En Costa Rica, hasta hace pocos años, la información sobre las virtudes o las deficiencias del sistema judicial era totalmente anecdótica. Un abogado podía quejarse de la lentitud de los jueces de un circuito o de que un cliente suyo había estado preso más tiempo de lo debido, por ejemplo. Pero era casi imposible determinar la veracidad de estas alegaciones, porque el sistema judicial no podía dar seguimiento a los diversos trámites que recorre un asunto judicial y los tiempos de resolución de los mismos en cada tribunal, y en el sistema de administración penitenciaria la información sistematizada era notoriamente inexacta.

En los tribunales de Costa Rica —como en el de muchos otros países— el papeleo burocrático se combinaba con una excesiva discreción profesional para hacer muy difícil la obtención de información por parte de los usuarios. Una serie de entrevistas con abogados, jueces, consultores y fiscales públicos en las ciudades de San José y San Ramón a finales de 2003 reveló un sistema en el cual obtener una simple actualización de la situación de un caso judicial podía requerir múltiples llamadas telefónicas o largas horas de espera. Datos cruciales, tales como los días que le faltan a un recluso para cumplir su condena o si una notificación judicial ha sido entregada a un testigo, a menudo no se podían obtener debido al pobre mantenimiento de los registros, inexplicables retrasos o la renuencia de una despacho a compartir información con otro.

Por ello, cuando el Poder Jucial costarricense emprendió un proyecto de modernización administrativa financiado en parte por el BID, la transparencia de los procesos y el acceso a la información fueron objetivos prioritarios. Hoy los frutos de este énfasis son visibles en varios niveles:

• Mientras esperan en el entrada del amplio edificio del II Circuito Judicial de San José, las personas pueden averiguar el estado de sus casos ingresando el número de expediente y otros datos básicos en una de varias computadoras disponibles. Dado que todos los procesos legales tienen un sólo número de expediente que aparece en todos los documentos del caso, resulta fácil integrar información de diversos despachos en la misma base de datos. El sistema de consultas es utilizado tanto por abogados y jueces como por ciudadanos.
• El Sistema Integrado de Administración Penintenciaria (SIAP) ahora permite a usuarios autorizados conocer, por medio de una red interna, la ubicación y situación legal de cada privado de libertad, el cómputo de la sanción y otros aspectos relevantes para las autoridades penitenciarias y judiciales. Los archivos que antes se garabateaban en fichas en cada prisión están ahora a inmediata disposición de estas autoridades. Esto ha concitado una mejor información sobre la situación jurídica de los privados de libertad para resguardarles los derechos fundamentales, y ha mejorado la gestión administrativa de los centros penitenciarios y sus vínculos con el Poder Judicial.
• Los sistemas de gestión administrativa que están siendo instalados gradualmente en todos los tribunales de Costa Rica fueron diseñados para acelerar y facilitar la gestión de casos. Pero dichos sistemas también producen un detallado cronograma digital de la evolución de cada caso en determinado período. En conjunto, estos datos pueden mostrar dónde se encuentran todas y cada una de las incidencias procesales e indicar cuánto tiempo le toma a cada juzgado —y a cada juez— procesar ciertos tipos de casos.

Según Sonia Navarro, directora de la entidad ejecutora que dirige el programa de modernización, esta información está revolucionando el sector judicial. “Podemos saber dónde se encuentra cada expediente, cuánto tiempo ha estado en un despacho, dónde están los cuellos de botella, lo que usted necesite”, explicó Navarro. Si un abogado denuncia la ineficacia de un tribunal, estos datos permiten probar si su reclamo es válido o no (e incluso pueden mostrar que la actuación del abogado es la causa de los atrazos).

“No hay más zonas oscuras”, dijo Navarro.

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