Según Rafael Durán Barranza, presidente del Consejo Judicial Nacional de El Salvador, de esa forma anunció sus intenciones un veterano jurista salvadoreño a comienzos de esta década, cuando comenzaba a debatirse la redacción de un nuevo código penal.

Un video producido por la escuela jurídica demuestra cómo la Corte puede intervenir en una disputa doméstica

http://www.iadb.org/exr/IDB/stories/1999/esp/c12998.htm Esa reacción pone en evidencia uno de los aspectos más irritantes de los programas de reforma judicial: la disposición y capacidad de quienes practican la profesión legal de cambiar sus hábitos y sus modos de hacerlo. En El Salvador, la resistencia era comprensible. Primero, había desacuerdos filosóficos legítimos en cuanto a la estrategia de reforma que escogió el gobierno. Segundo, los nuevos procedimientos penales resultaron en una significativa transferencia de autoridad de los jueces y la policía a los fiscales y defensores (ver artículo "Nos vemos en la Corte!"). Para los jueces, para los abogados y para la policía, la reforma también significó la necesidad de aprender y aplicar correctamente todo un conjunto de leyes y procedimientos con muy poco o nada de tiempo para prepararse. "Cuando la gente ha estado trabajando de cierta manera durante muchos años, esto es muy duro", explica José Albino Tinetti, director de la Escuela Judicial a cargo del Consejo Judicial Nacional.

Sabiendo que la capacitación sería un componente crucial del programa de reforma, el gobierno comenzó a invitar a fines de la década pasada a juristas extranjeros a venir a San Salvador para ofrecer seminarios sobre tendencias en reforma jurídica. "El objetivo era simplemente ponernos en contacto con nuevas formas de ver las cosas", recuerda Tinetti. Las reformas constitucionales aprobadas en 1991 pusieron lo que era entonces una naciente escuela judicial bajo la jurisdicción del Consejo Judicial Nacional y la pusieron a cargo de desarrollar una estrategia sistemática de capacitación de jueces, fiscales, abogados y de la policía.

En ese entonces, la sola idea de una escuela judicial era considerada radical. "En el pasado nunca había habido ningún tipo de capacitación para jueces", dice Durán. Actualmente, la Escuela Judicial es una de las instituciones más avanzadas en su tipo en América Latina. Ofrece una variedad de cursos y talleres prácticos en temas que van desde teoría constitucional a técnicas efectivas de presentación oral. Los estudiantes pueden simular procedimientos de instrucción de cargos y juicios y ver videos que muestran como aplicar los nuevos procedimientos judiciales a una variedad de delitos típicos, entre otras cosas.

Los cursos han sido profusamente elogiados por profesionales que los han cursado. Pero la falta de recursos significa que solo una pequeña proporción de los profesionales del sector judicial y en su mayoría aquellos que ejercen en la capital han podio asistir a las clases. Aunque la escuela publica manuales para asistir a aquellos que no han podido asistir y está preparando un sitio en el Internet para ofrecer capacitación, muchos funcionarios judiciales en el interior del país se quejan de haber sido dejados de lado.

Comienza en la facultad de derecho. Algunos críticos de la reforma sostienen que la falta de adecuada educación y capacitación condena en última instancia al fracaso a todo este esfuerzo.
Felipe Umaña, un asesor legal de la Asociación Nacional de Empresas Privadas de El Salvador, esgrime la nueva categoría de delitos ambientales como ejemplo. "Esta clase de delito requiere un examen muy educado de evidencia científica de cosas como substancias contaminantes en el aire, pero nuestros jueces no están preparados en absoluto para eso", asegura.

Beatriz Alamanni de Carrillo, presidenta de la Federación de Asociaciones Salvadoreñas de Abogados y ex decana de la facultad de derecho en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), tiene un parecer aún más sombrío. "El problema del sistema judicial comienza en las aulas universitarias", dice. En los últimos años han proliferado las facultades de derecho en El Salvador, brindando enseñanza inadecuada y graduando muchos más abogados que los que el país necesita o puede absorber, afirma. Hasta las pocas facultades prestigiosas ofrecen lo que Alamanni describe como un enfoque puramente técnico de las leyes. "Casi no hay énfasis en la cultura y el conocimiento humanístico que los estudiantes necesitarán para interpretar apropiadamente la ley. Meramente, y deficientemente, aprenden como aplicarla".

Emma Dinorah Bonilla de Alvear, actualmente titular de la facultad de derecho de la UCA, coincide en que las universidades necesitan trabajar en el desarrollo de las "facultades críticas" de los estudiantes. Pero Bonilla apunta que las facultades de derecho están también bajo presión para actualizar sus programas de estudios de manera que los estudiantes tengan al menos una capacidad básica de trabajar con los nuevos códigos y procedimientos. Clases que podrían haber sido dedicadas a estudios humanísticos están siendo usadas para enseñar procedimientos orales, por ejemplo.

Alamanni y otros advierten asimismo que las exigencias para practicar abogacía en El Salvador son excesivamente mínimas. "Los estudiantes comienzan a aprender derecho a los 16 o 17 años y se gradúan a los 21 o 22. No hay examen profesional. Simplemente presentan su diploma a la Suprema Corte y son autorizados al ejercicio de la abogacía. Poner la vida de ciudadanos en las manos de estos jóvenes me parece gravemente irresponsable".

Según Alamanni, parte de la culpa por esta situación recae en los propios abogados, que han resistido los intentos de requerir que todos ellos pertenezcan a un solo colegio de abogados encargado de velar por la integridad de la profesión. "Nosotros los abogados necesitamos aprender a velar por nuestra profesión, a fijar normas y aun a purgar nuestras propias filas", dice.