Por RAÚL BAGINSKI

żEl servicio de agua potable debe ser un monopolio del gobierno?

En muchos países esa pregunta ni siquera se formula. Pero en Paraguay, donde sólo 43 por ciento de la población tiene agua potable, recientemente se ha producido un animado debate en torno a este tema.

Por un lado está la Cámara Paraguaya del Agua (CAPA), asociación empresarial que representa a unos 400 proveedores privados de agua, una industria surgida como respuesta natural a la carencia de servicio público de agua potable en muchos distritos. Estos proveedores, conocidos como "aguateros", cavan sus propios pozos, instalan bombas y tienden redes de suministro para entregar agua en los hogares a un precio de conexión de unos 250 dólares, que el cliente puede pagar en cuotas a lo largo de tres años. Así, los aguateros abastecen a cerca de 7 por ciento de la población del Paraguay.

Los aguateros han sido elogiados por expertos en desarrollo como ejemplo de cómo el sector privado, cuando no sufre trabas, puede brindar servicios más eficientemente que el gobierno. De manera que cuando el Congreso paraguayo propuso recientemente una nueva ley para regular la competencia en la provisión de agua potable, CAPA y sus aliados se sintieron lógicamente alarmados. En una nota de opinión publicada el 4 de febrero en el Wall Street Journal, el periodista paraguayo Porfirio Cristaldo afirmó que la nueva ley acabaría con los aguateros y crearía una burocracia regulatoria ineficiente que asfixiará la competencia.

El BID ayudó a financiar estudios preliminares que inspiran la nueva ley. Uno de esos estudios fue encargado por la propia CAPA. Si se examina el proyecto de ley, se encuentra que recoge las inquietudes de los aguateros. La legislación ofrece a los proveedores privados de agua la opción de obtener permisos renovables de operación por 10 años. Tras ese plazo, los aguateros podrían tomar parte en licitaciones de concesiones de provisión de servicios por períodos aún más largos. Quienes no obtuvieran una concesión serían compensados por el gobierno por la pérdida de sus activos.

Aunque ese último aspecto ha sido blanco de críticas, se debe recordar que el objetivo de los legisladores es que los servicios de agua potable y alcantarillado se extiendan a tantos vecinos como sea posible, un fin que no se podrá alcanzar nunca con las reglas actuales. Los aguateros sólo operan en áreas donde la napa freática está suficientemente elevada para abastecer un pozo y donde la concentración de clientes justifica el costo de tender cañerías. Además, sólo brindan servicios a quienes pueden pagar los 250 dólares de la tarifa de conexión, una suma prohibitiva para la mayoría de los paraguayos.

Los aguateros ya han cubierto las áreas que reúnen esas condiciones. Bajo el antiguo marco regulatorio, el resto del Paraguay no ofrecía un mercado atractivo para proveedores privados de agua, grandes o pequeños. La nueva ley combina combina incentivos financieros con garantías legales que harán posible a pequeñas empresas ofrecer suministro de agua a precios que estén al alcance de los millones de paraguayos que todavía carecen del servicio. A fin de atacar un grave problema de salud púlbica, la ley tiene además el propósito de asegurar que el alcantarillado, un importante servicio que los aguateros no proveen, sea incluído junto con el suministro de agua. Asimismo, la legislación apunta a asegurar normas mínimas de calidad del agua y la continuidad del servicio de suministro.

En ese aspecto, la nueva ley refleja el compromiso del BID con las políticas flexibles que se adecuen a condiciones locales y alienta la participación del sector privado. En Haití, por ejemplo, el BID está financiando la expansión de "comisiones de agua" que han creado lucrativos servicios pagos en las barriadas marginales de Puerto Príncipe. En Bolivia y en la Argentina, el Banco ha ayudado a financiar concesiones en gran escala de prestación de servicio de agua y alcantarillado a proveedores privados que están extendiendo rápidamente sus servicios a miles de hogares pobres. La equilibrada estrategia de Paraguay también promete aumentar considerablemente el número de personas con agua potable y alcantarillado, al mismo tiempo que reserva un papel para los aguateros.

–El autor es representante del BID en Paraguay