Por PAUL CONSTANCE

A diferencia de otros países latinoamericanos y caribeños, Argentina optó por enfrentar sus carencias en inversión en agua potable y alcantarillado otorgando esos servicios en concesión a una empresa privada. Aguas Argentinas, un consorcio franco-argentino, obtuvo en 1993 un contrato por 30 años para hacerse cargo de la concesión más grande del mundo en servicios de agua potable. En ese momento, casi 3 millones de los 9,5 millones de residentes del área que abarca la concesión carecían de servicios de agua potable en sus viviendas y 4,5 millones no tenían conexión cloacal en sus viviendas. Aunque Buenos Aires tiene abundante agua potable, perdía enormes cantidades debido a roturas en las cañerías, con la consecuente escasez en verano.

El contrato estipula que Aguas Argentinas debe expandir sus servicios siguiendo un plan maestro hasta alcanzar una cobertura universal hacia el fin del período de concesión. Durante los primeros cinco años de la concesión, por ejemplo, la compañía dice haber invertido 1.200 millones de dólares para conectar a 2,6 millones de usuarios a las redes de agua potable y cloacas, más que los incorporados en cuatro décadas por la empresa pública que solía prestar esos servicios.

Parte de esa labor fue financiada con un crédito del BID por 97,5 millones de dólares, aprobado en 1989, antes de se privatizara el servicio. En junio de este año, el BID aprobó otro préstamo de 300 millones de dólares para ayudar a financiar el programa de inversión de Aguas Argentinas hasta el 2001. La expansión del servicio continuará durante ese período a un ritmo anual de 200.000 nuevos usuarios, mayormente domiciliados en zonas de bajos ingresos.

Ahora ya no hay escasez de agua durante el caluroso verano de Buenos Aires, en parte porque Aguas Argentinas mantiene una línea de atención al consumidor abierta las 24 horas para recibir avisos de pérdidas u otros problemas. Tal vez lo más notable es que la compañía informa que 96 por ciento de sus clientes paga su cuenta por el servicio de agua y alcantarillado, aunque a veces con atraso, en comparación al 60 por ciento que pagaba antes de que se concesionara el servicio, un claro indicio de que la clientela lo valora.

En los barrios más pobres de Buenos Aires, sin embargo, la experiencia de Aguas Argentinas ha sido un poco más complicada. Patrick Dupoux, jefe del departamento de vecindarios de bajos ingresos de la compañía, dice que hay factores que pueden socavar la viabilidad de un servicio pago en tales barrios. Uno es la ignorancia sobre los beneficios en materia de salud que implica tener servicios de agua potable y de cloacas, como también del costo de proveerlos. "A menos que se eduque a la población en cuanto a la diferencia que estos servicios constituyen en sus vidas, no estarán interesados en pagar por ellos", explica Dupoux.

Otros factores son la política vecinal y la seguridad. Como en las barriadas de Puerto Príncipe, en muchos vecindarios marginales de Buenos Aires se pueden encontrar agrupaciones con intereses contrapuestos. Para que un proyecto sea viable en semejante entorno, es esencial involucrar activamente a representantes de todas esas agrupaciones. Tener apoyo para la prestación de servicio de agua potable es especialmente crucial en vecindarios peligrosos donde la policía es reacia a intervenir. "Hay algunas áreas donde nuestro personal de mantenimiento no puede trabajar a menos que tenga protección explícita de los propios residentes", explica Dupoux.

Aguas Argentinas ha desarrollado gradualmente una política de contratar organizaciones no gubernamentales (ONGs) para que le ayuden a forjar lazos con líderes comunitarios, a fin de allanar el camino a la prestación de sus servicios. Dupoux dice que esa etapa preparatoria a menudo requiere una variedad de actividades como clases sobre salud e higiene y reuniones comunitarias para discutir los planes de servicio propuestos, que escapan al mandato de la compañía. Además de las ONGs, esas actividades requieren el apoyo de funcionarios municipales decididos a que la prestación de servicios tenga éxito. Cuando confluyen todos esos factores, afirma Dupoux, el servicio puede operar tan bien,desde la perspectiva de la compañía, como en áreas de clase media o alta. Los niveles de pago de facturas en barrios humildes donde hay activo apoyo al servicio promedian 90 por ciento, casi el mismo de la ciudad en general.

Más rápido. Aun con un ritmo de expansión de 200.000 usuarios por año, algunos sectores en el área de concesión que asumió Aguas Argentina no tendrán servicio por años. Algunos de los vecindarios más pobres de la ciudad podrían tener que esperar hasta 20 años.

Reconociendo que la mayoría de sus potenciales clientes no desean esperar tanto tiempo, Aguas Argentinas ha estado trabajando con comunidades locales, ONGs y gobiernos municipales, buscando medios alternativos para conectar algunos vecindarios a sus redes de distribución antes de lo programado. La compañía organizó proyectos piloto en unos 30 vecindarios de bajos ingresos en el área de su concesión, combinando estrategias para financiar la prestación de servicios al margen de su presupuesto para expansión.

Como mínimo, esas estrategias deben brindar una forma de cubrir el costo de la conexión domiciliaria, 120 dólares por vivienda. Una estrategia popular, especialmente en vecindarios con sólo 500 a 2.000 residentes, ha sido que grupos comunitarios paguen los costos de conexión con trabajo, cavando zanjas e instalando caños bajo supervisión de técnicos de Aguas Argentinas. Las municipalidades cubren el costo del trabajo técnico y de los materiales. "Esa estrategia funcionó muy bien en unos 15 barrios con una población total de 30.000 residentes", afirma Dupoux. "Pero en comunidades más grandes, con inversiones de capital mayores y más complejas, no resultó ser una solución".

En cuatro vecindarios más grandes, con una población combinada de 150.000 residentes, gobiernos municipales acordaron contratar trabajadores locales para construir la red de distribución usando fondos de un programa provincial de obras públicas. Los trabajadores reciben un salario módico mientras trabajan en el proyecto y las municipalidades pagan la tarifa de conexión para las viviendas que reciben el servicio. Los residentes deben reembolsar la tarifa a la municipalidad en cuotas durante cinco años. Aguas Argentinas compensó en parte ese gasto con un descuento en sus facturas a esos clientes.

Dupoux dice que cubrir los costos iniciales de expandir la red de prestación a vecindarios de bajos ingresos demandará siempre una combinación de financiamiento externo y subsidios cruzados de consumidores en áreas más acomodadas. No obstante, Dupoux cree también que en última instancia la actitud de una comunidad hacia el servicio de agua potable tiene tanta importancia como las consideraciones financieras.

"Hemos aprendido mucho con estos proyectos piloto", asegura. "Ahora estamos desarrollando una estrategia uniforme para incorporar vecindarios de bajos ingresos antes del cronograma". Para institucionalizar ese enfoque, al que llama Obras Comunitarias, Aguas Argentinas ha contratado un equipo de profesionales completamente dedicado a trabajar con grupos vecinales, ONGs y gobierno locales para echar las bases que permitan prestar servicio más rápidamente.

En cuanto a la demanda, Dupoux dice que la empresa tiene pedidos pendientes de docenas de vecindarios listos y dispuestos a hacer su parte en la labor.