CIUDADES DE PRIMERA
Muchas ciudades de América Latina y del Caribe han sido nombradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

La joya de la ciudad: Iglesia y Convento de San Francisco, 1535

Por ROGER HAMILTON

El proceso comienza cuando los edificios se tornan obsoletos. Las espaciosas casonas coloniales, construidas para las familias numerosas de antaño, resultan demasiado grandes para las pequeñas familias modernas. Además resulta demasiado caro actualizar esas viviendas, por ejemplo para instalarles sistemas de calefacción central o aire acondicionado. Los viejos hospitales no tienen las dimensiones que demanda la tecnología médica moderna. Las antiguas bibliotecas no pueden acomodar un creciente número de libros. La gente ya no viaja tanto en ferrocarril y las estaciones finiseculares caen en desuso. Algunos distritos históricos ya no pueden costear una multitud de iglesias y conventos. El mantenimiento se torna prohibitivamente costoso y los edificios se deterioran.

La extrema unción llega cuando el edificio vale menos que el predio que ocupa. Las viejas paredes son demolidas y reemplazadas por edificios residenciales o comerciales, cuyos ocupantes rara vez saben qué había antes en ese lugar.

Quienes observan este fenómeno desde una óptica pragmática, consideran que el ciclo de muerte y renovación es parte de la evolución de una ciudad para satisfacer las cambiantes necesidades de sus residentes. Pero para un creciente número de personas en América Latina y el Caribe, los edificios y barrios históricos son más que bienes inmuebles. En un mundo cada día más homogéneo, esos vecindarios, que pueden hallarse en virtualmente cada una de las grandes ciudades de la región, representan un elemento irremplazable de la identidad cultural e histórica de una nación.

En realidad, tanto los pragmáticos como los románticos tienen argumentos válidos, sostiene Eduardo Rojas, el principal especialista en urbanismo del BID. Aunque la preservación histórica y la modernización fueron en algún momento vistas como fuerzas antagónicas, en muchos países los planificadores urbanos ahora creen que preservar el legado urbano puede dinamizar la vida económica y cultural de una ciudad para beneficio de todos sus habitantes. Se puede ver evidencia de esta nueva estrategia en los innovadores programas de preservación histórica que están siendo financiados por el BID en varios países de América Latina y el Caribe.

CIMIENTOS SOLIDOS. La mejor manera de comprender la estrategia que plantea Rojas es compararla con otras alternativas. En una variante, la élite cultura y social de una ciudad usa su influencia para conseguir la aprobación de la legislación y los fondos necesarios para proteger edificios y monumentos históricos. Pero si la élite pierde interés o ascendencia, todo lo preservado vuelve a quedar en peligro. Más aún, al restringir la forma en que los dueños de edificios históricos pueden usar su propiedad, las leyes de preservación a menudo desalientan los gastos en mantenimiento y terminan acelerando el deterioro.

En otra estrategia, el gobierno asume la responsabilidad de preservar el legado urbano, promueve la legislación necesaria, establece juntas que dirigen la labor y asigna recursos municipales para financiarla. Pero la continuidad sigue siendo un problema. Si se enfrentan con necesidades sociales urgentes, los gobiernos no pueden defender el gasto de recursos públicos en la preservación de viejos edificios. Además, cuando un gobierno trata de mantener y hacer funcionar una gama de edificios y espacios públicos con pocos recursos, acaba desalentando a potenciales inversores privados.

El tercer enfoque de preservación del legado urbano refleja los cambios ocurridos en América Latina durante los últimos años, particularmente la transición a la democracia, la descentralización del gobierno y las políticas económicas regidas por el mercado. Los partidarios de este enfoque sostienen que los esfuerzos de preservación sólo se pueden sostener a largo plazo si tienen el apoyo y la participación de una gama representativa de la ciudadanía y sus grupos de interés: empresas privadas, inversores inmobiliarios, organizaciones filantrópicas y entidades vecinales, además del gobierno. El objetivo es crear un centro histórico que sea parte integral de la ciudad, no meramente un museo o una atracción turística. Debe ser un lugar donde la gente resida, trabaje, tenga negocios y haga compras.

Pero Rojas advierte que al aumentar el número de actores en la preservación del legado histórico no disminuye la crucial importancia del protagonista, papel que debe cumplir el gobierno. Sólo éste tiene la autoridad y la perspectiva de largo plazo necesarias para crear un entorno que atraiga a un "aventurado" sector privado a asumir la responsabilidad de inversor principal.

¿Cómo hace el gobierno para crear un clima apropiado para esas inversiones? Primero debe establecer regulaciones que definan claramente la participación de los diversos sectores interesados. Algunas leyes deben estar directamente orientadas a preservar edificios y monumentos. Pero las regulaciones que alientan indirectamente la preservación brindan beneficios de largo plazo igualmente importantes. El gobierno puede moderar algunas de las regulaciones que protegen a los inquilinos a fin de fortalecer el mercado de alquiler de viviendas y alentar así la rehabilitación de edificios con ese destino. Otra opción es ofrecer exenciones impositivas a inversores interesados en rehabilitar edificios para vivienda u oficinas.

El sector público tiene asimismo la responsabilidad de la inversión en espacios públicos e infraestructura, como veredas, recolección de residuos, transporte público y estacionamiento.

Finalmente, el gobierno puede brindar incentivos que allanen el camino a la inversión privada. Por ejemplo, el gobierno municipal puede comprometerse a adquirir o alquilar espacio en edificios renovados. Puede proveer servicios como estacionamiento o transporte público. O puede comprometerse a agilizar la tramitación de permisos y registros. Además, deben contemplarse incentivos para familias interesadas en mudarse a edificios renovados, dado que en ellos los costos de mantenimiento suelen ser más altos que en edificios nuevos.

Todas esas políticas pueden ayudar al sector público a formar una sociedad con el sector privado. Asimismo hacen más factible que un distrito histórico sea considerado parte integral de la ciudad (si bien con sus necesidades especiales), amalgamando así la preservación de un legado con objetivos más generales de rehabilitación urbana.

Esta estrategia se aprecia aún mejor en la práctica que en la teoría. Según Rojas, el proyecto de preservación de Quito ya ha demostrado que el concepto de colaboración entre los sectores público y privado para preservar el patrimonio urbano puede ser aplicado en otras partes, considerando la realidad legal, constitucional e institucional de cada ciudad. En Montevideo, por ejemplo, donde las regulaciones no permiten una corporación mixta al estilo de la formada en Quito, las obras de restauración de una estación ferroviaria histórica, que ya tienen financiamiento comprometido por el BID, sólo comenzarán cuando el sector privado se aboque al desarrollo inmobiliario del edificio y las playas de maniobra adyacentes.

Según Rojas, el BID está a la vanguardia en el financiamiento de sociedades mixtas para la preservación del patrimonio urbano. "Lo que el BID está haciendo es pionero", asegura. "Aquí no hacemos teoría. Nuestro objetivo es hacer que las cosas se muevan en el terreno", agrega.