Si bien las metas que persigue la región son claras, el sendero no es recto. Los asuntos de los pueblos indígenas suelen ser controversiales, enmarañados en la historia y la política. Por citar un ejemplo, los acuerdos de paz que pusieron fin a 36 años de guerra civil en Guatemala generaron una cantidad de conquistas para los indios, entre ellas una disposición que puso en marcha un proceso que permitirá a los pueblos de origen maya administrar justicia de acuerdo a sus propias tradiciones. Sin embargo, pocos años más tarde, una mayoría de votantes guatemaltecos rechazó en un referendo ciertas reformas constitucionales que hubiesen otorgado a los mayas una amplia gama de derechos adicionales.

El presidente del Fondo Indígena, Víctor Hugo Cárdenas, mantiene el optimismo de que los pueblos nativos podrán seguir beneficiándose gracias al creciente número de reformas constitucionales y legales que se producen en varios países de la región. Esta es una breve reseña de dichos cambios:

* Reformas constitucionales aprobadas en Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Paraguay reconocen el carácter multicultural de dichos países. Estos principios comienzan a tomar forma de leyes, decretos y resoluciones.

* En Bolivia, Guatemala y Colombia las reformas reconocen los sistemas judiciales indígenas y los derechos de las comunidades nativas a administrar justicia bajo ciertas condiciones.

* Enmiendas constitucionales que fortalecen los derechos de los pueblos indígenas para explotar recursos naturales como los bosques y el agua.

* Una mayoría de los países con grandes poblaciones indígenas ahora reconocen a los idiomas nativos y promueven la educación bilingüe.

* En Bolivia, Ecuador y Perú las relaciones entre las comunidades indígenas y el gobierno se manejan a nivel ministerial.

* En Guatemala y Chile se han creado corporaciones y fondos especiales para promover el desarrollo de los pueblos indígenas. Algunos países han designado defensores públicos que velan por los derechos de los nativos.

* En Bolivia y Colombia el proceso de descentralización administrativa ha incluido transferencias de recursos a las jurisdicciones locales, que en muchos casos son administrados por indígenas.

En teoría, estos cambios suenan alentadores. Pero Cárdenas señala que su implementación, caso por caso, e incluso persona por persona, puede resultar de otro modo. Las burocracias son reacias a los cambios, y las actitudes paternalistas y discriminatorias tardan en desaparecer, apunta. Es más, los recursos para el desarrollo rural y los programas sociales son manifiestamente escasos para resolver el urgente problema de la pobreza. Y agrega: "En América Latina la mayoría de los pobres son indígenas. Resolver este problema es un severo desafío para los sistemas democráticos de la región".