El autor es presidente ejecutivo del conglomerado industrial mexicano Grupo IMSA y titular del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible de América Latina. Esta columna se basó en un discurso que pronunció en la reunión anual del BID en Nueva Orleans.

Nadie discute que la principal función social de la empresa es generar riqueza, empleo y oportunidades. Pero hay diferentes maneras de generar riqueza.

Nuestra historia abunda en ejemplos de casos en que los intentos por lucrar a corto plazo han causado serios problemas para el futuro. En algunos casos, el daño al medio ambiente o a nuestro tejido social ha sido irreparable. Ya hemos cometido suficientes errores como para saber que tenemos que hacer las cosas de otra manera.

Pero para que quienes estamos en el mundo de los negocios cambiemos la forma en que hacemos las cosas, debemos ver en los gobiernos e instituciones financieras conductas que promuevan la sostenibilidad en vez de desalentarla.

Muchas de las señales que recibimos en el ámbito económico son contraproducentes. En nuestros países, las instituciones impositivas gravan lo que es bueno para la gente: los salarios, los ahorros, la creación de riqueza. Luego, las autoridades usan esos ingresos para subsidiar cosas como el consumo de combustible, el uso de agua o de pesticidas y la eliminación de desperdicios, todo lo cual alienta el consumo excesivo, la contaminación y el despilfarro de recursos.

Los gobiernos ofrecen grandes subsidios a los habitantes de las grandes urbes. Un ejemplo notable es la Ciudad de México, donde se bombea agua potable a más de 1.000 metros de altitud para luego suministrarla casi gratuitamente y descargarla sin tratamiento. El transporte público también es subsidiado y, a diferencia de lo que sucede en el resto del país, la educación no es financiada por el gobierno local. La Universidad Nacional Autónoma de México, cuyos niveles académicos están entre los más bajos del país mientras sus costos por alumno son los más altos, es la única universidad mexicana donde incluso los estudiantes más pudientes pagan matrículas de dos centavos de dólar por semestre. Si se toma en cuenta todo eso, ¿qué mexicano no querría vivir en la Ciudad de México?

Nuestras sociedades deben desarrollar un nuevo conjunto de incentivos económicos que nos conduzcan a la ecoeficiencia. Para la comunidad empresaria, “eco” se refiere tanto a lo económico, en términos de mayor lucro, productividad y competitividad, como a lo ecológico, es decir, con menor impacto en el medio ambiente.

Necesitamos señales de mercado que promuevan un desempeño ecoeficiente. No podemos esperar que la gente ahorre recursos naturales cuyo consumo es subsidiado. Un subsidio es una invitación abierta al abuso. Si subsidiamos el uso de agua y de combustibles fósiles, ¿podemos esperar que la gente los consuma con mesura? Parece igualmente contradictorio esperar que las empresas inviertan en nuevas tecnologías ecoeficientes cuando el sistema fiscal penaliza las inversiones de capital.

Los gobiernos deben proveer incentivos para las conductas correctas y castigos para las conductas equivocadas. Pero aunque muchos gobiernos apoyan el desarrollo sostenible en la teoría, rara vez se traduce esa retórica en medidas económicas concretas. En la mayoría de los casos, el tema del desarrollo sostenible ni es siquiera abordado por los consejos de economistas de nuestros gobiernos. Para todo fin práctico, no figura en la agenda.

El BID y otras instituciones financieras internacionales pueden cumplir un importante papel en la promoción del desarrollo sostenible, aún más allá del financiamiento de proyectos ambientalmente adecuados. El BID, el Fondo Multilateral de Inversiones, la Corporación Interamericana de Inversiones y otras entidades pueden usar su considerable influencia en los gobiernos para promover las políticas de desarrollo sostenible. Este es el punto central, y es uno en donde el Banco puede hacer una gran contribución.