Su cuerpo fue encontrado cuatro días más tarde cerca de una carretera, en las afueras de la capital. Había sido maniatado, torturado y baleado cinco veces en la cabeza. Tal vez porque era un empleado de El Diario de Hoy, un prominente diario salvadoreño, la muerte de este ingeniero de 27 años y ex profesor de inglés estuvo en los titulares por un día. Pero hacia fines de octubre nadie había sido arrestado por el asesinato y ni la policía ni el procurador general habían dado información alguna sobre el caso.

Para la opinión pública, casos como el de Rosales eclipsan los logros de la reforma judicial en El Salvador. A ocho años de la firma de los acuerdos de paz, El Salvador sigue ensombrecido por la violencia. Las armas abundan y son usadas con pasmosa frecuencia. Las áreas marginales cercanas a San Salvador viven aterrorizadas por pandillas armadas, localmente conocidas co maras, que controlan vecindarios enteros y mantienen estrechos vínculos con organizaciones criminales en Los Angeles y otras ciudades de Estados Unidos. Aunque se cree que la situación mejoró en los últimos años, el Consejo Nacional de Seguridad Pública registró 6.972 homicidios ocurridos en 1996, un promedio de 19 homicidios diarios en un país con sólo 6 millones de habitantes. No obstante, según el propio consejo, sólo se efectuaron 415 arrestos por esos homicidios y menos de una cuarta parte resultaron en condenas a prisión.

Aunque no se dispone de estadísticas comparables para el período que siguió a la implementación del nuevo código penal de El Salvador, está en claro que las mejoras se materializan muy lentamente. Quienes critican la reforma judicial esgrimen ese hecho para responsabilizar el nuevo código penal por la persistente actividad delictiva y la impunidad. Los medios de prensa han caracterizado a las nuevas leyes como “hechas en Suiza” y completamente inadecuadas para la realidad social “tropical” de El Salvador. Asimismo, sostienen que la policía se ve maniatada por demasiadas garantías procesales. En una encuesta de 1.200 salvadoreños que efectuó Gallup entre agosto y octubre, siete de cada diez de los consultados dijeron creer que las leyes protegen más a los delincuentes que a las víctimas.

Para los defensores de las reformas, esas críticas reflejan una confusión fundamental en torno a las causas del delito y el rol del sistema judicial. “Alguna gente cree que el delito es causado por falta de represión”, apunta la legisladora Lorena Peña. “Nosotros pensamos que el delito es causado por las condiciones sociales y económicas en que vivimos. Que seamos pobres no significa que debamos tener un sistema judicial medioeval”.

Francisco Rodolfo Bertrand Galindo, ministro de justicia y seguridad pública de El Salvador, cree que el sentimiento público contra las nuevas leyes es debido en parte a que “la reforma no fue vendida adecuadamente” al público. “La reforma va más allá de esta cuestión de leyes”, dice. “Tiene que ver con jueces, fiscales, con la policía y sus procedimientos. De manera que cuando falla, se puede deber a cualquiera de esas cosas”.

Más aún, el nuevo código penal de El Salvador de manera alguna es tan tolerante como sostienen quienes lo critican. Permite confesiones extrajudiciales, es decir que confesiones hechas a la policía, en ausencia de un juez, son admisibles en algunos casos como evidencia ante un juzgado, a pesar de que organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que esas confesiones son obtenidas con torturas. Además, la Asamblea Legislativa aprobó en septiembre enmiendas al código penal que extienden las sentencias máximas en todos los casos y expanden el uso de la detención preventiva.

El verdadero problema, según muchos observadores es que los problemas sociales de El Salvador exceden los recursos de sus instituciones. Antes de ser llevados a un juzgado, por ejemplo, la mayoría de los salvadoreños están en manos de la Policía Civil Nacional. Creada en el marco de los acuerdos de paz, esa fuerza incluye miles de ex soldados y guerrilleros.

Aunque se han hecho enormes progresos en la capacitación y reeducación de la policía, su capacidad investigativa es muy limitada. A menudo no existen los recursos necesarios para obtener y analizar evidencia, encontrar testigos y efectuar autopsias apropiadas. Lo mismo se puede decir de las cárceles de El Salvador: aunque las nuevas leyes incluyen claros mandatos para la rehabilitación de reclusos, la falta de fondos limita al papel a la mayoría de esas reformas.

A largo plazo, el peligro que corren las reformas judiciales en El Salvador es que generan expectativas de justicia que no se pueden satisfacer en la realidad. “Nos sentimos muy orgullosos del marco judicial e institucional que hemos construído”, dice María Teresa de Mejía, que dirige el Instituto Salvadoreño para la Protección de Menores. “Las nuevas leyes hacen posible que cada uno pueda reclamar sus derechos. ¿Pero qué pasa si no podemos satisfacer esos reclamos? “

El actual gobierno de El Salvador está determinado a impedir que eso ocurra. Ha anunciado planes de un Proyecto para la Prevención Social del Delito que pondrá énfasis en la educación pública, programas juveniles y un nuevo concepto de vigilancia policial que dependerá de la cooperación entre entidades vecinales y patrullas policiales basadas en las comunidades.

Benjamín Cuellar, un activista por los derechos humanos, sostiene que esa cooperación es precisamente lo que hace falta. “La única forma de evitar que esta rueda dé marcha atrás es conseguir que la gente confíe, participe y empuje en la misma dirección”.