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Primer crédito de nueva estrategia
El Salvador






El directorio ejecutivo del BID aprobó en mayo una nueva estrategia para las operaciones del Banco en el sector agua y su primera aplicación a una operación de crédito.

El préstamo de 45,2 millones de dólares está orientado a promover un uso más eficiente de los recursos hídricos de El Salvador mediante una combinación de cambios institucionales y regulatorios e inversiones en infraestructura. Bajo el proyecto, el gobierno creará un ente autárquico encargado de asignar recursos hídricos para asegurar su debido aprovechamiento y conservación. Al mismo tiempo se establecerán un organismo regulador y un marco regulatorio para fijarles pautas a los servicios de agua y alcantarillado.

También se proveerá financiamiento para rehabilitar sistemas de agua potable y para contribuir a ejecutar un plan de descentralización administrativa y promover la participación del sector privado en estos servicios. Además, se harán inversiones en sistemas de agua corriente y alcantarillado que serán transferidos a comunidades rurales.

La nueva estrategia del BID estipula la inclusión de principios de manejo integrado de recursos hídricos en las operaciones del Banco vinculadas con agua. En el futuro, el Banco hará inversiones en el sector hídrico como parte de una amplia estrategia de gestión que tenga en cuenta el valor social, económico y ambiental de ese recurso. La nueva estrategia insta a la participación de las comunidades afectadas en decisiones que conciernan a la administración de agua.

Este nuevo financiamiento del BID llega en un momento crucial para El Salvador, el país latinoamericano de mayor densidad de población. Casi dos tercios del agua que utiliza para irrigación, generación de energía y consumo hogareño proviene de la cuenca del río Lempa. Estudios efectuados indican que 90 por ciento del agua de superficie del país está contaminada y debería ser tratada para el consumo humano.

Junto con el préstamo, el Fondo Multilateral de Inversiones que administra el BID aprobó una donación de 2,4 millones de dólares para acelerar el proceso de descentralización, la reestructuración gerencial y el establecimiento del nuevo ente regulador y el marco regulatorio.



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