El efecto fue impactante y, muchos creen, irreversible. Tras décadas de virtual dependencia de la generosidad federal y de tener sólo autoridad marginal sobre decisiones locales, las autoridades municipales se encontraron súbitamente con un 20 por ciento de la recaudación impositiva nacional en su poder para asumir responsabilidad total por la infraestructura en las áreas de salud, educación, cultura, deportes, caminos e irrigación.

Aunque es prematuro calibrar el impacto total de este cambio, Judith A.Moe, una analista canadiense de políticas públicas y consultora del BID, ofreció un seminario en la sede del BID sobre los éxitos y retos que las dos leyes han generado.

Uno de los efectos positivos más inmediatos ha sido forzar una distribución más equitativa de los ingresos del gobierno. Antes de que se adoptaran las dos leyes, un 91 por ciento de los llamados fondos de "coparticipación" (la recaudación impositiva nacional destinada a gastos locales) iba a las zonas metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que tienen influencias políticas, mientras que el resto del país recibía sólo el 9 por ciento. Los porcentajes son ahora 68 y 32 por ciento, respectivamente.

En la mayoría de los casos, los nuevos recursos han significado un alivio para municipalidades que por mucho tiempo habían procurado fondos para proyectos específicos de infraestructura. Pero muchas municipalidades más pequeñas se han atorado con la súbita infusión de fondos. Sin experiencia en gestión financiera, ni planes de desarrollo concebidos con cuidado, algunas comunidades han gastado en "vanidades" como parques o instalaciones deportivas, pasando por alto necesidades apremiantes en salud o educación. El reto ha sido adaptar los mecanismos de control financiero a una diversidad de condiciones locales y capacitar a funcionarios y trabajadores municipales.

El gobierno de Bolivia ha respondido expandiendo programas de capacitación de personal y ayudando a los gobiernos municipales a formular planes de desarrollo. Más recientemente, el gobierno ha instituido programas de cofinanciamiento como un incentivo, los que permiten a las municipalidades obtener fondos adicionales para un proyecto si pueden demostrar que complementa prioridades nacionales o regionales.