Cuando Héctor Ricardo Silva asumió la alcaldía de San Salvador, hace tres años, estaba impaciente por cumplir una de sus principales promesas electorales: establecer un sistema que permitiera la participación ciudadana directa en el gobierno de la capital salvadoreña. Pero el problema, recuerda, “era que no teníamos una idea clara de lo que significaba la participación ciudadana”.

De manera que con asistencia financiera del gobierno sueco, Silva envió un equipo de funcionarios a Porto Alegre, donde desde 1989 existía participación ciudadana directa en el proceso presupuestario.

Como otros alcaldes, Silva asegura que los presupuestos participativos no son una panacea sino una herramienta más para hacer frente a los enormes desafíos fiscales que enfrentan las ciudades de América Latina. Ciertamente, Silva apunta que puede carecer de sentido hacer que los ciudadanos se congreguen en asambleas para acordar prioridades en materia de obras públicas si no hay con qué costearlas.

La primera prioridad de Silva fue encontrar formas de recaudar los recursos que hicieran posible el proceso de presupuestación participativo. El elemento clave es la eficiencia, asegura.

Silva comenzó formando un grupo de trabajo para cobrar deudas por 267 millones de dólares. “Pudimos cobrar alrededor de la mitad”, recuerda. “El resto eran deudas de negocios que ya no existían o de residentes que habían muerto”.

El paso siguiente fue modernizar el catastro municipal para actualizar la lista de contribuyentes. Recurrieron a métodos como la fotografía aérea para identificar propiedades. En tercer lugar, el gobierno municipal comenzó a transferir al sector privado muchas de sus funciones tradicionales, empleando la subcontratación, las concesiones, las privatizaciones y los contratos de construcción, operación y transferencia.

Aunque los ingresos de San Salvador han aumentado 30 por ciento, todavía no alcanzan para las metas de Silva. El problema, dice el alcalde, es una combinación de reglas impositivas demasiado complejas y exenciones que evitan que la ciudad grave a empresas públicas que usan propiedad municipal para proveer servicios.

Por ahora, sus esfuerzos por convencer al Congreso de autorizar una reforma tributaria municipal han sido estériles. “Estamos estancados”, señala.

Nuevas prioridades. A pesar de sus limitaciones, la experiencia de San Salvador con los presupuestos participativos ha redundado en algunos cambios notables. En el pasado, las sesiones del Concejo Municipal eran cerradas y no se publicaban sus debates. La participación ha cambiado todo y al hacerlo reveló nuevas prioridades locales de inversión.

La primera prioridad identificada por los ciudadanos fueron los muros de contención para sus vecindarios. La razón, es que la gente más pobre vive en las riberas de ríos, donde las crecidas ponen en peligro sus viviendas.

Una segunda prioridad son los “espacios comunes” donde la gente se pueda reunir. La tercera prioridad es la prevención del delito, un objetivo que está recibiendo asistencia del BID.

Aunque muchos ciudadanos participan en las asambleas, a Silva le preocupa que no todos los sectores están participando. El desafío, cree, es asegurar que las reuniones sean mucho más que una convocatoria del partido gobernante y promuevan la participación de la clase media. Conseguir que la clase media participe es un gran problema, afirma, porque a la gente de ese segmento social tiende a setirse incómoda entre gente pobre.

Silva ha enfrentado ese problema organizando encuentros más pequeños sobre temas específicos. Un tema que resultó ser particularmente atractivo para la clase media es los parques de recreación, dice.

—Daniel Drosdoff