lograr la eficiencia. La competencia directa en el mercado reduce los precios que en definitiva paga el usuario y maximiza la satisfacción de éste, al tiempo que mantiene en un nivel mínimo la carga de la reglamentación. Cuando la competencia directa en el mercado no es posible o deseable, debido a las condiciones del sector o del país, la competencia por el mercado puede ser una alternativa. Será necesario un grado considerable de supervisión reglamentaria porque no cabe esperar que la transición de un monopolio integrado a un mercado competitivo ocurra en forma fluida e instantánea. Esto asegurará que se proteja la competencia, que los mercados funcionen con eficacia, que se alcance la eficiencia económica y que se brinde a todos los competidores condiciones de acceso equitativas.

c) Las Tarifas de los Monopolios Naturales se regulan con objeto de asegurar la sostenibilidad financiera en el largo plazo y de lograr la eficiencia económica cuando no es posible la competencia. La sostenibilidad en el largo plazo se obtiene mediante la adopción de mecanismos reglamentarios de incentivos a fin de crear un flujo de efectivo que cubra todos los costos, incluida una remuneración al capital que sea compatible con los riesgos y otras condiciones locales. Cuando prevalecen las condiciones de un monopolio natural, el uso de mecanismos reglamentarios permite proporcionar los incentivos adecuados para obtener eficiencia económica en la prestación del servicio y evitar, al mismo tiempo, la tentación de intervenir en los asuntos cotidianos del servicio. La obtención de resultados satisfactorios de la aplicación de este instrumento dependerá, inevitablemente, de que haya un intercambio de información exacta y coherente entre el proveedor del servicio y el regulador. La comparación de costos entre los servicios fortalece la capacidad del regulador para reglamentar las tarifas. Los reguladores, asimismo, deben trabajar por la creación de condiciones que conduzcan a la adopción de tarifas que señalen el costo marginal del servicio al usuario final. En los casos de las Empresas de Propiedad Estatal, debe fijarse como meta que las estructuras de tarifas señalen el costo marginal del servicio, manteniendo la viabilidad financiera del servicio en el largo plazo con una tasa de rentabilidad adecuada. No obstante, la estructura de tarifas más refinada será ineficaz en este sentido, si no tiene el respaldo de un sistema de medición y facturación del consumo que funcione bien, toda vez que los beneficios de la medición sobrepasan a sus costos.

d) pueden considerarse , en algunos casos, como mecanismos adecuados para lograr objetivos nacionales más amplios, que guardan relación con la equidad social y la protección del medio ambiente. Sin embargo, esa ampliación de la agenda del regulador entraña ciertos riesgos y requiere un análisis cuidadoso. Cuando se considera conveniente, debe estar siempre acompañada por un grado adecuado de coordinación con otras entidades del gobierno y siempre debe aplicarse por medio de mecanismos de política transparentes. Las políticas sociales bien concebidas deben contener los siguientes elementos: 1) una declaración explícita y una justificación clara del objetivo social escogido; 2) un procedimiento que asegure un mecanismo eficaz para obtener los fondos necesarios, sea por medio de tarifas o impuestos; y 3) un mecanismo transparente para asignar los fondos al grupo objetivo. Esto supone que se evite el uso de subsidios cruzados, a menos que se demuestre claramente que constituyen la mejor opción disponible para obtener los objetivos. Una forma común y eficaz de evitar distorsiones de la eficiencia, consiste en concentrar el uso de los subsidios para facilitar el acceso a los servicios y/o reducir los cargos fijos para los pobres, en lugar de modificar la parte variable de la tarifa.

e) La Promoción del Interés de los Usuarios y la garantía de que éstos perciban todos los beneficios de las ganancias de eficiencia en el sector, constituyen una condición necesaria de la sostenibilidad del régimen reglamentario. Esto se logra evitando los abusos potenciales del poder dominante del mercado por parte del proveedor del servicio, y estableciendo y aplicando las normas de calidad y de servicio al usuario.

