René Hernández Valiente, juez de la Corte Suprema de El Salvador, y Eduardo Dubón, Subinspector de la Policía Civil Nacional

En una democracia vigorosa el poder judicial, a la par de los poderes ejecutivo y legislativo, figura como uno de los tres pilares del gobierno que velan por la libertad y el estado de derecho. Sin embargo, en la mayoría de los países de América Latina un sistema de justicia fracturado y debilitado parece incapaz de sostener el peso de sus responsabilidades constitucionales. Para muchos ciudadanos de la región, los tribunales ni representan el poder ni ofrecen justicia.

Procedimientos bizantinos. Demoras interminables. Jueces que no rinden cuentas a nadie. Fallos dudosos. Interferencias políticas. Sobornos. Impunidad. Términos lacerantes y lamentablemente familiares que cubren a diario cualquier artículo sobre el poder judicial que aparezca en la prensa latinoamericana y que, hasta hace poco, no sorprendían demasiado a nadie.

Año tras año, las encuestas de opinión pública han demostrado que el poder judicial es la institución menos respetada en la región. Un reciente examen de esas encuestas realizado por Pilar Domingo, analista legal de la Universidad de Londres, halló que existe una alarmante unanimidad: "En Argentina, sólo 13 por ciento de los consultados dijeron algo positivo acerca del poder judicial; en Perú, 92 por ciento desconfía de los jueces; en Brasil, un 79 por ciento no tiene confianza en el sistema judicial".

Durante gran parte de este siglo, la trágica situación de las cortes en América Latina fue eclipsada por los profundos conflictos ideológicos y las dictaduras militares que padeció la región. Pero en años recientes, a medida que la democracia se fue afianzando, el poder judicial se convirtió en blanco de un incesante escrutinio público. Eso se debe en parte a que las reglas del juego han cambiado. Las disputas políticas que solían negociarse y resolverse a puertas cerradas entre las élites se ventilan ahora en las cortes. Armadas con la ratificación de tratados que amparan una definición más amplia de los derechos humanos, miles de personas reclaman reparaciones por injusticias que, en algunos casos, ni siquiera figuran en el código penal de sus propios países.

Esta avalancha de litigios, descargada sobre sistemas judiciales ya abrumados y vulnerables a las presiones, ha provocado crisis institucionales en varios países. Casi sin excepción, los gobiernos latinoamericanos están asediados por reclamos en favor de reformar los tribunales. Numerosos programas de reforma se han puesto en marcha, pero lograr progresos ha resultado ser extraordinariamente difícil.

¿Por qué es tan difícil reformar las cortes? ¿Cuáles son los orígenes de esta crisis? ¿Se podrá restablecer la confianza en el poder judicial? Este suplemento especial examina el caso de El Salvador, un país que ha emprendido uno de los proyectos más radicales en la región para conseguir que la justicia funcione.