Desde hace siete años, Jiménez se dedica con éxito a recuperar a miembros de las violentas pandillas o maras de Los Ángeles. Ante la Conferencia sobre Violencia de Jóvenes Pandilleros celebrada recientemente en la sede de la Organización Panamericana de Salud, en Washington, Jiménez se refirió a su pasado. “En 10 años como pandillero vi morir a mucha gente, tengo cicatrices de navaja y de bala por todo mi cuerpo. Estaba harto y decidí buscar una salida a mi vida. “Ahora”, confesó, “quiero ofrecer a los jóvenes una oportunidad”.

Un problema de estado. El final peliculero de Jiménez —con traje formal de chaqueta y corbata, tarjetas de visita y empresa— es el que los expertos presentes en la conferencia desearían para miles de muchachos y muchachas de América Latina hoy atrapados en una espiral de violencia de difícil salida. Esta es la razón que movió a la OPS, a la Coalición Interamericana para la Prevención de la Violencia, a la Fundación Due Process of Law y a la Washington Office on Latin America a convocar a instituciones oficiales y civiles con experiencia en este sector en la conferencia.

Contra la creencia popular de que las pandillas son un fenómeno reciente, ponentes del encuentro calificaron a las maras como un viejo problema “que no ha sido resultado de guerras civiles o de deportaciones desde Estados Unidos o de condiciones de pobreza”, de acuerdo con José Miguel Cruz, de la Universidad de Centroamérica en El Salvador. “No son los más pobres entre los pobres”, dijo, “y Nicaragua, que [también] sufrió conflicto armado, tiene una incidencia considerablemente inferior a El Salvador, Guatemala y Honduras”.

Las raíces del problema hay que buscarlas en otra parte. “La violencia juvenil está fundada en la exclusión, en la falta de oportunidad económica, en la deserción escolar”, declaró Ernesto Bardales, de la asociación de Jóvenes Hondureños Adelante. “Es un problema de estado. En Honduras no tenemos políticas prácticas hacia la juventud, a pesar de que públicamente se reconoce su necesidad”.

Uno tras otro, representantes de instituciones como la policía o los municipios, o portavoces de organismos de la sociedad civil, reclamaron políticas de estado y respuestas adecuadas. “Las pandillas son un reto a la salud pública, a la seguridad y al desarrollo de las Américas”, declaró Lainie Reisman, representante de la Coalición. “Los países centroamericanos, en especial, enfrentan un reto importante para adoptar respuestas a este problema respetando los derechos humanos y las leyes vigentes”.

Respuestas equivocadas. Las mayores críticas de los participantes en la conferencia fueron dirigidas hacia los gobiernos de algunos países y hacia los medios de comunicación en general a los que se reprochó el haber “criminalizado” el problema. “Lo peor no es que se politice el problema sino las orientaciones que se tomen para resolverlo”, dijo Bardales. “Hoy algunos gobiernos están adoptando reformas represivas de las garantías constitucionales. Se está institucionalizando la práctica de avergonzar y torturar a estos jóvenes legalmente”. Se citaron iniciativas recientes denominadas “Mano Dura” y “Plan Escoba” que manejan el concepto de “seguridad nacional” para “hacer la guerra a los jóvenes”.

Los medios de comunicación fueron también censurados por sobredimensionar el crimen. “Hay que llamar la atención sobre el enfoque que los medios están dando al tema de la violencia juvenil y evitar que se criminalice”, declaró Hamyn Gurdián, Comisionado mayor de la Policía de Nicaragua. “Se vende mejor la represión, es mucho más difícil vender la prevención”, añadió.

Aclarar conceptos. No hay un juicio que irrite más al Dr. Malcolm Klein, catedrático Emeritus de la University of Southern California, que la calificación de los pandilleros como seres violentos cuyo único fin es juntarse para cometer actos criminales e ilegales. “El objetivo de estos grupos”, dijo, “gangs, pandillas, maras, es el apoyo social mutuo que no encuentran en su entorno, no el crimen”.

La situación personal de estos muchachos y muchachas es el detonante que les expulsa de sus hogares para identificarse con miembros de las maras con problemas similares, según la opinión general. “Provienen de familias disfuncionales, desintegradas, madres solteras, con muchas historias de maltrato infantil, negligencia, desarraigo”, expuso el sociólogo Cruz. “Por lo menos piensan que en la calle pueden devolver la violencia, algo que en casa no se les permite”.

A todo esto hay que sumar: el crecimiento urbano desordenado, los procesos de exclusión social por falta de oportunidades, las dificultades de identidad por no haber tenido modelos en su infancia, la cultura que legitima la violencia con gran permisividad hacia las armas de fuego (El Salvador ocupa el séptimo lugar del mundo como importador de armas de mano) y las dinámicas de violencia y drogas en las calles. “El momento de expulsión de la escuela es el paso definitivo hacia las pandillas”, explicó Cruz. “Los muchachos ya no tienen otra alternativa”.

Un plan integrado. Como modelo exportable a otros países del norte de Centroamérica, el nicaragüense Gurdián propuso el “Modelo Preventivo Nacional”, coordinado por la Policía Nacional de su país, que ha obtenido buenos resultados. “En Nicaragua trabajamos este fenómeno desde las relaciones comunitarias y la gestión interinstitucional”, explicó. “Más de mil policías trabajan como voluntarios en esta área realizando labor preventiva con las familias, la comunidad y la escuela. La policía es pro-activa, trabaja en la inserción social de los jóvenes”.

Teniendo en cuenta que el 73 por ciento de la población nicaragüense está entre 0 y 30 años (el promedio en Centroamérica es de 70 por ciento), Gurdián advirtió sobre la grave amenaza que representa dejar que se propague “una enfermedad que se puede prevenir con actuaciones adecuadas”.

“Hemos de visibilizar el problema y hacer llegar una voz distinta”, aconsejó Rodrigo Guerrero, miembro de la Coalición Interamericana para la Prevención de la Violencia. “El costo de intervenir tarde es demasiado alto. La violencia llega a representar un 15 por ciento del Producto Nacional Bruto de un país. Hemos de iniciar la prevención por la vía positiva y llevar este debate a Centroamérica, donde los gobiernos locales tienen un papel crucial para intervenir en este problema y hacer que las cosas cambien de forma radical. Necesitamos unificar criterios, metodología y respuestas”.

“Necesitamos entender a la juventud en general”, remató Ernesto Bardales.

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