La Pertinencia de los Instrumentos Institucionales de Reglamentación. La selección de un instrumento institucional adecuado a las condiciones específicas del país y del sector, reviste suma importancia para la eficacia y sostenibilidad del proceso de reglamentación. Este instrumento puede adoptar distintas formas, desde la reglamentación por contrato a métodos más complejos que requieren la creación de un órgano regulador específico. En el caso de los servicios a que se refiere esta política, se presume que en general será necesaria cierta forma de reglamentación. La pertinencia de cualquier instrumento específico debe determinarse comparando los beneficios de la reglamentación con sus costos, teniendo presente que los costos de la reglamentación incluyen las posibilidades de fracaso reglamentario y los gastos financieros relacionados con el proceso de reglamentación. El órgano regulador debe ser autónomo y debe gozar de un aislamiento eficaz respecto de las interferencias políticas por un lado y, de la posibilidad de caer bajo la dominación de alguna de las partes interesadas, por el otro. Al promover la autonomía mediante medidas específicas, por ejemplo la autosuficiencia financiera del órgano, será útil la existencia de condiciones de nombramiento estipuladas de antemano, aunque éstas no puedan, por sí mismas, garantizar la autonomía. Además, la creación de un ente autónomo plantea otros problemas de diseño más detallados, que inevitablemente conllevarán disyuntivas y que, por ende, sólo podrá resolverse con referencia a las circunstancias políticas y económicas propias de cada sector. El problema más importante que enfrenta el órgano regulador es su capacidad para formular un compromiso creíble con los objetivos de la política. Esto se facilita asegurando la transparencia del proceso de reglamentación y sus posibilidades de rendir resultados claros y previsibles. Otros problemas son el grado apropiado de descentralización reglamentaria, la existencia de un solo órgano reglamentario nacional o la delegación de algunas funciones en órganos regionales, la conveniencia de un órgano reglamentario multisectorial, que incluya dos o más sectores de servicios y/o multifuncional, que abarque la reglamentación y su supervisión, y la forma de dirección de la entidad, vale decir un director individual o una comisión.

La Idoneidad del Marco Jurídico. El marco jurídico del país debe ser adecuado a la estructura sectorial y el marco reglamentario escogidos. Los países deben analizar cuidadosamente la idoneidad y compatibilidad de las opciones que se propongan dentro de sus regímenes jurídicos, habida cuenta que muchas opciones reglamentarias, la existencia de competencia en el mercado y ciertas clases de participación del sector privado, sólo pueden operar eficazmente dentro de determinado marco jurídico. Si es necesario, el país debe considerar la viabilidad de cambios más amplios en el sistema que comprendan, entre otros aspectos, los procedimientos de adquisiciones y la legislación de contratos del sector público, a fin de facilitar los distintos modos de participación del sector privado; la competencia y la legislación antimonopolios, a fin de sentar las bases para el desenvolvimiento de un mercado competitivo; y los órganos de apelaciones y/o procedimientos de arbitraje, con objeto de sustentar la solución de controversias entre el regulador y el proveedor del servicio. La capacidad para llevar a cabo estos cambios -que guarda estrecha relación con el tamaño del país y su grado de desarrollo, con su dotación de recursos humanos y con su entorno político particular- puede limitar considerablemente el caudal de opciones disponibles para el país en lo que atañe a la participación del sector privado y a la determinación del momento para concretarla.

La Adopción de Modelos de Gestión Los modelos de gestión que se adopten determinarán en gran medida los incentivos para la eficiencia que tendrá ante sí la administración del proveedor del servicio. En el nivel de la empresa, se acrecienta la eficiencia cuando las decisiones empresarias se toman sobre una base estrictamente comercial, dentro de los límites de un marco reglamentario adecuado. En términos generales, el medio más eficaz para alcanzar esta meta es obtener la participación del sector privado. Esa participación no conlleva inmediatamente la venta de activos, sino que puede adoptar distintas formas, entre otras los contratos de arrendamiento, las concesiones, y los contratos de construcción, propiedad y operación (CPO) o de construcción, operación y transferencia (COT). Si en el momento no resulta viable la participación del sector privado, en el ámbito del sector público hay varias formas de gestión que puede usarse para colocar la administración de la empresa dentro de un marco más comercial, como la conversión de empresas públicas en sociedades comerciales, los contratos de servicio y los contratos de gestión. Así como debe aislarse a la entidad reguladora de las interferencias políticas directas, debe acordarse a la empresa un grado similar de autonomía. Otro modelo de gestión que merece considerarse, especialmente en el medio rural, es el de la cooperativa. Cuando dentro del mismo sector de servicios coexisten distintos modos de propiedad, todos deben hallarse en pie de igualdad en lo atinente al régimen reglamentario.

