La crisis desembocó en una reunión sin precedentes en la cual los partidos políticos bolivianos acordaron delegar el control del sistema electoral, designar un tribunal electoral independiente y preparar proyectos de ley sobre las elecciones y el funcionamiento de los partidos políticos. La base del acuerdo fue la decisión de que el nuevo tribunal estaría integrado por cinco personas de integridad intachable que no estuviesen ligadas a ningún partido político. Para más garantías, cada candidato tendría que ser aprobado por dos tercios de los miembros del Congreso.

Esta última disposición resultó fundamental porque todo el mundo sabía que ningún partido, ni siquiera una coalición de partidos, podría alcanzar una mayoría de dos tercios propia en el atomizado poder legislativo boliviano. De hecho, el pacto implicaba que todos los candidatos al tribunal electoral tendrían que obtener el respaldo del oficialismo y de la oposición, una posibilidad que no se había contemplado hasta entonces.

La nueva regla tuvo un impacto insospechado. “Hoy por hoy, la Corte Electoral es sin dudas la institución más prestigiosa y legítima de Bolivia”, afirma el cientista político paceño Carlos Toranzo. Los comicios más recientes han estado libres de intromisiones partidarias en el recuento de votos, señala Toranzo. Incluso aumentó la participación, ya que los ciudadanos confían más en que su sufragio será respetado.

La credibilidad de la Corte Electoral se forjó tan rápidamente que el Congreso se vio movido a aprobar una Ley de los Dos Tercios que exige la misma supermayoría para ratificar nombramientos en todas las reparticiones del Poder Ejecutivo y la Corte Suprema.

En el próximo número de BIDAmérica se analizará cómo esta nación andina está reformando su política.