Por ROD CHAPMAN, Bruselas

La primera reunión del Grupo Consultivo de Apoyo a la Lucha contra las Drogas en el Perú, organizada por el BID conjuntamente con la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Europea (CE) y el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, fue celebrada en la sede de la CE en Bruselas el 10 y 11 de noviembre, con la asistencia de más de un centenar de delegados de más de 40 países e instituciones internacionales.

Las contribuciones se materializarán como donaciones de recursos y condonaciones de deudas. Unos 140 millones de dólares financiarán nuevos programas presentados en el encuentro en la capital belga. El resto de los fondos apuntalará programas ya en marcha.

Con esos recursos el gobierno peruano podrá ampliar sus Programas Integrales de Desarrollo Alternativo, Prevención y Rehabilitación a todas las zonas donde se cultiva coca en su territorio. El BID financiará la rehabilitación y mejora de caminos de acceso a esas áreas, escuelas, puestos de salud y otros proyectos de infraestructura.

Los participantes en la reunión de Bruselas encomiaron la alta prioridad que el gobierno del presidente del Perú, Alberto Fujimori, ha asignado al combate contra las drogas desde 1990. "El gobierno peruano nos ha demostrado que está comprometido con seguir adelante con el programa para eliminar el tráfico ilegal de drogas, a fin de lograr beneficios de largo plazo para el Perú y para la comunidad internacional, a pesar del costo social que pueda involucrar en el corto plazo", comentó un representante de un país donante.

En lo que va de esta década, Perú ha reducido el cultivo de coca desde 121.300 hectáreas a 69.000 hectáreas; ha desbaratado bandas de narcotraficantes y frenado los embarques de drogas. Como resultado, se calcula que el ingreso de los campesinos que cultivan coca decayó de 500 millones de dólares en 1990 a unos 130 millones el año pasado. Una consecuencia de esta merma ha sido un aumento de la pobreza en las regiones cocaleras. Durante el mismo período, Perú también sufrió un aumento en el consumo de drogas, una tendencia que impulsó a su gobierno a buscar apoyo internacional.

En Bruselas los donantes examinaron diferentes alternativas para apoyar una gama de nuevas iniciativas peruanas contra las drogas que costarán unos 244 millones de dólares entre 1999 y el 2003. Durante ese lustro Perú planea invertir unos 435 millones de dólares en programas para mitigar la pobreza entre las familias que en la actualidad se ganan la vida cultivando coca. Estos programas promoverán el desarrollo productivo alternativo y la conservación del medio ambiente.

Además se examinaron programas de desarrollo alternativo para seis zonas del Perú: Monzón, Tocache-Uchiza, Pozuzo-Palcazu, Satipo-Ene, Palmapampa y Tambopata-Inambari. Unas 280.000 personas viven en esas zonas, donde se cultivan 20.600 hectáreas de coca y hay 37.600 hectáreas de cocales abandonados.

Los nuevos programas fortalecerán a las organizaciones comunitarias; construirán infraestructura social y económica básica, como puestos de salud, aulas escolares, servicios de agua potable, caminos rurales y redes de transmisión de electricidad; regularizarán los títulos de propiedad de tierras; brindarán apoyo al crédito rural; protegerán el medio ambiente y promoverán el uso sostenible de la selva.