Por PAUL CONSTANCE

La respuesta a ese interrogante es difícil, especialmente cuando el comprador es pobre.

Algunas personas creen que algo tan esencial como el agua debería considerarse como el aire o la luz del sol, bienes naturales a los que todos tienen derecho de gozar gratuitamente. Según ese punto de vista, es injusto cobrarles por el agua a los pobres, quienes además tienen que luchar para pagar por la comida, la ropa y sus otras necesidades básicas.

El agua siempre ha tenido un precio, desde que las primeras comunidades sedentarias comenzaron a controlar el acceso a manantiales y vertientes estratégicamente ubicados. La creación de ciudades demandó grandes gastos en pozos, acueductos y cisternas. En nuestra era, la expansión urbana, agrícola e industrial ha convertido al agua en algo muy valioso en muchas partes del mundo.

Si bien ahora muchos entienden cuál es el costo de obtener y distribuir el agua, persiste la discordia sobre cuánto deben pagar por este líquido vital los consumidores con escasos recursos. Ese desacuerdo es especialmente profundo en las naciones donde una gran parte de la población carece de agua potable en sus hogares, lo que ocurre en todos los países de América Latina y el Caribe.

En esas naciones, el agua tradicionalmente ha sido considerada como un servicio básico, a la par de la educación o la atención médica, ofrecido por el estado y pagado con recursos del erario. Las tarifas por el servicio, donde existen, suelen estar muy por debajo del costo de prestarlo y a menudo no se las cobra uniformemente. Más aún, típicamente sólo los sectores de clase media y alta de la población reciben agua potable, especialmente en las zonas urbanas. La baja recaudación impide expandir el servicio a áreas desatendidas y limita los gastos en mantenimiento y control de pureza.

Como resultado, grandes segmentos de la población deben recurrir a otros medios para obtener agua potable. Algunos se arriesgan a consumir agua de arroyos contaminados o pozos primitivos y a menudo pagan un precio con su salud. Otros recurren a conexiones clandestinas con la red pública de agua potable. Pero en algún momento, la mayoría tiene que comprar agua de proveedores legales o ilegales que sacan considerables ganancias por transportar agua a los barrios pobres. Varios estudios han demostrado que los precios que cobran esos revendedores pueden llegar a ser 30 veces superiores a los que pagan quienes son abastecidos por el servicio público de agua potable.

Las ganancias que genera la venta de agua a los pobres son tan apreciables que el negocio atrae a grandes corporaciones. Por ejemplo, la subsidiaria brasileña del gigantesco conglomerado de productos alimenticios Nestlé lanzó en mayo una línea de agua embotellada. Aunque en apariencia es similar al agua mineral que se vende en restaurantes y supermercados, este producto es diferente. Es agua potable obtenida localmente, ofrecida a un precio agresivamente bajo y apunta a satisfacer las necesidades de gente que enfrenta dificultades a diario para obtener agua de una pureza confiable, según dice la propia compañía.

En síntesis, salvo excepciones, en América Latina el acceso al agua potable está signado por una feroz ironía. A quienes reciben agua potable se le cobra poco o nada, a pesar de que la mayoría de ellos podría fácilmente pagar por el servicio. Quienes no están conectados a la red de servicio y tienen bajos ingresos suelen pagar costos exorbitantes por el agua.

En la actualidad muchos gobiernos intentan corregir esa distorsión reformando sus servicios de agua potable. Aunque la estrategia varía considerablemente de país a país, comparten la característica de procurar una autosuficiencia financiera de ese servicio estrechando la brecha entre el costo de proveerlo y los ingresos que reporta (ver recuadro "Agua derramada").

Pero mientras esas reformasson debatidas en legislaturas y conferencias, comunidades en lugares tan dispares como Haití y Argentina están tomando el problema en sus manos. Cansadas de esperar por un servicio de agua potable gratuito o subsidiado y de gastar ingentes sumas para obtenerla de aguateros, esas comunidades están descubriendo formas creativas para conseguir el servicio a precios razonables. Al mismo tiempo, están forzando a las autoridades a reconsiderar antiguas suposiciones sobre las redes de agua corriente y la justicia en la provisión de ese servicio.

