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Desde los tiempos de Colón, los indígenas han intentado todo lo posible por proteger sus derechos. Pero sólo con la
creación del Fondo Indígena, en 1992, los pueblos nativos de América Latina y el Caribe finalmente consiguieron contar con
una organización propia que además goza del respaldo de los gobiernos de la región y de la comunidad internacional.
Dirigentes indígenas y donantes revisan proyectos tras la Asamblea general del Fondo Indígena celebrado en 1995 en
Santa Cruz, Bolivia
El fondo se ha convertido en un motor para mejorar las condiciones de vida de los indígenas en toda la región. Buena
parte de su éxito se debe a los principios que lo inspiraron, sostiene la antropóloga Anne Deruyttere, jefa de la Unidad de
Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario del BID, quien trabajó con el gobierno de Bolivia para establecer la nueva
institución. En primer lugar, explica Deruyttere, el fondo es una entidad tripartita formada por indígenas, gobiernos
latinoamericanos y gobiernos extrarregionales. Sus beneficiarios participan directamente en su conducción. Su autoridad
suprema es una asamblea general compuesta de representantes de pueblos indígenas y de gobiernos de los países miembros. Su
junta directiva está integrada por seis representantes de pueblos indígenas, tres de gobiernos latinoamericanos y tres de
gobiernos extrarregionales. El segundo principio es que el fondo emprende actividades a pedido de los eventuales
beneficiarios. Tercero, su papel catalítico le permite ejecutar sus programas con un plantel de apenas seis profesionales desde el
secretariado técnico en La Paz. El financiamiento necesario para poner en marcha al fondo fue proporcionado por el BID
y otras instituciones. En 1997, durante la segunda Asamblea General del Fondo Indígena, celebrada en La Paz, se decidió que
era necesario establecer una base patrimonial para asegurar su viabilidad a largo plazo. Se fijó un objetivo de 100 millones de
dólares y hasta ahora se han recibido compromisos por 36,5 millones de dólares. Además, se recibieron donaciones del BID, de
la Agencia Española para la Cooperación Internacional, de la agencia alemana para el desarrollo GTZ, del gobierno de Bélgica,
de la Comunidad Europea y del Banco Mundial, entre otros organismos, para financiar programas de capacitación, seminarios,
proyectos y otras actividades. Francia ha establecido una cuenta de 2 millones de dólares en el BID para financiar proyectos que
proponga o apoye el Fondo Indígena.
Iniciativas de base. Las actividades del fondo caen básicamente en dos
categorías. Por un lado actúa como catalizador en la promoción de proyectos, el fortalecimiento de instituciones y la búsqueda de
donantes. Por otro lado funciona como foro para la discusión y resolución de conflictos.
Las ideas para proyectos se
originan en las propias comunidades indígenas. "No estamos buscando proyectos que meramente ayuden a los indígenas",
explica Víctor Hugo Cárdenas, ex-vicepresidente de Bolivia y presidente saliente del fondo. "Los proyectos deben ser
concebidos por la propia gente". En lugar de financiar el proyecto directamente, el fondo generalmente financia la
preparación de una propuesta del proyecto y ayuda a sus potenciales beneficiarios a procurar recursos en otras fuentes. En la
actualidad tiene unos 300 proyectos en cartera. Uno de los principales objetivos del fondo es ayudar a las
comunidades indígenas a ejecutar proyectos de demarcación de tierras y la obtención de títulos de propiedad. La propiedad de
la tierra es considerada un requisito básico para la seguridad cultural y el desarrollo económico a largo plazo. El fondo
ha ayudado a organizaciones indígenas en los valles bolivianos a preparar las propuestas legales y negociar la demarcación de
casi 4 millones de hectáreas. Como resultado de iniciativas emprendidas directamente por organizaciones indígenas, otras 10
millones de hectáreas reclamadas por 16 comunidades están en proceso de legalización. El trabajo de demarcación es complejo,
tanto técnica como legalmente. Las propuestas presentadas por las comunidades deben ser examinadas muy cuidadosamente.
Cárdenas recuerda el caso de una comunidad que planteó un reclamo territorial cuyos límites hubieran incluido una gran
porción del Atlántico Sur. El fondo también desempeñó un papel destacado en las negociaciones de la reforma
constitucional en Ecuador, donde contribuyó a lograr un consenso entre partidos políticos, grupos indígenas, el gobierno, las
organizaciones no gubernamentales y la Iglesia. Otros proyectos han incluido apoyo a la educación bilingüe en
Guatemala, Brasil, Ecuador y Bolivia, un programa andino de educación bilingüe y multicultural, una iniciativa boliviana para
producir cerámicas para exportación, proyectos productivos en México, un programa de desarrollo comunitario orientado a la
juventud y apoyo a una red de líderes religiosos indígenas (ver artículo "Espiritualidad para un mundo moderno").
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