La existencia de un Firme Compromiso del Gobierno con los Objetivos de esta Política. En última instancia, la consumación satisfactoria de todo el proceso depende de la existencia de un compromiso firme del gobierno, en cuanto a la aplicación y perfeccionamiento del régimen reglamentario. Para que éste rinda los resultados deseados, no sólo debe diseñarse cuidadosamente sino que ha de aplicarse en forma competente. Aun el cumplimiento mínimo de las condiciones básicas puede exigir cierto número de medidas radicales y sustantivas, que sólo es posible dictar y aplicar si existe un compromiso cabal y a largo plazo del gobierno. Si no es así, las intervenciones unilaterales y/o fragmentarias del Banco posiblemente serán estériles.

Cumplimiento de las Condiciones Básicas y Participación del Banco en el Sector.

El Banco debe adoptar un enfoque amplio y a largo plazo de su participación en un sector determinado de los servicios públicos debido a la profundidad y el período prolongado de ejecución de las reformas que muchos países deberán realizar para cumplir las condiciones básicas, la importancia de las interacciones entre esas condiciones, la variedad y el carácter complementario de los instrumentos que tiene el Banco a su disposición para apoyar a los países y la renovación constante que existe en el campo de la reglamentación. Las condiciones básicas ayudan a definir un programa fundamental de acciones necesarias para crear un proceso de reforma autosuficiente, cuando es evidente la necesidad de esas reformas, y fijar criterios conforme a los cuales juzgar la conveniencia de un marco reglamentario determinado. Las reformas bien concebidas son tareas complejas cuya conclusión, generalmente, requiere mucho tiempo. Además, el éxito de un proceso de reforma no está asegurado una vez que se hayan establecido todos los elementos constitutivos del marco de trabajo. El éxito no sólo depende de un diseño adecuado del marco y el régimen reglamentarios, sino de la supervisión, la aplicación y la constante adaptación a los cambios de circunstancias. En particular, el proceso de reglamentación exige un esfuerzo sostenido a fin de asegurar la obtención de los frutos de la reforma. Esto requerirá apoyo y capacitación constantes y el fortalecimiento integral de la institución, mediante la ayuda para crear la "cultura de reglamentación" apropiada en los países interesados

También es importante el orden de adopción de las diversas medidas, porque entre las condiciones básicas hay importantes interacciones. Si bien existe un grado considerable de simultaneidad, hay por lo menos algunas medidas que, definitivamente, deben tener precedencia sobre otras. Por ejemplo la forma de reestructuración del sector afectará el margen para la competencia y, por ende, el régimen reglamentario. Por consiguiente, la reestructuración del sector y la creación de instituciones y regímenes de reglamentación generalmente debe preceder a cualquier paso importante hacia la participación del sector privado, aunque ha de reconocerse que en ciertos casos, cuando el marco jurídico es apropiado, el contrato público-privado puede cubrir la reglamentación necesaria. Asimismo, en la mayoría de los casos es deseable que dichas medidas se ejecuten a escala nacional, con objeto de facilitar un tratamiento integrado y coherente de los problemas. Las reformas fragmentarias siempre crean el riesgo de que la consideración de un problema desde un punto de vista estrecho, determine la adopción de soluciones que carecen de coherencia general, comprometen la viabilidad política del esfuerzo en el largo plazo y pueden limitar las opciones disponibles en otros sectores.

El Banco debe considerar en qué forma los distintos instrumentos de política, cooperación técnica y préstamo pueden operar en distintas etapas del proceso. Los instrumentos del Banco tienen posibilidades de alcanzar mayor repercusión cuando se les emplea en forma coordinada, tanto dentro de un sector dado como entre sectores diferentes. Por consiguiente, cualquier operación financiera del Banco en el sector, sea con el sector público o con el privado, debe tratarse como parte de un proceso amplio y continuo de apoyo al logro de los objetivos de la política. Cuando se recurra al préstamo de fondos por medio de la ventanilla para el sector privado, la viabilidad de las inversiones privadas resultantes, presentes y futuras, dependerá en gran medida del logro de las condiciones básicas mencionadas anteriormente. Por ende, al considerar cualquier participación del sector privado en un campo determinado, debe comprobarse la idoneidad de la estructura y el marco reglamentario sectoriales existentes, incluidas la supervisión y la aplicación, a fin de lograr los objetivos de la política y su sostenibilidad general. Cuando existan deficiencias será necesario corregirlas mediante el uso de los instrumentos que el Banco tiene a su disposición. El Banco debe tomar medidas para promover las sinergias que existen entre los instrumentos de política o, por lo menos, para evitar contradicciones en su aplicación.