Una solución haitiana. Tal vez no haya un entorno menos prometedor para desafiar esas presunciones que la capital de Haití, el país más pobre del hemisferio. Aunque las napas fréaticas en la región de Puerto Príncipe contienen más que suficiente agua para abastecer a sus dos millones de habitantes, solo 10 por ciento de los viviendas están conectadas a la red de agua potable. La empresa pública que brinda el servicio, CAMEP, está sumamente endeudada y ha dejado de mantener muchos grifos públicos.

Según Bernard Gay, director del Grupo de Investigación e Intercambio Tecnológico (GRET), una fundación francesa que ha trabajado muchos años en cuestiones de servicio de agua en Haití, un vasto sistema de distribución de agua clandestino cubre las necesidades del 90 por ciento de la población que no está conectada a la red de CAMEP. Los operadores del sistema se valen de pozos privados y camiones para vender agua a dueños de tanques de almacenamiento, quienes a su vez venden agua a los consumidores a precios que oscilan entre 3 y 5 dólares por metro cúbico. CAMEP, en comparación, cobra unos 50 centavos de dólar metro cúbico de agua potable a quienes están conectados a su red.

"Hace tiempo, los funcionarios de CAMEP ni siquiera se aventuraban en las barriadas que rodean a Puerto Príncipe", explicó Gay en un seminario sobre el tema realizado recientemente en la sede del BID en Washington. Como consecuencia, los habitantes de barrios marginales no sólo tenían que pagar más por el agua, sino que debían acarrearla por caminos tortuosos.

Especialistas de GRET han estado trabajando con CAMEP y organizaciones comunitarias desde 1996, desarrollando alternativas para llevar agua potable a precios razonables a 14 de los distritos más pobres de Puerto Príncipe. Con ayuda de donaciones de la Unión Europea y el gobierno francés, esas comunidades han adoptado un modelo innovador. En lugar de esperar que CAMEP llegue a sus domicilios, pidieron simplemente que se instalara una cañería con medidor hasta la entrada de sus barrios. Desde allí, comités designados por cada comunidad distribuyen el agua hasta diversos puntos del vecindario.

Los comités, integrados por miembros de iglesias locales, asociaciones y agrupaciones políticas, cobran por ese servicio y han obtenido autorización legal para funcionar como empresas públicas. Pactan contratos con empresas constructoras para instalar cañerías, tanques de almacenamiento y grifos donde los habitantes compran el agua en recipientes. Asimismo, contratan a personas para atender los puntos de distribución y cobrar la tarifa fijada. Los comités son sometidos a auditorías externas y deben presentar un informe financiero anual al vecindario y a CAMEP.

Las condiciones financieras de este mecanismo son muy claras. Los comités le pagan a CAMEP una vez por mes por el agua entregada, a razón de 30 centavos de dólar por metro cúbico. A su vez los comités revenden el agua a los residentes a un dólar por metro cúbico. "Es una tasa considerable para gente que vive en condiciones precarias", comenta Alexandre Brailowsky, quien fue director local de GRET al implementarse el proyecto. "Pero es mucho más baja que los tres a cinco dólares que cobran los proveedores privados".

La tarifa no es arbitraria. Además de pagar a CAMEP, la recaudación cubre los costos de administrar y mantener la red de distribución barrial, los salarios de sus encargados y las inversiones para expandir el servicio. Según Brailowsky, el margen de ganancia, calculado en 17 por ciento, "es una parte crucial del sistema".

Ese beneficio permite a los comités financiar otras obras que piden las comunidades, como instalaciones sanitarias o deportivas, explica.

Hasta ahora, los comités creados en 14 distritos han construido 70 puntos de entrega, numerosas cisternas y cerca de 20 kilómetros de cañerías, dicen funcionarios de GRET. Esos sistemas abastecen de agua a unas 150.000 personas, más de la mitad de la población de esos distritos. Los comités recaudan mensualmente unos 20.000 dólares y sus ventas están en continuo aumento.

