En toda América Latina y el Caribe, la reforma del sistema judicial se ha convertido en el tema del momento. Pero es más que una moda; es un esfuerzo indispensable para establecer el estado de derecho y consolidar el sistema democrático. Esto, a su vez, es fundamental para el funcionamiento eficiente de los mercados y el crecimiento económico con equidad. Sin estado de derecho no puede existir un estado eficaz; sin un estado eficaz no puede haber un mercado eficiente y sin mercado eficiente no puede lograrse un crecimiento sostenido y equitativo. Por todas esas razones, la reforma judicial se ha convertido en un tema crucial para el desarrollo.
Los latinoamericanos esperan ahora que sus sistemas judiciales contribuyan a frenar el delito y la violencia, garanticen los derechos humanos y civiles, protejan la propiedad y obliguen al cumplimiento de contratos comerciales. Además, los ciudadanos no son los únicos que están recurriendo a las cortes de sus países. Tras la ola de inversiones extranjeras, cada día más litigantes foráneos ponen a prueba las garantías legales de la región.
Desdichadamente, los sistemas judiciales de muchos países latinoamericanos no han podido responder a esa demanda sin precedentes de servicios. Por ello, numerosos gobiernos están tratando de reformar sus sistemas judiciales.
Este número de BIDAmérica ausculta el proceso de reforma judicial en El Salvador, donde tras más de una década de esfuerzos comienza a haber resultados.
La reforma salvadoreña es una de las más amplias emprendidas en América Latina. El país centroamericano ha renovado sus códigos en materia penal, familiar y de menores. Asimismo, ha modificado sus procedimientos, reemplazando los escritos por los juicios orales en donde preponderan los fiscales y los defensores. Además, El Salvador ha tomado medidas decisivas para asegurar la independencia de los jueces y mejorar la capacidad profesional de los funcionarios judiciales.
Como demuestra el informe especial de este número, la experiencia salvadoreña prueba que hasta un país pequeño con un poder judicial muy débil puede hacer enormes progresos en poco tiempo. Muestra también que las reformas profundas requieren amplio apoyo político y una cuidadosa creación de consenso entre los sectores interesados, dentro y fuera del gobierno.
El Salvador nos muestra que una reforma duradera exige importantes inversiones en capacitación, no sólo de los jueces, sino también de fiscales, defensores públicos y abogados que deben aprender a actuar dentro de un nuevo sistema. Esto puede ser muy caro. El Salvador tuvo apoyo de donantes internacionales que reforzaron los considerables recursos propios que le dedicó su gobierno a la reforma del poder judicial. Recientemente, el BID aprobó un préstamo de 23 millones de dólares para contribuir a financiarla.
Los salvadoreños han demostrado su voluntad de enfrentar problemas enraizados: encararon el tema de la independencia judicial cambiando sus métodos para nombrar y promover jueces y para asignar presupuestos suficientes para el funcionamiento de las cortes.
El Salvador aún enfrenta enormes desafíos. La violencia y el delito alcanzan índices escalofriantes entre sus jóvenes. En gran parte, esta es una secuela de su larga guerra civil; aunque los combatientes abandonaron las armas al implementarse los Acuerdos de Paz de 1993, muchos de ellos se habían formado en la violencia, sin educación u oficio alguno. Por eso, la reforma de la justicia de menores es la esencia del programa judicial. Un proyecto subsecuente apuntalará la prevención del delito. Mediante estas iniciativas, el gobierno salvadoreño procura mejorar la seguridad pública y rehabilitar a los delincuentes menores de edad para que vivan una vida productiva como adultos.
El interés en la reforma judicial sigue aumentando. De hecho, 11 de los países miembros del BID están usando préstamos del Banco para financiar programas en ese sector. Para quienes están emprendiendo esa ardua labor, el esfuerzo pionero de El Salvador para que la justicia funcione debería servir tanto de lección como de inspiración.

—La autora es especialista de la
División Estado y Sociedad Civil del BID.