Para asegurar un apoyo coherente y eficaz a los países, la participación del Banco debe reflejar el grado de compromiso del gobierno con los requisitos acordados mutuamente en el marco de la estrategia del país; el grado de intensidad de la participación del Banco debe armonizarse con el avance en la ejecución del programa de reforma acordado; y sólo podrá emprenderse una acción significativa cuando el gobierno haya asumido un compromiso público e irreversible con el proceso convenido, mediante la adopción de algunas de las condiciones básicas o, por lo menos, el avance significativo hacia su consecución. Si así no fuere, las acciones del Banco deberán ser de alcance relativamente modesto y concentrarse en la meta de fortalecer el compromiso del gobierno hasta llegar a un punto en que exista base adecuada para proporcionar mayor apoyo financiero. Una vez que se hayan completado los principales elementos del proceso, el Banco debe continuar prestando apoyo financiero al sector en la medida que se le solicite, recurriendo a los instrumentos más apropiados para las condiciones particulares. No obstante, aun sin operaciones de préstamo y con objeto de asegurar la asistencia al país en materia de la supervisión y los ajustes que requiera el proceso, el Banco debe mantener su participación en el sector mediante el diálogo con las autoridades del país y el uso sensato de la cooperación técnica.

Se reconoce que esta política habrá de aplicarse a una amplia variedad de circunstancias, tanto en lo atinente a las condiciones del sector como a la situación del país en general. La política no puede abarcar todas esas circunstancias y, por consiguiente, es posible que en algunos casos deba aprobarse una desviación con respecto a una o varias condiciones básicas. En esas circunstancias, los proponentes de tales desviaciones deberán demostrar que su propuesta cumple con los objetivos de esta política. Asimismo, habida cuenta del carácter relativamente novedoso de este campo, es posible que existan otros métodos para apoyar el establecimiento de un marco reglamentario firme, además de los mencionados explícitamente. Es evidente que existe un amplio margen para la innovación por parte del personal del Banco dedicado a prestar asistencia a los gobiernos en esta área y debe estimularse esa innovación. No obstante, la Administración debe evaluar periódicamente la pertinencia de la política y, en particular, informará al Directorio Ejecutivo acerca de la eficacia de los instrumentos de política usados para llevar a cabo los cambios deseados y de la contribución de las propias condiciones básicas al logro de los objetivos generales de la política.

Campos de Actividad

Esta política se aplica a todas las operaciones del Banco, tanto con el sector público como con el privado, y tiene alcance multisectorial. Está focalizada principalmente en los sectores de electricidad, gas natural, suministro de agua, eliminación de aguas residuales, telecomunicaciones y recolección de residuos, que tienen muchas características económicas importantes en común.

Esta política tiene como complemento otras políticas:

a) las sectoriales: Telecomunicaciones (OP–732), Energía (OP–733), Energía Eléctrica (OP–733-1), Saneamiento (OP–745), Salud Pública (OP–742), y,

b) las multisectoriales: Medio Ambiente (OP-703), Desarrollo Urbano y Vivienda (OP-751) y, Desarrollo Rural (OP-752).

La Administración del Banco, reconociendo la diversidad de condiciones tecnológicas que tienen ante sí los sectores incluidos, dictará periódicamente pautas operativas específicas para cada sector, a fin de facilitar la aplicación de la política en casos particulares.

Documento de Referencia Vigente : GN-1869-3, agosto 1996.

* El objetivo que persiguen las políticas operativas del Banco Interamericano de Desarrollo es establecer el marco operacional para que el personal preste asistencia a los países miembros prestatarios del Banco. Durante los más de 40 años de vida que lleva el Banco, estas políticas operativas han sido formuladas según diversos criterios, desde la elaboración de procedimientos detallados hasta la adopción de amplias declaraciones de principios y propósitos. Muchas de las políticas no han sido actualizadas desde su adopción original, y varias reflejan enfoques y planteamientos del pasado, que han sido sustituidos en ejercicios posteriores de aumento de recursos del Banco; siendo los más recientes los mandatos contenidos en el Octavo Aumento General de Recursos de 1994.

De conformidad con la política del Banco sobre disponibilidad de información, el BID pone todas sus políticas operativas a disposición del público por intermedio del Centro de Información Pública. Cabe advertir a los usuarios que las políticas operativas del Banco se encuentran en proceso continuo de revisión, proceso que incluye la elaboración de documentos sobre los mejores métodos en uso, en los que se resume la experiencia del Banco y otras instituciones similares, así como documentos sobre estrategias sectoriales.

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