Los comités son enormemente populares entre los consumidores de agua, quienes ahora sólo tienen que caminar una corta distancia para obtener agua a un precio mucho más bajo del que antes pagaban. Asimismo, los comités cuentan con un decidido apoyo de CAMEP, porque resolvieron un problema literalmente insoluble. A diferencia de muchos otros clientes de CAMEP, los comités siempre pagan puntualmente, y para la empresa significan un creciente flujo de ingresos.

Por cierto, CAMEP está implementando ahora una estrategia de expansión a 60 barriadas en Puerto Príncipe en base a la experiencia con los comités. Esa labor es parte de un programa más amplio para mejorar los servicios de agua potable y cloacas en la ciudad, financiado con un préstamo de 55 millones de dólares del BID aprobado el año pasado. De esos recursos, unos 10 millones de dólares están destinados a financiar proyectos de ampliación similares.

"Los comités de agua han demostrado ser una forma efectiva y financieramente autosuficiente de brindar servicio de agua potable a estos vecindarios", asegura Fabrice Henry, un especialista del BID en desarrollo municipal que trabajó en la concertación del préstamo. "Además han demostrado que hasta los sectores de más bajos ingresos pagarán por un servicio que les ahorra tiempo y dinero, y que los proveedores de agua pueden esperar obtener ingresos modestos pero estables con este tipo de sistemas. Tenemos la intención de replicar esta experiencia en proyectos financiados por el BID".

Ingeniería social. ¿Cuál es la razón de que los comités hayan tenido éxito en semejantes condiciones?

Un factor obvio es que tuvieron acceso al capital necesario para cubrir los costos iniciales de organización y de construcción de la infraestructura necesaria. En Puerto Príncipe, cada sistema de distribución costó unos 62.000 dólares, o unos 19 dólares por cada usuario potencial. El préstamo del BID contribuirá a cubrir los costos de capital en los 60 distritos que CAMEP tiene bajo estudio.

Apelando a la jerga cibernética, los costos iniciales incluyen tanto hardware como software. El hardware, que viene a representar la planificación técnica, las cañerías, los medidores, los equipos de excavación, es relativamente fácil de conseguir cuando hay recursos financieros. Esto representa 60 por ciento del costo total del proyecto.

Pero según Brailowsky y técnicos del BID, mucho más difícil de reunir es el software necesario para el éxito del proyecto: los componentes humanos, culturales, legales y políticos que permiten establecer un servicio autofinanciado en una comunidad pobre. "Como otras zonas pobres y marginales, estos distritos de Puerto Príncipe están muy politizados y tienen numerosos grupos de intereses contrapuestos", explica Brailowsky. Un esfuerzo por llevar agua a semejantes lugares puede ser fácilmente saboteado si no tiene el apoyo de todos los grupos. Si algunos habitantes creen que el servicio no responde a sus intereses, pueden exigir que sea gratuito, hostigar a los empleados del sistema y hasta dañar sus instalaciones. En muchos países pobres, el problema se ve agravado por la renuencia de la policía a entrar a los barrios más pobres y peligrosos (ver artículo "Ustedes traen las cañerías, nosotros ponemos la zanja").

Construir un consenso en este tipo de vecindario requiere una habilidosa "ingeniería social". Brailowsky y otros especialistas en desarrollo describen así la labor de armonizar las agrupaciones locales para crear estructuras y reglas administrativas que permitan a todos los interesados tomar decisiones y administrar el servicio por sí mismos.

En Puerto Príncipe, funcionarios de GRET y de organizaciones no gubernamentales locales que gozaban de confianza en los barrios llevaron a cabo esa labor. Henry, el especialista del BID, cree que el éxito de futuros proyectos de expansión dependerá en gran medida de la capacidad y disponibilidad de ONGs que puedan realizar esas tareas vitales en nuevas comunidades.

En ese sentido, Brailowsky advierte que es imposible tener éxito, incluso para la entidad más persuasiva, si los habitantes no están dispuestos a tener un servicio de provisión de agua. "Cuando se trató de obtener agua, descubrimos que todos estos grupos estaban dispuestos a dejar de lado sus diferencias y respaldar a los comités", recordó. "El proyecto no hubiera funcionado si no hubiera existido ese consenso".