Por OLIVER CLARKE

Un componente básico de una sociedad libre es la libre expresión de diferentes puntos de vista sobre temas de importancia en diarios, revistas, radio y televisión. Gracias al ocaso del autoritarismo y a la propagación de la democracia, América Latina y el Caribe han disfrutado en estos últimos años un aumento en dicha diversidad.

Las encuestas muestran que los medios noticiosos, junto con la Iglesia, figuran entre las instituciones más respetadas de la región. Pero ese papel tan destacado está amenazado por el estremecedor número de asesinatos de periodistas. Datos compilados por la SIP muestran que entre octubre de 1994 y junio de 1998 fueron asesinados 51 periodistas en la región.

Las estadísticas de la SIP indican asimismo una cantidad igualmente alarmante de secuestros: 66 casos en los últimos nueve años. El problema es especialmente serio en Colombia, México y Perú. Más aún, 1.586 periodistas padecieron agresiones durante el mismo período.

Aunque las constituciones de virtualmente todos los países de la región garantizan explícitamente la libertad de prensa, la protección legal en muchos países continúa siendo débil. Con demasiada frecuencia, autoridades policiales y tribunales digitados políticamente ni investigan ni toman acciones judiciales adecuadas en casos de delitos cometidos contra periodistas.

En base a esas estadísticas, la SIP lanzó en 1995 un proyecto para investigar "crímenes cometidos con impunidad" en un intento por impedir que los delitos queden impunes. La investigación se concentró en Colombia, Guatemala y México. La segunda etapa del proyecto fue una conferencia hemisférica realizada en Guatemala en 1997, de la que surgió un plan de acción. El plan fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que exhortó a los países miembros a asegurar que los crímenes contra periodistas serán castigados.

Posteriormente, los casos investigados por la SIP en Colombia, México y Guatemala fueron aceptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos y el director general de la UNESCO pidió nombrar un relator especial para la libertad de prensa. En abril de 1998 la OEA acordó nombrar tal relator. Establecido dentro de la CIDH, estará a cargo de promover el cumplimiento de las leyes que protegen la libertad de expresión.

Asimismo, la Asamblea General de la OEA, en su reunión anual realizada en junio en Caracas, repudió "enérgicamente" los ataques contra periodistas e instó a sus miembros a castigar esos actos criminales.

El proyecto de la SIP fue desarrollado en el marco de los 10 principios que contiene la Declaración de Chapultepec, aprobada durante la conferencia que congregó a influyentes personalidades del hemisferio en Ciudad de México, en 1994. La declaración sostiene que la libertad de expresión es un derecho inalienable y no un privilegio que confieren las autoridades. Desde entonces, una gran mayoría de los jefes de Estado de la región la han refrendado, junto con entidades cívicas y profesionales.

En un esfuerzo por promover la Declaración de Chapultepec, la SIP coordinará en agosto en Costa Rica una conferencia sobre la libertad de expresión para reafirmar y ratificar los 10 principios y dar los primeros pasos hacia incorporar el espíritu de la declaración en el marco legal de una convención americana de libertad de prensa. La conferencia discutirá asimismo un programa de protección legal a implantarse en los próximos cinco años en todos los países de la región.

Esperamos que todas estas medidas, junto con el propósito de la SIP de velar por la libertad de prensa, sumen dignidad y seguridad al respeto que ya gozan los periodistas del hemisferio.