Con un pie en el campo y el otro en la ciudad, la urbanización de El Alto refleja las oportunidades y los problemas que enfrentan los indígenas actualmente.

La ruta conduce al vasto altiplano, perdido en el tiempo, con sus pequeñas comunidades aymara de muros de adobe, sus rebaños de llamas y ovejas y sus sembradíos de papas.

Pero antes de llegar al campo abierto, el viajero debe pasar por El Alto. Más que un suburbio, pero menos que una ciudad, este activo paraje urbano no es ni bonito ni seguro. Pero al caminar por sus desparejas veredas, al conocer a sus residentes, al escuchar la mezcla de lenguas y acentos, se puede comenzar a entender lo que significa ser un indio en las postrimerías del siglo XX en los Andes. En estos vecindarios de edificios sin revoque y calles llenas de baches se topan dos mundos, el metropolitano y el tradicional. De toda Bolivia, desde el lago Titicaca al norte hasta Tarija en el sur, desde valles y montañas, llegan indígenas a El Alto en busca de una vida mejor.

Hace dos décadas, El Alto era sólo un puñado de comercios apiñados cerca del aeropuerto paceño. En tan sólo 10 años la población creció a 200.000 personas. Ahora tiene 700.000 habitantes y sigue creciendo a una tasa anual del 12 por ciento.

El Alto representa también un singular fenómeno social. Hay de todo, desde delito y contrabando hasta oportunidades e iniciativa. Tras sus altos muros se puede oir el silbido de sopletes, el zumbido de máquinas de coser y el golpeteo de metal contra metal. Casi 70 por ciento de los residentes de El Alto provienen del campo y alrededor de 80 por ciento de ellos hablan un lenguaje indígena, principalmente el aymara, además del español. Aunque son pobres, son muy emprendedores y gran parte de ellos trabajan por cuenta propia.

Mucha de la gente que vive en El Alto se mantiene en contacto con sus comunidades de origen. Tomasita Apaza una vendedora ambulante que recibe pequeños créditos por medio de un programa que financia el BID, suele visitar su pueblo natal en ocasión de alguna celebración, para ponerse al día con las novedades de su familia y aprovisionarse de papas frescas. Pero El Alto es su hogar, el lugar donde espera que sus hijos prosperen.

¿Cuál es el significado de El Alto? ¿Es una avanzada de la globalización, donde la gente cambia su cultura de origen por una nueva identidad homogeneizada? ¿O será un laboratorio experimental, donde la gente forjará nuevos modelos de desarrollo social y económico inspirados en sus culturas y tradiciones milenarias?

Tiempo atrás, la respuesta ciertamente hubiera sido que se trata de un proceso de asimilación. Pero en la Bolivia actual, la gente tiene opciones. Su nueva constitución reconoce que la sociedad boliviana es multiétnica y multicultural, y que los indígenas tienen derechos lingüísticos y culturales específicos. En esencia, Bolivia ha llegado a la conclusión de que la nacionalidad y el desarrollo son compatibles con la preservación de la identidad étnica y cultural.

Convertir estos nobles ideales en medidas concretas es el objetivo de las leyes y reformas que los bolivianos han implementado en los últimos años. La pieza central de esa obra es la ambiciosa reforma educativa que se describe en las páginas siguientes. Entre otros detalles incluye programas de educación bilingüe y multicultural, que revierte viejas políticas que apuntaban a suprimir las lenguas indígenas y prohibían su uso en las escuelas. Asimismo, la reforma pone en manos de las comunidades locales gran parte de la responsabilidad de dirigir las escuelas.

Bolivia, junto con otros países latinoamericanos, ha descentralizado las operaciones del gobierno. Sus alcaldes son electos por las comunidades, en lugar de ser designados por el gobierno central. Son funcionarios locales quienes toman las decisiones concernientes a prioridades y asignaciones de recursos. Las comunidades indígenas y rurales administran más de un tercio de las 311 municipalidades de Bolivia. En un período de tres años, esas municipalidades han ejecutado unas 20.000 iniciativas, incluyendo la provisión de medicinas y materiales docentes, obras de construcción y tendido de caminos, y otros proyectos de infraestructura básica. En 1997, 75 por ciento de la inversión pública en Bolivia fue administrada a nivel municipal.

Por otra parte, Bolivia ha puesto en vigencia nueva legislación en cuanto a la propiedad de la tierra, a fin de frenar el proceso de división de tierras en parcelas cada vez más pequeñas. Las comunidades indígenas están recibiendo títulos de propiedad colectiva.

En el pasado se solía críticar cualquier reconocimiento de derechos específicos a los pueblos indígenas alegando que se amenazaba al estado y se debilitaba el tejido social de la nación. El ex vicepresidente boliviano Víctor Hugo Cárdenas, un aymara, sostiene que la gran mayoría de su gente simplemente aspira a lo que describe como "una coexistencia armónica". Desean participar en el desarrollo de la nación, asegura. "Salvo algunos elementos radicales, los pueblos indígenas ven su desarrollo como una parte del desarrollo nacional, dentro de los objetivos amplios de sus propias comunidades".

Roger Hamilton es el autor de los textos y fotos de este informe especial de BIDAmérica, salvo donde se indica lo contrario.