Famosa por representar la ultima brecha en la Carretera Panamericana entre Alaska y Tierra del Fuego, la remota provincia panameña del Darién podría pronto adquirir otra distinción."Lo que hacemos en el Darién será un modelo para toda América Latina", afirmó el presidente del BID, Enrique V. Iglesias, en una reunión celebrada en junio por una comisión asesora internacional que evalúa la preparación de un proyecto de desarrollo sostenible para la provincia. Este programa, que aguarda la aprobación final del Directorio Ejecutivo del BID este año, apunta a reconciliar la explotación económica y la preservación ambiental mediante un proceso sin precedentes de consultas y planeamiento comunitario. El Darién enfrenta problemas similares a los de muchas otras regiones donde el avance de los asentamientos humanos amenaza a ecosistemas irremplazables (ver el Informe Especial en este número). Aquí, donde la flora y la fauna de dos masas terrestres se encontraron hace 2,5 millones de años, vive un gran número de especies únicas. Reconociendo el valor de la región para la biodiversidad, en 1981 la unesco declaró al Parque Nacional del Darién como un legado internacional. Dos años más tarde lo declaró Reserva de la Humanidad y la Biósfera. El Darién, la provincia más grande de Panamá, tiene también los mayores índices de pobreza del país y su tasa más elevada de deforestación. Gran parte del problema radica en el crecimiento de la población (al ritmo de 4,5 por ciento al año, la más alta de Panamá) que en 20 años ha triplicado el número de habitantes hasta llegar a los 60.000. La llegada de nuevos residentes provocó conflictos entre los tres grandes grupos: los indígenas, la declinante población afrolatina y el creciente número de colonos latinos. Exacerba el problema la pobreza general del suelo en la selva húmeda. Sólo siete por ciento de la superficie de la provincia es apta para la agricultura, pero casi tres veces más está bajo cultivo. Cuando los colonos agotan una parcela, se mueven a otra, a veces en áreas que las comunidades indígenas consideran propias. Tampoco faltan roces entre terratenientes y campesinos. Aunque 41 por ciento del territorio de la provincia está bajo alguna forma de protección y los territorios indígenas ocupan otro 26 por ciento, los límites no están bien demarcados y a menudo se los ignora. El proyecto financiado por el BID lidiará con esos problemas poniendo orden en lo que ahora es un proceso caótico de explotación económica. Contempla medidas para demarcar áreas protegidas y territorios indígenas y escriturar propiedades; la zonificación de uso de tierras y mejorar y diversificar la producción. Se están llevando a cabo estudios para basar el programa en fundamentos técnicos y científicos sólidos. "Nuestro objetivo es crear un equilibrio dinámico entre factores humanos, ecológicos y económicos", aseguró Helí Nessim, jefe del equipo del BID a cargo del proyecto. Un camino de doble filo. Los planes incluyen asimismo rehabilitar una ruta que llega hasta la localidad de Yaviza, a mitad de camino de la frontera con Colombia. Aunque una vía apta para circular todo el año acelerará el proceso de cambio, la mayoría de los habitantes del Darién están a favor de construirlo. "Queremos el camino", afirmó Narciso Pacheco, miembro del comité asesor y líder de la reserva indígena Emberá Wounaan. "Pero también queremos preservar lo que Dios nos dio".
La principal forma de lograr un desarrollo sostenible y ordenado en el Darién es consultar a todos los grupos afectados, un proceso que se está llevando a cabo en mayor escala que en proyectos previos del BID. Los resultados de 45 reuniones de consulta celebradas en toda la provincia están siendo analizados y unas 60 propuestas de los participantes están bajo consideración para ser incluidas en el proyecto. Entretanto, el comité asesor se reunió tres veces antes de junio. Sus miembros incluyen representantes de la organización ambientalista Nature Conservancy y el Instituto Smithsoniano de Estados Unidos, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Comisión Centroamericana sobre Desarrollo y Medio Ambiente. Los miembros panameños representan al gobierno, la iglesia católica, ONG y comunidades indígenas. Asimismo han sido consultadas varias ONG internacionales. Aunque quienes trabajan en el proyecto son optimistas, no dejan de ser realistas. "Hagamos lo que hagamos siempre habrá conflictos", predijo Hugo Guiraud, miembro del comité asesor y representante especial del presidente de Panamá en el Darién. "Más que en incentivos económicos, el proyecto debe estar basado en una legislación sólida y en una vigorosa unidad intergubernamental que lo implemente", sostiene.
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